Medelu
Traducido del francés para Rebelión por Caty R.
El 9 de abril, antes
de la Cumbre de las Américas, en compañía de los expresidentes Felipe
Calderón (México), Jorge Quiroga (Bolivia) y José María Aznar (España),
el expresidente colombiano Andrés Pastrana presentó con gran pompa a los
medios de comunicación, en un salón de un lujoso hotel, la «Declaración
de Panamá».
Firmado también por otros exgobernantes
latinoamericanos, el texto denuncia «la grave alteración democrática y
constitucional que sufre Venezuela» y «exige la inmediata liberación de
los presos políticos y el restablecimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades
públicas en ese país». Aprovechando una gran publicidad la declaración
se envió a los participantes de la Cumbre, a la Organización de Estados
Americanos (OEA) y a la ONU. «Hacemos esto para llamar la atención de la
comunidad internacional sobre lo que pasa en Venezuela con respecto a
los derechos humanos», declaró Andrés Pastrana.
Solo podemos
congratularnos de ver a tantos personajes eminentes preocupados por la
democracia y el respeto de los derechos humanos en Caracas teniendo en
cuenta que las actuaciones y la experiencia de cada uno de ellos son
dignas del mayor respeto.
Juzguen ustedes mismos…
Andrés Pastrana. Presidente
de Colombia de 1998 a 2000, período durante el cual, según la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU, la situación de los derechos en cuestión
se agravó considerablemente, en particular debido al auge de los grupos
paramilitares vinculados al ejército que actuaban con total impunidad
por todo el país. La firma, con Washington, del «Plan Colombia» (sin
consultar al Congreso) tuvo como principal consecuencia prolongar y
radicalizar el conflicto armado interno.
Felipe Calderón. Nadie
podía imaginar que sus seis años de Gobierno (2006-2012) conducirían a
México a una situación tan espantosa. Su desastrosa estrategia de
militarización de la lucha contra el narcotráfico hizo estallar la
utilización de la tortura por parte de las fuerzas armadas y se saldó
con 60.000 muertes violentas a las que hay que añadir más de 26.000
«desaparecidos» sin conseguir ningún retroceso del crimen organizado. En
cambio la tasa de población pobre (con menos de 100 dólares mensuales)
pasó del 43% al 46%.
Jorge Quiroga. Nunca fue elegido
presidente de Bolivia. Era vicepresidente cuando accedió brevemente al
cargo de presidente (del 7 de agosto de 2001 al 6 de agosto de 2002),
cuando el presidente Hugo Bancer tuvo que dimitir debido a un cáncer.
José María Aznar. Presidente
del Gobierno español del 4 de mayo de 1996 al 17 de abril de 2004. Le
debemos la «posición común» de la Unión Europea (UE) adoptada en 1996
–sanciones que limitaban los intercambios políticos, diplomáticos y
culturales con Cuba- en nombre del alineamiento a la política exterior
de Estados Unidos.
El 12 de abril de 2002, en nombre de la Unión
Europea que presidió por ser presidente del Gobierno español Aznar
reconoció (sin consultar a ningún dirigente), en compañía de George W.
Bush, al gobierno golpista del presidente de la patronal venezolana
Pedro Carmona, que el día anterior participó en el golpe de Estado
contra Hugo Chávez.
Su experiencia en materia de «derechos
humanos» le ha llevado a ser asesor de Barrick Gold, número uno mundial
de la extracción minera de oro, y a formar parte del consejo de
administración de News Corporation, el imperio de Rupert Murdoch (The Times, Wall Street Journal, Fox News, etc.).
Eduardo Duhalde. Vicepresidente
del ultraliberal Carlos Menem de 1989 a 1991, Duhalde no fue elegido,
pero en plena crisis de la deuda se convirtió en el jefe del Estado
«provisional» de Argentina –nombrado por el Congreso Nacional tras la
dimisión de Fernando de la Rúa– del 2 de enero de 2002 al 25 de mayo de
2003. Mientras estuvo en la Casa Rosada (la presidencia), la policía
reprimió brutalmente a los manifestantes, especialmente en el episodio
que permanecerá en la memoria con el nombre de «masacre de Avellaneda»
(dos muertos y 33 heridos de bala). Ante la indignación popular se vio
obligado a convocar elecciones anticipadas.
