 Por Isabel Soto Mayedo*
Guatemala,
(PL) El panorama que rodea a niñas y niños en Guatemala es cada vez más
sombrío y ello refuerza la vulnerabilidad de ese sector. La falta de
políticas estatales orientadas a protegerlos, la caótica situación del
sistema de enseñanza, la dependencia de muchas familias del trabajo
informal y la pobreza, son sólo algunos de los factores que inciden de
modo negativo en el desarrollo de los menores de edad.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, Guatemala redujo la
pobreza al cinco por ciento a principios de este siglo, pero para 2015
los índices subieron hasta llegar al 53,7 por ciento.
Como
consecuencia, 68,2 por ciento de los niños y adolescentes habitan en
hogares pobres y 70,2 por ciento de los situados por debajo de los 10
años viven en la pobreza.
Esta situación es mucho más compleja
para los nacidos de madres indígenas, grupo de la población en el cual
cuatro de cada cinco personas están en pobreza extrema para un 39,8 por
ciento.
Guatemala mantiene un ritmo de crecimiento anual del
Producto Interno Bruto (PIB) superior al tres por ciento, mas sus
niveles de desigualdad rondan el 52,4 por ciento y eso lo coloca en el
segundo lugar de los afectados por el flagelo en la región, cuarto en el
continente y noveno a nivel mundial.
Ello conspira contra la
inserción escolar y expulsa cada año a cientos de niños de las aulas por
la urgencia de trabajar para agenciarse el sustento o colaborar con sus
familias.
Informes del Ministerio de Educación (Mineduc)
refieren que desde el 2011 hay una tendencia a la baja en la enseñanza
primaria hasta alcanzar cinco por ciento en 2015, situación que cuenta
como deserción escolar.
Exfuncionarios del sector asocian esto a
la falta de continuidad en la entrega de las transferencias
condicionadas o Bono de Educación, que desde 2007 motivaban a las
familias a mantener a sus hijos en las escuelas.
A esto se
añaden la casi nula inversión en materiales para la enseñanza, la falta
de maestros, los problemas en infraestructura, y otros factores.
Durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), junto a las
transferencias condicionadas, se eliminaron la gratuidad y la refacción o
merienda escolar.
Los efectos no se hicieron esperar: en 2015
la matrícula cayó a 81 puntos porcentuales, o sea, 19 niños de cada 100
fueron excluidos de la escuela primaria, denunció el extitular del
Mineduc Bienvenido Argueta (2008-2012).
Para el también
exdirector de Educación de la Universidad Rafael Landívar, "el país
sufrió un atraso de 16 años y esto solo puede ser considerado un
verdadero crimen educativo".
"Los responsables del Gobierno no
cumplieron con la obligación como señala la Constitución y violaron el
derecho que cada persona tiene a la educación", enfatizó y argumentó que
"el Estado condenó a un grupo de la niñez a continuar viviendo en
condiciones de marginación".
Lo más lamentable es que con ello
se obstaculizaron las condiciones de desarrollo, porque la educación
significa crear oportunidades de empleo, salud preventiva, protección
ambiental, participación cívica y democrática, convivencia pacífica y
realización de proyectos de vida, reflexionó.
"Si no se hace
algo para que la gente más pobre acceda a la educación, los efectos
serán catastróficos a mediano y a largo plazo", remarcó.
MALTRATO INFANTIL
Paralelo
a esto otras cuestiones motivan la preocupación en torno a la infancia y
una de las más graves es el maltrato en todos los órdenes.
"Ya
no existen espacios seguros para este grupo de la población en el país:
buena parte de los hechos de violencia en los ámbitos urbano y rural
inciden hasta en bebés recién nacidos, sin diferencias por origen étnico
o condiciones socioeconómicas", hizo notar el Movimiento Social por los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
"El hogar,
presunto espacio ideal de protección, derivó en espacio de riesgo donde
niñas, niños y adolescentes son agredidos física, emocional, negligente y
sexualmente, principalmente por parte de familiares o personas cercanas
a la familia", destacó.
Mencionó, además, que la violencia
prevalece en instituciones que fueron creadas para protegerlos y con el
tiempo se convirtieron en espacios para pagar deudas políticas.
En esas instalaciones son reiterados los casos de agresiones de
empleados sin la debida preparación profesional para contribuir al
desarrollo integral de los infantes, denunció la agrupación y relacionó
ese hecho con la violencia que prevalece en la sociedad.
