El GIEI y el Tribunal Permanente de los Pueblos

La Jornada

Gianni Tognoni*

La larga campaña de ataques desarrollada en contra de los trabajos y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humano, se ha caracterizado por sus objetivos de desprestigiar la metodología y la fiabilidad de su trabajo y por la absoluta ausencia de atención a los datos que reconstruyen los eventos dramáticos, hasta la fecha impunes, que habían motivado la necesidad urgente de nombrar a este grupo internacional independiente y competente por un organismo tan conocido por su autoridad moral y su trayectoria rigurosa.

Nos sentimos obligados y autorizados a tomar la palabra en cuanto representantes de otro organismo internacional, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que ha trabajado intensamente a lo largo de cuatro años, investigando (con el respaldo y la colaboración muy activa de un sinnúmero de grupos de ciudadanos y expertos de México) la extensión, las causas, las responsabilidades de las violaciones masivas de derechos humanos de las personas, las comunidades y pueblos del país. Uno de los miembros de la comisión que ha sufrido más ataques, Carlos Martín Beristain, es también integrante del TPP.

Los hechos investigados por el GIEI han coincidido con la fecha de una de las audiencias del TPP que, en su sesión final realizada en noviembre de 2014, escuchó también testimonios de la masacre de Ayotzinapa. Las evidencias presentadas han sido tan contundentes que el jurado del TPP decidió asumir lo que ocurrió a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa como resumen trágico y ejemplar de todos los hechos que el TPP había documentado y analizado mediante los datos, los informes y los testimonios recogidos; como pruebas fidedignas del carácter sistemático de las violaciones sufridas por el pueblo de México, durante las 10 audiencias temáticas dedicadas a todos los sectores afectados por la violencia en el país: trabajadores, mujeres, jóvenes, activistas y defensores de derechos humanos, maestros y educadores, periodistas y comunicadores, migrantes, soberanía alimentaria, comunidades indígenas y campesinas, medioambiente y salud.

Por eso declaró que “los días de esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más críticos en la vida de la sociedad mexicana.

La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la audiencia final del TPP-México. Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y la connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en la larga lista de violaciones a los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se está manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos.

Sin pretender retomar los detalles del texto de la sentencia final del TPP, es preciso recordar algunas de las afirmaciones más pertinentes del veredicto: El TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible, que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, la pobreza, la emigración, la violencia social y la desprotección, y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano en torno a objetivos de desarrollo.

No es difícil reconocer en estos escenarios de responsabilidades e impunidad una estrecha coincidencia con los resultados del trabajo del GIEI. La trayectoria del TPP y la competencia, autonomía y representatividad que la integran, así como la consistencia de sus conclusiones, son bien reconocidos y se han construido a lo largo de más de 40 sesiones, en las que se han investigado y juzgado algunas de las realidades más críticas y trágicas de la historia de los recientes 30 años.

La coincidencia de dos organismos internacionales independientes, tanto en las conclusiones como en la demanda de transparencia, que queda sin respuesta de las autoridades públicas, es una prueba más de un contexto de impunidad programada frente al cuadro de violaciones masivas de los derechos humanos en México. Y esa realidad no se puede modificar con campañas de desprestigio contra quienes la muestran en toda su extensión.

*Italiano, doctor en medicina y cirugía; es especialista internacional en políticas sanitarias. Desde su fundación en 1979, es secretario general del TPP. Dirige el Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri Sud, que realiza investigaciones independientes en los principales sectores de la medicina y en políticas de medicamento.