Operación Colombo
El
24 de julio se cumplieron 40 años de la publicación de la “Lista de los
119” en diversos medios nacionales. Respecto a las víctimas que en ella
se incluyen, la impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la
sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los
criminales. La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la
detención de Pinochet en Londres, iniciándose la investigación del
montaje que la Dina, el servicio secreto de Pinochet, denominó
“Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a
todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio
social y militante del MIR, Jacqueline Binfa, aplicando la total
prescripción de los delitos.
“Exterminados como ratones”, tituló La Segunda
el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19
mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y cien hombres,
todos luchadores antidictatoriales. La mayoría eran menores de 30 años.
Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos,
amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales,
periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros
de Villa Francia, la población José María Caro, de La Legua, La
Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, La
Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y
Longaví. La mayoría militaba en el MIR, pero también había comunistas,
socialistas, del Mapu o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron
por última vez en centros de tortura en Londres 38, Villa Grimaldi, la
Venda Sexy o Cuatro Alamos.
Los medios chilenos en dictadura
habían encubierto los crímenes “informando”, en grandes titulares, que
ellos habían muerto en el exterior, producto de rencillas internas.
Reprodujeron notas de Lea y O Dia , revistas creadas
para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de
Alvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de
Operaciones Sicológicas de la Dina, quien firmaba como “Alexis” en la
prensa mercurial. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún
procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron
parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue
interrogado, en 2013, por el ministro Mario Carroza a raíz de la
querella interpuesta ese año por miembros del Colectivo 119 contra
Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards
fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida
por el Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados
a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.
PRISION EFECTIVA CON PENSIONES
Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y
en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia
dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las
desapariciones. Sólo diez criminales cumplen sentencia efectiva en los
29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel
Contreras (ex director de la Dina); Marcelo Moren Brito (ex jefe de
Villa Grimaldi); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón); Manuel
Carevic (Agrupación Purén); Pedro Espinoza (ex jefe Dina); Francisco
Ferrer (ex jefe Dine); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl
Iturriaga (ex jefe sección exterior Dina); Orlando Manzo (ex jefe de
Cuatro Alamos); y Basclay Zapata (integrante de Halcón). Los diez
continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado
militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la
mayoría de los chilenos.
Es turbulento el marco de los 40
años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones
ha puesto en libertad al autor material del caso Degollados, Alejandro
Sáez, condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por
familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos,
podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido
que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel
Krassnoff, que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén
libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence
y Rubén Fiedler están prófugos, eludiendo el cumplimiento de sus
sentencias.
El persistente trabajo de rescate de la memoria y
de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119
impide, sin embargo, que a la impunidad se sume el olvido. Surgen
diversas iniciativas artísticas y académicas: en la Universidad de
Chile se abrió un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los
Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó
en 2013 un documental ( 119 esperanzas , de Luis Parra). En
Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de
Cristián Kirby “119”, no acogida en Chile como proyecto; hay un libro
de reportajes ( 119 de nosotros ), y tesis de grado, y en el Museo de la Memoria se expone “Hilos de Ausencia” durante 119 días.
LA MEDIA PRESCRIPCION
En diez fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio
de 2007 la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a los
condenados la libertad, gracias a la “media prescripción”, que el
ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las
sentencias de los criminales. Estas prácticas revelan que la doctrina
internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y
comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas
excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos
recientes.
La abogada y aspirante a doctora en derecho
Karinna Fernández analiza este tema en su artículo “La jurisprudencia
de la Corte Suprema chilena frente a las graves violaciones a los
derechos humanos”, recordando que la Corte Interamericana de Justicia
es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En
delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros
de “proporcionalidad y pertinencia”, que justamente no se dan en estos
casos claramente contrarios al derecho internacional.
Están
libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante
de historia del Pedagógico Félix de la Jara Goyeneche; del estudiante
de ingeniería en minas Julio Flores; del carpintero socialista Ofelio
de la Cruz Lazo; del interventor de la industria Aceros Franklin,
Sergio Montecinos; del estudiante de ingeniería y dirigente del MIR
Osvaldo Radrigán; del estudiante de sociología Jaime Robotham; del
electrónico Marcelo Salinas; del decorador Fernando Silva Camus y su
hijo, Claudio Silva, estudiante de pedagogía.
SENTENCIAS A MAS DE 10 AÑOS
Sólo en catorce de las 29 sentencias analizadas los perpetradores de
estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a 10 años de
prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca
de la Operación Cóndor que desarrolló la Dina actuando coordinadamente
con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte
Suprema dictó, en 2004, la primera sentencia por estos crímenes,
confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el
secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP
(escolta del presidente Allende). Así fue como el 28 de enero de 2005
el criminal jefe de la Dina, Manuel Contreras, fue llevado a la fuerza
al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga
serie de condenas.
Otra sentencia de trascendencia
internacional fue la emitida a fines de 2014 por el secuestro y
desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso
Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue
posterior al fallo dictado por la Corte francesa en 2011, en un juicio
notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en
rebeldía a Contreras, y a otros, a cadena perpetua. En Chile, la más
alta condena en el juicio por el mismo crimen fue de 10 años. Para
tener una comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A
agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de
35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda
instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años, con varias condenas
a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro
de Estudios Legales y Sociales (www.cels.org.ar).
Cuarenta
años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el
dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán, ni para Jorge
Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina y rugbista, y para el
estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el
campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria
conducta de los tribunales, cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol
en dictadura, sin que, en su conjunto, los tribunales actúen
consecuentemente.
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