Impago de Puerto Rico, resquebrajo de vitrina de EE.UU. en El Caribe

Por Néstor Rosa-Marbrell *
San Juan (PL) El impago de 57,9 millones de dólares de las obligaciones de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en que incurrió el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico, una minúscula parte de su deuda pública de 72 mil millones, confirma el definitivo resquebrajamiento de la vitrina de Estados Unidos en El Caribe.

Por años el ELA, sistema de gobierno creado por Washington hace 63 años para sacar a Puerto Rico, que invadió en 1898, de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas, fue presentado como modelo de desarrollo, cuando la realidad es que en los últimos 30 años ha oxigenado con endeudamientos su maltrecha economía, la cual mantiene un crecimiento negativo.

La presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, estableció que la falta de liquidez del gobierno de Alejandro García Padilla no le dejó otra opción que el impago, con afectaciones a cooperativas puertorriqueñas; se elabora un plan fiscal a cinco años, en el que rechazaron colaborar el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

El ministro de la gobernación, Víctor Suárez, explicó que el primer impago en la historia de Puerto Rico se produjo porque los ingresos que obtiene el gobierno no le permiten cumplir con los servicios a los 3,5 millones de habitantes y, a la vez, atender la deuda pública, equivalente a 102 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De los 72 mil millones de dólares en préstamos, 24 mil millones corresponden a corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica, que lleva varios meses negociando un plan de reestructuración con sus acreedores.

La economista Martha Quiñones Domínguez explicó a Prensa Latina que el gobierno debe proceder lo antes posible a auditar la deuda "para diferenciar la que se tiene que pagar obligatoriamente y la que puede ser postergada, por no tener aval constitucional".

La catedrática de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Arecibo (norte) reconoció que no se sabe con exactitud a cuánto asciende la deuda inconstitucional, "toda aquella que se cogió fuera del 15 por ciento" establecido por la constitución del ELA.

En esta cae el Gasoducto I y II, que no se construyó y que "no sabemos a cuánto asciende, pues hasta los tubos están perdidos".

La deuda que dejaron de pagar el 3 de agosto, detalló, es producto de una ley que se hizo en el cuatrienio anterior, encabezado por Luis G. Fortuño, del anexionista PNP, lo cual permitía tomar prestado para después responder con asignaciones especiales que hiciera el Senado de Puerto Rico.

"Ese riesgo lo asumieron los bonistas", dijo Quiñones Domínguez al insistir en la necesidad de una auditoría general que además de representantes del gobierno y de las organizaciones políticas tradicionales, incluya el gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), los sindicatos y otros sectores de la sociedad civil.

La economista aseguró que el endeudamiento extraconstitucional responde, además, a contratos leoninos que hacen la Asamblea Legislativa y las agencias públicas con empresas privadas, sin contar con el dinero para cumplir, con el fin de obtener beneficios para los partidos que se alternan en el gobierno, el PPD y el PNP.

Opinó que el recorte de los gastos públicos es fallido, ya que por un lado se cierran plazas, digamos de un abogado del Ministerio de Justicia que se jubiló, y por el otro se otorgan millonarios contratos a bufetes particulares de inversionistas políticos.

"El gobierno tiene que hacer plan de reconstrucción del país, y ese es un plan de cómo se va a utilizar el dinero que vamos a tener disponible para pagar la deuda", dijo Quiñones Domínguez.

Advirtió que el recorte en la educación pública no es una alternativa, ya que esta es una inversión social, a la vez atribuyó la baja en el desempleo a que hay menos habitantes en la isla, pues en los últimos años se han marchado al exterior, principalmente a Estados Unidos, sobre 300 puertorriqueños.

La sindicalista Eva Ayala, dirigente de Educamos, expuso a Prensa Latina que en el último año se han cerrado 135 escuelas, mientras que entre 30 y 40 se han consolidado, lo que eleva el número de planteles eliminados.

La presidenta de Educamos aseguró que desde 2007 hasta ahora la plantilla de docentes se ha reducido de 42 mil a 29 mil 900 maestros, lo cual responde a una combinación de factores, incluida la jubilación y a que cientos se están mudando a Estados Unidos, donde tienen mejores condiciones laborales.

Contó que hace poco hubo una convocatoria para 40 plazas en Detroit y Oklahoma, a la que concurrieron sobre 400 maestros para entrevistas, disgustados "con las condiciones tan precarias en que trabajan".

*Corresponsal de Prensa Latina en Puerto Rico