En estos días la gran prensa
anuncia a bombo y platillo la supuesta crisis humanitaria provocada por
Venezuela en la frontera con Colombia por el cierre y deportación de
ciudadanos de este país. Los sensacionalistas titulares se repiten de
manera incansable “Cierre de frontera con Venezuela toma visos de
crisis humanitaria” (El Tiempo de Colombia); “Juan Manuel Santos viaja
a frontera con Venezuela por crisis humanitaria” (El Universo de
Ecuador); “Crisis humanitaria seis días después de cierre de frontera
colombo-venezolana” (La Vanguardia de España)…
Este es el
tratamiento que los medios están dando al estado de excepción dictado
en algunos municipios venezolanos fronterizos con Colombia para acabar
con el paramilitarismo, la delincuencia y el contrabando de productos
venezolanos de primera necesidad, es decir, la información publicada
únicamente se centra en la deportación de alrededor de un millar de
personas de nacionalidad colombiana en situación de irregularidad.
Lo
primero que hay que tener en cuenta es que el estado de excepción en
Venezuela escrupulosamente respeta los derechos humanos conforme al
artículo 339 de la Constitución el cual establece expresamente que “se
cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención
Americana de Derechos Humanos”.
En segundo lugar, la gran prensa oculta
de manera descarada los efectos positivos que ya son palpables gracias
al cierre de la frontera, como la gran incautación de alimentos
preparados para ser trasladados a Colombia, la disminución de colas de
personas para la adquisición de alimentos y combustible,
que empiezan a aparecer y regularizarse en el estado Táchira, pero
también en otros estados del interior del país como Mérida, Zulia o
Apure. Igualmente cabe destacar la detención de gran cantidad de paramilitares colombianos involucrados en actividades ilícitas.
El
estado de emergencia tiene como objetivo salvaguardar los derechos
humanos de las personas que se encuentran en Venezuela, sin distingos
de nacionalidad, como siempre lo ha hecho la revolución bolivariana. El
combate al paramilitarismo es la salvaguarda del derecho a la vida e
integridad física; acabar con las mafias del contrabando pretende
proteger el derecho a la alimentación, pero también a la salud, pues
las medicinas también son llevadas a Colombia. Las medidas no son una
agresión, al contrario se orientan a preservar la paz y la dignidad de
los venezolanos.
Organismos internacionales como el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
históricamente han alabado las medidas de protección
de los colombianos desplazados por la guerra al territorio venezolano,
lo cual no exime que en las deportaciones no puede haber personas con
el estatuto de refugiado
que no estén involucrados en actividades ilícitas. Sin embargo, no
reconocer que la soberanía venezolana es agujereada por una
delincuencia en gran medida proveniente y aprovechada por Colombia es
un desatino.
Se entiende que el
presidente Santos debe jugar su papel, pues el Estado al que representa
tiene la segunda mayor cantidad de refugiados internos en el mundo, por
encima de seis millones y solo por detrás de Siria.
Pero de ahí a pasar por víctima y que los medios de comunicación le
hagan el juego hay que ser canalla, aunque ya estamos acostumbrados a
este modus operandi. Ninguno de ellos se acuerda de los
millones de colombianos que han encontrado un puerto seguro en
Venezuela, y del reconocimiento de todos sus derechos gracias a la
Misión Identidad en primer lugar, para inmediatamente tener acceso al
resto de los programas sociales venezolanos que les eran negados en su
país de origen.
Por todo ello el uso del término “crisis
humanitaria” es a todas luces exagerado en relación a los hechos
acaecidos en la frontera colombo-venezolana, tomando en cuenta que
aquella solo se produce cuando “(…) existe una excepcional y
generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia”1, lo que no se corresponde con la situación que se vive actualmente en Venezuela.
De
hecho mientras escribimos este artículo aparecen titulares que sí
pueden ser catalogados como verdaderas crisis humanitarias y se evita
descaradamente usar el término. Leemos en el diario de mayor difusión
en español, El País, los siguientes titulares: “Austria cifra en 71 refugiados los muertos en el camión frigorífico”; y, “Libia
recupera 90 cuerpos del naufragio de una barcaza de migrantes”. Ambas
notas fueron ubicadas en una sección especial que a El País le ha dado
por denominar “Drama de la Migración”. Se exime de responsabilidad en
esos hechos a los países occidentales, pese a que son los conflictos
bélicos que promueven y la injusticia de un sistema capitalista
globalizado que imponen los responsables de estas crisis humanitarias.
La
gran prensa llama crisis humanitaria a lo que no es para azuzar un
conflicto entre Colombia y Venezuela, y oculta otras, a costa del
sufrimiento y muerte de millones de personas. Un capítulo más en la
historia de un mundo, que como dijo Galeano, se encuentra patas arriba.
1
Cañadas, María, “Alerta 2007: informe sobre conflictos, derechos
humanos y construcción de paz”, Barcelona, Icaria, 2007, pp. 89.
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