Sebastián Piñera. Poseedor
de una fortuna de 2.400 millones de dólares, este «Berlusconi chileno»
(2010-2014) que no dudó en meter a antiguos colaboradores del régimen
militar de general Augusto Pinochet en su Gobierno, reprimió en 2011 las
innumerables manifestaciones de estudiantes –muchas de ellas acabaron
con cientos de detenidos (870 el 4 de agosto)- que reclamaban una
educación pública, gratuita y de calidad. Contra los mapuches
–comunidades autóctonas que protegen sus tierras ancestrales de la
expansión de proyectos de explotación forestal- el poder aplicó la ley
antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet. En virtud del
artículo 269 de la ley Hinzpeter, los que participasen en «alteración
del orden público» o cualquier otro acto violento podrían ser condenadod
a penas de 541 días a tres años de prisión.
Álvaro Uribe. Cercano
al «narco» Pablo Escobar cuando era alcalde de Medellín (1982),
principal promotor e iniciador de las cooperativas de seguridad rural
–las CONVIVIR, posteriormente unidas a los paramilitares- cuando ejerció
la función de gobernador de Antioquia (1995-1997). Sus dos mandatos
presidenciales (2002-2006 y 2006-2010) estuvieron marcados por una
sucesión de escándalos sangrientos. En el denominado «de la
parapolítica» más de 60 diputados y senadores (entre ellos su primo
Mario Uribe) pertenecientes a su movimiento político fueron
investigados, detenidos o condenados (32) por sus vínculos con los
narcoparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En
el marco de las «chuzadas» el presidente del Tribunal Supremo, así como
numerosos magistrados, periodistas y opositores fueron espiados por la
policía política (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS). La
práctica de los «falsos positivos» vio a los miembros del ejército
colombiano asesinar a civiles inocentes -2.700 según el ministerio
fiscal (septiembre de 2011)- con el fin de hacerlos pasar por
guerrilleros muertos en combate. El jefe de seguridad y hombre de
confianza de Uribe en el Palacio de Nariño (el palacio presidencial), el
general Mauricio Santoyo, fue condenado en diciembre de 2012, en
Estados unidos, a 13 años de cárcel por su relación con el narcotráfico.
Belisario Betancur . Bajo su presidencia, el 6 de
noviembre de 1985 un comando del M-19 sitió el Palacio de Justicia,
donde reside el Tribunal Supremo, tomando como rehenes a más de 100
personas. Los guerrilleros exigían negociar con el presidente, pero este
se negó y el asalto del ejército se convirtió en una carnicería: un
centenar de muertos, la mayoría guerrilleros, 11 jueces del Tribunal
Supremo y los empleados del Palacio de Justicia, a los que hay que
añadir 11 desaparecidos.
Miguel Ángel Rodríguez. Presidente
de Costa Rica de 1998 a 2002, brevemente (un mes) secretario de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en 2004, fue condenado el 27 de
abril de 2011 a cinco años de prisión por corrupción agravada (un
soborno de 819.000 dólares por la adjudicación de un contrato de
telefonía móvil a Alcatel) y posteriormente absuelto por apelación. Tras
esta decisión el Tribunal Supremo envió el caso a revisión en noviembre
de 2014.
Rafael Ángel Calderón. Presidente de Costa Rica
de 1990 a 1994. Acusado de cobrar comisiones por la compra de material
médico en 1992 por cuenta de la seguridad social, fue condenado a cinco
años de prisión por corrupción en octubre de 2009 y no pudo participar,
como deseaba, en la elección presidencial de febrero de 2010.
Laura Chinchilla. Cuando
dejó la presidencia de Costa Rica, el 8 de mayo de 2014, una huelga
general de profesores inundaba las calles de manifestantes que
denunciaban los retrasos salariales. Quedará de su mandato el escándalo
que estalló cuando se reveló que en marzo de 2013, a causa de la incuria
de su ministro de Comunicación y jefe de los servicios de inteligencia
(que tuvo que dimitir), ella utilizó para un desplazamiento oficial y
después para un viaje privado a Perú un jet puesto a su disposición por
Gabriel Morales Fallon, un hombre de negocios colombiano sospechoso en
su país de estar relacionado con traficantes de drogas.
Óscar Arias. Otro
expresidente de Costa Rica. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987
por su papel en los procesos de paz de América central (El Salvador,
Nicaragua, Guatemala), aunque siempre intentó marginar a la Nicaragua
sandinista. Para evitar que la OEA (dominada por los gobiernos de
izquierda y centroizquierda) gestionase la crisis de Honduras tras el
derrocamiento, en junio de 2009, del presidente Manuel Zelaya, se le
confió el papel de «mediador» gracias a las maniobras de la secretaria
de Estado Hillary Clinton. Al retrasar el asunto permitió a los
golpistas consolidar sus posiciones e impedir el regreso de Zelaya a su
país antes de la organización de las elecciones bajo control (el 29 de
noviembre de 2009) que permitieron «lavar» el golpe de Estado.
