Este ha sido un país gobernado por genocidas, homicidas, traidores a la patria, desvergonzados, indignos y violadores de la constitución, entre muchas otras, sin que nada pase, aunque siga pasando de todo. O bien, podría llegar a pasar, porque como dice el dicho: "tanto va el agua al cántaro, que al fin se rompe".
Esos que gobiernan desconociendo la Constitución que debería garantizar los derechos de los colombianos, no sólo se burlan del sistema democrático que los llevó a sus millonarios puestos; se burlan de todo el pueblo a quien incumplen acuerdos firmados. Por ello, en lo que queda del año los movimientos sociales, políticos y populares de este país lleno de contradicciones, realizarán diversas actividades para visibilizar y denunciar la persecución al movimiento popular y rechazar los incumplimientos del Gobierno.
Mientras tanto, se escuchan voces de solidaridad por la captura, mediante lo que serían falsos positivos judiciales, de 13 jóvenes estudiantes y trabajadores del movimiento social, a lo que se suma la alerta de orden de captura para otros tantos. Algunos juristas ya indican que el Gobierno colombiano debe prepararse para la liberación de prisioneros políticos antes del acuerdo final de la Habana, pero poco se contemplan las alternativas de libertad para los líderes y lideresas sociales encarcelados por su compromiso con las comunidades, detenidos con libros y afiches como prueba de su delito de rebelión.
Se agregaría a esto los incumplimientos del Gobierno con los integrantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que entre otras exigencias, solicitaron fuera incluida la categoría de campesino en el Censo Nacional Agropecuario que se realizó este año, lo cual tampoco se cumplió. En su momento, las organizaciones campesinas llamaron a no participar de ninguna actividad relacionada con la realización del censo agropecuario, a rechazarlo de manera frontal como ilegítimo, a no responder a la encuesta y a denunciarlo como una actividad gubernamental arbitraria.
Súmesele a esto la entrega de la soberanía a multinacionales que como EMGESA, en el Departamento del Huila, ha decidido saquear los símbolos religiosos sin la autorización de la diócesis de Garzón, bienes que hacen parte del Patrimonio Cultural y Religioso de la región. Con esto como precedente, Asoquimbo ha convocado a la comunidad huilense y a Colombia, a trasladarse hasta la Capilla San José de Belén en el municipio del Agrado, para defender este Patrimonio Cultural y Religioso, que pretende ser profanado para darle vía libre a la represa de El Quimbo.
Concluimos entonces que no es suficiente con que se pongan sobre la mesa los problemas de las tierras en Colombia, cuando se dejan de lado problemáticas tan graves como los límites de acción de las multinacionales, que afectan el patrimonio natural y cultural del país, y la persecución política estatal a los movimientos sociales y populares.
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