Todo
esto tiende al incremento por la existencia de un Estado ausente,
negligente e indiferente que estigmatiza y excluye sobre todo a los
adolescentes, al culparlos de la criminalidad y otros problemas del
país, cuestionó.
En Guatemala cuesta poco tiempo constatar que
muchas niñas y niños andan por las calles en horarios en los cuales
supuestamente debían estar en las escuelas, y hasta en las noches, sea
colaborando con sus padres en cualquier actividad que aporte al sustento
o simplemente vagando.
De tal suerte buena parte presencia
actos de violencia casi cotidianos, incluso escenas grotescas de
crímenes perpetrados delante de ellos contra extraños o conocidos, sin
recibir la ayuda psicológica correspondiente.
Con ese telón de
fondo es comprensible que la niñez devenga lo mismo afectada que parte
de la violencia circundante, mientras enfrenta el riesgo permanente de
padecer trastornos psicológicos, como la falta de concentración, los
problemas de memoria, las relaciones de ansiedad con sus cuidadores o
los comportamientos agresivos.
ABUSO, UNA CONSTANTE TOLERADA
Estudios
auspiciados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
demostraron científicamente que en este país y en el resto de la región
el maltrato infantil, en sus distintas manifestaciones, es una constante
tolerada por buena parte de la población adulta.
La
permisividad en ese orden prevalece de manera particular en lo tocante a
la explotación sexual comercial, a pesar de que casi toda la ciudadanía
es consciente de que se trata de un delito penado por la ley.
De acuerdo con el proyecto Contribución a la prevención y eliminación de
la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, 95 por ciento de ocho mil
personas en esta área aceptó que la explotación sexual comercial es
condenable.
Pese a eso, uno de cada cuatro admitió que no haría
nada por denunciarlo y más bien culparon de las violaciones sexuales y
del abuso con fines comerciales a las víctimas, por lo general
adolescentes de familias de escasos recursos.
La mirada
condenatoria a las supuestas "provocadoras" y a los varones que andan
"sueltos por las calles", predomina, corroboró la indagatoria.
Si bien 60 por ciento imputó de estos delitos a las víctimas, 61 por
ciento atribuyó a las familias la cuota mayor de responsabilidad en esos
casos.
Participantes en la investigación mostraron su alarma
por los resultados de la misma, fiel reflejo de que las personas casi
nunca asocian al cliente explotador con las causas de la explotación
sexual comercial y lo peor, que continúan sin interiorizar que esta
situación es intolerable e inadmisible.
Igual visualizaron que,
al unísono, los infantes enfrentan la recurrencia de los mayores de edad
a métodos presuntamente educativos signados por la violencia, tanto
física como sicológica.
Con base en esas lógicas patriarcales de
pensamiento los abusos de índole sexual continúan a la orden del día y
Guatemala tampoco escapa de esto.
En 2015 el Instituto Nacional
de Ciencias Forenses (Inacif) reportó cinco mil 98 menores abusados
sexualmente en este país, de los cuales 80 por ciento fueron víctimas de
violaciones cometidas por adultos con algún grado de parentesco o
amigos de las familias.
MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL
Pese
a este panorama tan controversial, el 13 de marzo de 2016 pasó de largo
sin que pocos repararan en que debía celebrarse el Día Nacional de la
No Violencia contra la Niñez, en virtud de lo decretado por el Congreso
de la República el 4 de mayo de 2005.
En esa jornada, destinada a
visualizar los problemas que aquejan a los infantes en este territorio
centroamericano, faltaron las actividades estatales orientadas a tratar
estos fenómenos y ni la prensa reparó en ellos.
Poco antes, al
anunciar el programa Gobiernos Escolares, el presidente Jimmy Morales
declaró que la educación y la salud son prioritarios en su
administración, más acotó que "las mejoras se verán en 20 años".
"Por primera vez se hicieron los traslados de fondos a tiempo al
Ministerio de Educación, antes se hacían hasta mediados de año", afirmó
gozoso y puntualizó que esos recursos fueron designados a la refacción
estudiantil, tema de gratuidad, útiles y valija didáctica.
"Un
pueblo sano y educado prospera, siempre lo he pensado, lo digo y no me
cansare de decirlo, y en ese rumbo nos estamos dirigiendo", aseguró
Morales, alrededor de cuya gestión sobran las críticas en tanto el
porvenir de la nación continúa amenazado y la desatención a la niñez
vaticina la recirculación del ciclo de pobreza.
*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala |
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