Luis Alberto Monge .
Elegido presidente de Costa Rica en 1982. Aunque declaró neutral a su
país cerró los ojos ante las actividades de los grupos antisandinistas a
cambio de una importante ayuda económica de Estados Unidos en la época
de Ronald Reagan. Durante su mandato el embajador estadounidense Lewis
Tamb y la CIA, con el apoyo de las fuerzas de seguridad costarricenses,
abrieron una pista de aterrizaje utilizada para suministrar armas al
frente sur de la «contra» -financiadas por el tráfico de cocaína
organizado con el cártel de Medellín por la CIA-.
Osvaldo Hurtado. Vicepresidente
ecuatoriano, llegó al poder sin ser elegido tras la muerte en 1981, en
un accidente aéreo, del líder del Estado progresista Jaime Roldós.
Candidato en tres ocasiones a la magistratura suprema perdió todas, en
su último intento consiguió menos del 1% de los votos.
Lucio Gutiérrez. Presidente
ecuatoriano destituido por el Parlamento el 20 de abril de 2005 tras un
levantamiento popular, estuvo implicado en el intento de golpe de
Estado fomentado el 30 de septiembre de 2010 por policías amotinados
contra el presidente Rafael Correa.
Alfredo Cristiani . En
el poder en El Salvador de 1989 a 1994, fue elegido bajo los colores de
la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido asociado a los
escuadrones de la muerte de extrema derecha fundados por el mayor
Roberto D’Aubuisson para sofocar cualquier oposición. Bajo su mandato,
con el pretexto de luchar contra la guerrilla del Frente Farabundo Marti
de Liberación Nacional (FMLN), el ejército asesinó a seis jesuitas,
entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio
Ellacuría, muy implicado en la búsqueda de la paz. Para apaciguar la
indignación de la comunidad internacional, Cristiani prometió que se
juzgaría a los responsables. La mayoría fueron absueltos por un jurado
en 1991 antes de que Cristiani decretase una amnistía en abril de 1993…
unos días antes de la publicación de un informe de investigación de las
Naciones Unidas que demostraba la implicación de las mayores autoridades
del ejército (y de Estados Unidos). Cuando en Nueva York, el 31 de
diciembre de 1992, se firmó un acuerdo de paz con el FMLN, Cristiani no
rubricó personalmente el documento.
Armando Calderón Sol. Sucesor
de Alfredo Cristiani en la presidencia de El Salvador, (1994-1999)
también del partido ARENA del cual es uno de los fundadores. Su Gobierno
se distinguió especialmente por la amplitud de las «reformas» y las
privatizaciones.
Vicente Fox . Presidente de Coca-Cola
para México y América Latina, fue elegido para seis años jefe del Estado
de México el 2 de julio de 2000 por el Partido de Acción Nacional
(PAN). En su celo neoliberal multiplicó las privatizaciones (agua
electricidad, parques naturales, sitios arqueológicos, etc.), en el
contexto de los megaproyectos continentales previstos en el plan
Puebla-Panamá (PPP), concebido en vista de la concretización de la Zona
de Libre Comercio de las Américas (ZLEA) que quería Estados Unidos. Esos
proyectos se enfrentaron a una viva resistencia, se desencadenó la
represión a través de la militarización y la emergencia de grupos
paramilitares, en particular en los estados (Chiapas, Guerrero,
Michoacán, Oaxaca) donde sobrevive el 80% de la población indígena.
Alejandro Toledo. A
la cabeza de Perú de 2001 a 2006, enemigo de las empresas públicas y
continuador de las políticas neoliberales del dictador Alberto Fujimori,
que huyó del país, se mostró particularmente complaciente con el
capital extranjero. Acabó su mandato muy impopular, los peruanos le
reprochan no haberse beneficiado de los frutos del crecimiento a pesar
de que la economía estaba mejor desde hacía cinco años. Se volvió a
presentar a las elecciones presidenciales en abril de 2011 y perdió
frente a Ollanta Humala con el 16% de los votos.
