Zeid Ra’ad al Hussein *
Manifestante con una imagen de la activista hondureña Berta Cáceres. El
viernes, frente a la Secretaría de Recursos Naturales, decenas de
personas exigieron a Tegucigalpa justicia para la ambientalista, quien
fue ultimada el 3 de marzo en su domicilio. Representantes de
organizaciones ecologistas, políticas y sindicales de América y Europa
pidieron la integración de una misión internacional que indague la
ejecuciónFoto Ap
Poco después de la
medianoche del jueves 3 de marzo, Berta Cáceres, lideresa del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y
ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015, fue asesinada por hombres
armados en el domicilio de su hermano.
Berta Cáceres era una mujer de especial valentía y principios.
Encabezó la resistencia contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en
el río Gualcarque, que supuestamente se está construyendo sin el
consentimiento de las comunidades indígenas afectadas y amenaza con
interrumpir su forma de vida y acceso al agua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas
de protección a la señora Cáceres, que trabajaba muy de cerca con mi
oficina.
Menos de dos semanas más tarde, el pasado 15 de marzo, Nelson García,
otro miembro de Copinh, fue asesinado por hombres desconocidos después
de un desalojo forzoso llevado a cabo por fuerzas de seguridad en la
comunidad indígena lenca de Río Chiquito.
Los asesinatos de Cáceres y de García son sólo los más recientes en
una serie de muertes violentas de defensores de los derechos humanos
relacionados con conflictos de tierras y proyectos de desarrollo en
Honduras.
Éstos y otros asesinatos que se han producido en Honduras han
generado una condena global, y con razón. Sin duda alguna recae sobre el
gobierno la responsabilidad principal de investigar los hechos y llevar
a todos los autores de esos crímenes ante la justicia y controlar los
procesos de desarrollo que se llevan a cabo en el país.
Honduras es, supuestamente, el país más peligroso para ser activista
del medio ambiente. El gobierno debe hacer todo lo posible para romper
el círculo vicioso de violencia e impunidad.
Pero los financiadores internacionales de proyectos de desarrollo
también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos.
La represa de Agua Zarca está financiada por el banco nacional de
desarrollo holandés FMO, el Fondo Finlandés para la Cooperación
Industrial (Finnfund) y el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), entre otros.
FMO y Finnfund se han comprometido formalmente a respetar los
derechos humanos en relación con los proyectos que financian. Ambas
instituciones han condenado públicamente el asesinato de la señora
Cáceres y han demandado una investigación a fondo. Ambas han ofrecido
también información pública sobre su contribución y futuras acciones en
relación con el proyecto. Y el 16 de marzo, a raíz de las informaciones
sobre el asesinato de Nelson García, FMO decidió suspender todas sus
actividades en Honduras, pendiente de realizar consultas con las
comunidades aledañas a la represa de Agua Zarca y llevar a cabo una
investigación sobre todos los proyectos que apoya en el país.
Sin perjuicio de que las informaciones aportadas por FMO y Finnfund
deban ser verificadas, su actuación representa lo mínimo que cabría
esperarse de una institución financiera en una situación como esta. Me
gustaría instar al BCIE y al resto de las entidades que apoyan el
proyecto a que hagan lo mismo; también a que todos los bancos de
desarrollo lleven a cabo revisiones de riesgo de violaciones de derechos
humanos en Honduras y exijan debida diligencia en términos de derechos
humanos para el desarrollo de nuevos proyectos.
La producción de aceite de palma ha sido otra de las principales causas de conflicto social en Honduras.
El 23 de septiembre de 2012, Antonio Trejo, abogado del movimiento
campesino que lucha contra la usurpación de tierras para plantaciones de
palma africana, fue asesinado a tiros cuando salía de una iglesia en la
que asistía a una boda.
Al igual que en el caso de la señora Cáceres, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos había otorgado al señor Trejo medidas
de protección, sin ningún resultado.
Sólo durante el periodo 2012-2014 se reportaron 64 supuestos
asesinatos de miembros del movimiento campesino y defensores de derechos
humanos en la zona del Bajo Aguán. Tenían en común haberse opuesto a
las inversiones en el sector agroindustrial, respaldadas por la
Corporación Financiera Internacional, el Banco Alemán de Desarrollo y
otros financistas.
Los mecanismos de derechos humanos de la ONU habían llamado la
atención sobre el conflicto de tierras en el Bajo Aguán durante el
periodo previo a la inversión realizada por estas instituciones. Algunos
de éstos han intentado tomar medidas correctivas con posterioridad,
pero el remedio no sustituye la prevención.
Este tipo de problemas no son exclusivos de Honduras. El espacio de
la sociedad civil se ve amenazado por todas partes. Se han reportado
violaciones de los derechos humanos y de dejación de la diligencia
debida en el marco de proyectos de inversión apoyados por bancos de
desarrollo en países como Serbia, Paraguay, Uzbekistán, Etiopía, Kenia,
Camboya, Laos y Panamá, por citar sólo algunos ejemplos recientes.
¿Cómo podrían anticiparse y evitarse los riesgos para los derechos humanos?
El punto de partida debería ser un conjunto de políticas de
salvaguardia ambiental y social que establezcan claras exigencias en
relación con la diligencia debida que corresponde a las instituciones
financieras. Estas políticas de salvaguardia deberían basarse en el
compromiso explícito del prestamista de respetar las normas de derechos
humanos internacionalmente reconocidas, así como de poner en práctica
todas las medidas que sean necesarias para evitar que los proyectos que
financian puedan llevar a sus prestatarios a incumplir sus obligaciones
internacionales de ámbito social, ambiental o de derechos humanos.
Si el compromiso de respetar los derechos humanos no es claro y
explícito, y si no se establecen claramente cuáles son las consecuencias
de este compromiso para las operaciones de estas instituciones, éstas
nunca podrán evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales
adecuadamente. La calificación del riesgo del proyecto no será correcta,
no se realizarán los análisis pertinentes, no se llevarán a cabo
consultas con las personas indicadas y las medidas correctivas serán
insuficientes o se pondrán en marcha demasiado tarde, hacia el final del
ciclo del proyecto, cuando la influencia del prestamista ya es mínima.
En los últimos años, los principales bancos multilaterales de
desarrollo han adoptado o puesto al día sus políticas de salvaguardia
social y ambiental, y varias de estas políticas incluyen compromisos de
respetar los derechos humanos. Ochenta y tres bancos de todo el mundo se
han adherido a los Principios de Ecuador como medio para gestionar los
riesgos sociales, principios que incluyen también un compromiso expreso
con los derechos humanos.
No hay forma de traer de vuelta a Berta Cáceres, a Nelson García o a
Antonio Trejo, o a los muchos otros que han muerto en la defensa de los
más débiles.
El Estado es el principal responsable de los derechos humanos y debe
rendir cuentas. Pero al menos los que financian proyectos de desarrollo
deberán demostrar que toman en serio los riesgos para los derechos
humanos y que simplemente no son parte del problema.
* Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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