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El
Departamento de Justicia dijo que debe cumplir un estándar de “sospecha
razonable” de que una persona en la lista negra representa una amenaza.
Fotografía: Mike Segar / Reuters.
El gobierno de EEUU se ha visto obligado a admitir en la
corte que su lista de prohibición para viajar, bajo el más amplio
sistema de vigilancia, se basa en la predicción de delitos en lugar de
confiar en los registros de delitos demostrados.
En una presentación casi inadvertida por la prensa ante un juez
federal de Oregon, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el
FBI admitieron que el impedimento a ciudadanos de Estados Unidos de
viajar por avión es una cuestión de “evaluaciones de predicción sobre
amenazas potenciales”, según el gobierno afirmó en mayo.
“Por su propia naturaleza, la identificación de las personas que
‘pueden representar una amenaza para la aviación civil o la seguridad
nacional’ es un juicio predictivo con la intención de prevenir futuros
actos de terrorismo en un contexto de incertidumbre”, dijeron a la
corte el 28 de mayo los funcionarios del Departamento de Justicia
Benjamin C. Mizer y Anthony J. Coppolino.
Aseguraron que las sentencias relativas a estas amenazas potenciales
para la aviación y la seguridad nacional y la evaluación de este tipo
de amenazas, son facultades exclusivas del Ejecutivo.
Se cree que es el reconocimiento más directo del gobierno hasta la
fecha de que a las personas no se les permite volar por lo que el
gobierno cree que podrían hacer y no por lo que ya hayan hecho.
El Departamento de Justicia dijo que debe cumplir un estándar de
“sospecha razonable” el hecho de que un individuo en la lista negra
represente una amenaza, un escalón por debajo de causa probable.
La declaración sale a colación en un caso de larga data, interpuesto
por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), con el argumento
de que el gobierno no proporciona medidas suficientes para que alguien
atrapado en las “evaluaciones de predicción” logre ser retirado de las
listas negras.
El viernes, la ACLU pidió a la jueza Anna Brown realizar su propia
valoración de la tasa de errores en el modelo de predicciones del
gobierno -un procedimiento que ACLU asemeja al “pre-crimen” de la
ciencia ficción de Philip K. Dick.
“Creo que este es el primer caso en que se pide a un tribunal que
revise la base del modelo predictivo del gobierno para la inclusión en
listas negras de personas que han ni siquiera han sido acusadas nunca,
mucho menos condenadas, de un crimen violento”, dijo la abogada de
ACLU, Hina Shamsi.
En marzo, como resultado de la demanda, el Departamento de Seguridad
Nacional comenzó a informar a la gente sobre su inclusión en una lista
negra de vuelos y que les estaba permitido presentar una “solicitud de
indemnización”. El proceso resultante implica que el gobierno realice
“una cuidadosa consideración” de las razones para estar en listas
negras, con el director de la Agencia de Seguridad del Transporte como
árbitro final. La ACLU considera que este nuevo proceso como
insuficiente.
Pero el gobierno de Obama está tratando de bloquear que se libere
más información sobre las predicciones, aludiendo que implica un riesgo
para la seguridad nacional.
“Si el Gobierno estuviera obligado a rendir un informe completo de
sus razones para incluir a un individuo en la Lista de no volar y
entregar todas las pruebas en que se apoya la determinación de la
inclusión, el proceso colocaría información de seguridad nacional muy
sensible directamente en manos de las organizaciones terroristas y
otros adversarios”, escribió en una declaración a Brown el director
adjunto de la división de contraterrorismo del FBI, Michael Steinbach.
(Con información de The Guardian / Traducción de Cubadebate)
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