Luis Alberto Lacalle. Representante
del ala derecha del Partido Blanco, partidario declarado de las
políticas económicas liberales, fue presidente de Uruguay de 1990 a
1995. El 13 de diciembre de 1992 un referéndum de iniciativa popular
anuló (con casi el 75% de los votos) cinco de los 32 artículos de su ley
general sobre las privatizaciones, laboriosamente aprobado tras seis
meses de debate. El 28 de agosto de 1994 el pueblo, resueltamente
insumiso, rechazó con el 63% de los votos una reforma constitucional
confusa que preveía, entre otras cosas, la reforma del sistema electoral
y de las prestaciones sociales.
Nicolás Ardito Barletta. Tecnócrata
panameño, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el
Caribe (1978-1984), ganador de la elección presidencial de mayo de 1984,
fue obligado a dimitir el 28 de septiembre de 1985 por el general Manuel Antonio Noriega.
Mireya Moscoso. Gobernó
Panamá de 1999 a 2004 y apareció en las portadas debido a su gusto por
los vestidos de lujo y las joyas pagadas con dinero del Estado. Tras una
temporada revuelta por la utilización irregular, en una fundación que
dirigían sus próximos, de una donación de 45 millones de dólares
efectuada por Taiwán, consiguió salir del paso. Aliada de Estados
Unidos, bajo presión de Washington el 26 de agosto de 2004, último día
de su mandato, amnistió «por razones humanitarias» al terrorista
anticastrista Luis Posada Carriles. Arrestado cuando preparaba un
atentado con bomba contra Fidel Castro en visita en Panamá en noviembre
de 2000, Posada Carriles fue condenado a ocho años de cárcel. Agente de
la CIA, autor intelectual de un atentado contra un DC-8 de la Cubana de
Aviación que causó 73 víctimas en Barbados en 1976, Posada Carriles vive
actualmente con total impunidad en Miami (donde también reside Mireya
Moscoso).
A todos estos firmantes de la «Declaración de Panamá»,
agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA),
se unió el «socialista» Felipe González, que no desmerece en este
lindo ramillete. El 26 de septiembre de 1983, siendo el presidente del
Gobierno Español, condecoró al almirante Rubén Franco, uno de los jefes
de la dictadura argentina (condenado después por robo de bebés) con la
Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico. El contraalmirante Ciro
García, colaborador del dictador Jorge Videla, vinculado a los servicios
secretos, recibió de sus manos la misma distinción. También durante el
Gobierno de Felipe González, de 1983 a 1986, apareció el escuadrón de la
muerte de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que asesinaron
a 17 separatistas vascos en suelo francés.
«Aunque su toma de posición sea puramente simbólica, ha comentado el politólogo Lansberg-Rodríguez en la revista estadounidense Foreign Policy, (reproducida sin una pizca de reflexión por Courrier International),
contribuye a desmontar el relato oficial de la solidaridad entre países
latinoamericanos frente al imperialismo estadounidense».
Lo que
se conoce como confundir los deseos con la realidad, porque esta banda
de «zombis ilustres», sin ninguna legitimidad para impartir lecciones,
ha sido claramente repudiada por los jefes de Estado en ejercicio.
Frente al decreto del presidente Barack Obama que calificaba a Venezuela
de «amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos», tanto la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) manifestaron un rechazo unánime
declarando que la injerencia de Estados Unidos en la región «crea una
gran tensión» y reclamaron su abrogación. Por otra parte, durante la
Cumbre de las Américas que la máquina simplificadora mediática resumió
como «el histórico pulso entre Raúl Castro y Obama», las presiones e
intervenciones estadounidenses fueron denunciadas vigorosamente por los
jefes de Estado de Bolivia (Evo Morales), Ecuador (Rafael Correa),
Venezuela (Nicolás maduro) y Argentina (Cristina Kichner), con el
asentimiento de sus homólogos continentales e insulares –la Comunidad de
los Caribes (Caricom, 13 estados)- que señalaron su solidaridad con
Caracas. Finalmente, y después de que Obama abandonase la asamblea
plenaria para evitar oír las críticas dirigidas a Estados Unidos, no se
firmó ninguna «declaración final» de consenso entre «yankis» y
«latinos».
Maurice Lemoine es especialista en América Latina y antiguo redactor jefe de Le Monde diplomatique. Es autor, entre otros libros, de Chavez Presidente! (2005), Cinq Cubains à Miami (2010), Sur les eaux noires du fleure (2013) y Les enfants cachés du général Pinochet. Précis de coups d’Etat modernes et autres tentatives de déstabilisation, (Los
hijos ocultos del general Pinochet: compendio de golpes de Estado
modernos y otras tentativas de desestabilización) París, 2015.
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