Silvia Ribeiro*
La Jotrnada
El asesinato de Berta
Cáceres el 3 de marzo, indígena lenca de Honduras, feminista,
coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras
(Copinh), activista ambiental y social premiada internacionalmente,
provocó horror, estupor y honda tristeza. En horas, la noticia se
desparramó por el mundo y despertó un tsunami de reacciones de
solidaridad y protesta, que sigue en aumento y que mostró al mundo no
sólo las razones y justicia de la lucha de Berta Cáceres y el Copinh
contra la represa Agua Zarca, también sacó a la luz muchos otros
atropellos contra comunidades y movimientos, dejando al descubierto el
régimen de abusos y represión que impera en Honduras, recrudecido a
partir del golpe de Estado en 2009.
El 15 de marzo fue asesinado otro miembro del Copinh, Nelson Noé
García. De 38 años, padre de cinco hijos, lo mataron hombres armados,
mientras apoyaba a víctimas de un desalojo en Río Chiquito.
El mismo día sujetos armados dispararon contra Cristian Mauricio
Alegría, de Vía Campesina Honduras, frente a su organización en
Tegucigalpa. Fue herido, pero sobrevivió. No es la primera vez que
atacan a balazos el local de Vía Campesina y varios de sus miembros
están amenazados de muerte.
Días antes de morir, Berta Cáceres declaró a Il Manifesto, Italia:
estamos en las manos del sicariato jurídico y armado. Nuestras vidas penden de un hilo. Esta frase terrible, que se confirmó de la peor manera, resume el entretejido de la llamada
legalidady los sicarios pagados para abrir paso a minas, represas y otros proyectos de las trasnacionales, que ven a Honduras como terreno abierto para cualquier despojo y atropello, con complacencia del gobierno y protegidos por su aparato jurídico. Qué más demostración de ello que la retención absurda y arbitraria de Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas, que estaba con Berta al momento del asesinato, fue herido pero lo dejaron creyéndolo muerto, y ha sido tratado como criminal en lugar de víctima, reteniéndolo por 30 días en Honduras, teniendo que ir a declarar al pueblo donde asesinaron a Berta, aunque por ser testigo, corre peligro de muerte.
En un comunicado del Copinh el 15 de marzo (www.copinh.org) titulado
¡Basta ya!, denuncian que después del asesinato de Berta Cáceres y por las múltiples amenazas recibidas –ella misma había denunciado el asesinato de otras tres personas en la región, por defender su territorio de proyectos que las comunidades nunca aprobaron– solicitaron medidas cautelares de protección, que les concedieron el 6 de marzo, pero a sólo nueve días de que el Estado supuestamente los está protegiendo, les asesinaron otro compañero.
El asesinato de Nelson García ocurrió durante el desalojo efectuado contra la comunidad de Río Chiquito, en el cual
aproximadamente 100 policías, 20 efectivos de la policía militar, 10 del ejército y varios de la DGIC invadieron el territorio recuperado por 150 familias, en el cual 75 habían construido sus casas con los materiales y esfuerzos que han podido obtener. Usaron tractores y maquinaria pesada para destruir las casas de madera, huertas y sembradíos, arrancaron milpas y plantíos de yuca y plátano, destruyeron el horno comunitario y mataron gallinas. El Copinh denuncia que autoridades municipales usan prestanombres para vender la tierra y justificar la fuerza pública para desalojarlos.
Denuncian también que son hostigados por el Estado llamándolos
a declarar como presuntos participantes en el asesinato de Berta
Cáceres pero no investigan las fuentes de las amenazas. El local del
Copihn en La Esperanza, pueblo donde la asesinaron, es vigilado por
desconocidos que tratan de intimidarlos, sin que eso motive ninguna
acción de seguridad. Las hijas de Berta y compañeras de la organización
han sido perseguidas por hombres armados cuando fueron a la capital para
encuentros con autoridades. Otros compañeros de Río Blanco –zona de la
represa Agua Zarca– han sufrido agresiones y persecuciones al salir de
hablar con las autoridades y en su región han sido atacados con armas
por los guardias de la represa.
Estas agresiones son pan cotidiano en Honduras, contra comunidades
indígenas, negras, campesinas y organizaciones sociales, ambientalistas,
de trabajadores. Con dolor y rabia por la muerte de Berta Cáceres,
símbolo de la lucha y la construcción entre movimientos, esta semana se
realizó una manifestación masiva con participantes de comunidades
lencas, garífunas, tolupanes, pech, organizaciones campesinas, urbanas y
muchos habitantes de la ciudad, exigiendo justicia y fin a la
criminalización de la lucha social en Honduras, justicia para Berta y
regreso a salvo para Gustavo Castro. Exigen la intervención de
organismos internacionales y especialmente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, para garantizar la independencia en la
investigación e identificar a los responsables. Demandan realizar
inmediatamente informes sobre persecución, agresiones y criminalización
contra comunidades indígenas, negras, campesinas, movimientos y
defensores de derechos humanos. Entre muchas acciones de solidaridad, la
Alianza por Biodiversidad en América Latina exigió justicia para Berta y
Nelson y retorno seguro para Gustavo Castro y solicitan al alto
comisionado de Naciones Unidas y al relator especial de ONU sobre la
situación de las y los defensores de derechos humanos, realizar
urgentemente una visita especial a Honduras, en vista de los gravísimos
atentados que no cesan. Se puede adherir a esta solicitud en http://goo.gl/bdxQo7.
En lugar de matar a Berta Cáceres la multiplicaron, haciendo llegar su voz y las de sus pueblos a todo el planeta.
*Investigadora del Grupo ETC
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