Llegamos
al 2015 y tres grandes procesos signarán su curso. Proceso de paz,
crisis económica y elección de alcaldes y gobernadores.
Los diálogos de La Habana entre Santos y las FARC seguirán siendo eje primordial en el movimiento de la sociedad y el Estado. Se cerrará satisfactoriamente el tema de las víctimas y tomará plena forma el "fin del conflicto" con debates de mucho espesor. Ya hay un trecho recorrido en materia de cese al fuego y hostilidades. Una comisión de militares y guerrilleros ha realizado un encomiable trabajo para llevar a la práctica aspectos muy puntuales en la materia. Un asunto clave, desde mi enfoque, será el tratamiento de los ajustes institucionales para la paz que debe contemplar una reforma a fondo del Estado y su gobierno para ampliar los alcances de la construcción de una democracia en los términos pactados en materia de participación, pluralismo y garantías para los nuevos movimientos políticos y sociales.
La política
elevará su nivel en las conversaciones merced a la audaz iniciativa de
la delegación plenipotenciaria de los revolucionarios, tal como lo
registramos con la decisión del cese unilateral y definitivo del fuego
y las hostilidades. La paz no tiene vuelta atrás y ya se ha dibujado el
perfil de la Colombia de los próximos 30 años, como ocurrió al inicio
del Frente Nacional de 1958 y con la Constituyente de 1991 que ya agotó
sus recursos e instrumentos neoliberales.
La crisis
económica con sus impactos fiscales tendrá consecuencias demoledoras en
millones de colombianos. El desplome económico nacional es un escenario
asociado a la prolongación de la gran crisis bancaria del 2008, pues
sigue la recesión en el plano global, hoy en su sexto momento, detonado
por la impresionante destorcida de los precios del petróleo apalancada
por la ralentización de los BRICS y la Unión Europea, y las maniobras
geopolíticas de los gringos empeñados en asfixiar a Putin, a Venezuela
y en sembrar el caos planetario. Serán 12 meses con desajustes en las
cuentas del Estado: caída de los ingresos petroleros, severos
desajustes en la balanza comercial, recortes en las inversiones en
carreteras y viviendas, incremento de la deuda externa,
disfuncionalidad del gasto militar, pinchada de la burbuja
inmobiliaria, caída del PIB y recorte masivo de subsidios, como los de
Familias en Acción, bonos juveniles y para los adultos. Crecerá la
pobreza, miseria y segregación social de los sectores más débiles de la
sociedad, pues los ricos no cederán en sus privilegios y la casta
burocrática y política proseguirá en el saqueo de los patrimonios
públicos, a través de la mermelada en Regalías y los cupos
presupuestales autorizados por el señor Santos y su camarilla
presidencial.
Como se ha señalado por algunos
esta tormenta enlazada con la volatilidad de los precios del petróleo
tirará a la lona gobiernos y propiciará agudas rebeliones sociales. No
lo descarto en Colombia.
Hasta el 25 de octubre
todo el país vivirá una intensa agitación pública por cuenta de la
elección de 1113 alcaldes municipales y 32 gobernadores
departamentales. Estas autoridades locales son elegidas gracias a
acuerdos pasados del Estado con las guerrillas revolucionarias.
Las negociaciones de las FARC con Belisario Betancur, en 1986, dejaron
como saldo la elección directa de los burgomaestres locales. La
Constituyente de 1991 ordenó la elección ciudadana de los gobernadores.
Son
conquistas democráticas que es preciso consolidar y profundizar. La
resistencia campesina y revolucionaria, el movimiento popular, deben
integrarse plenamente a este proceso planteando programas de cambio y
reivindicación de los derechos sociales, políticos y económicos
de la multitud y sus singularidades. Hay que exigir garantías y señalar
la manipulación clientelista de los gamonales locales y regionales
favorecidos con las prebendas del señor Santos. La paz debe ser la
principal bandera de los candidatos alternativos y de origen popular.
Un elemento importante de este escenario es exigir, en el caso de
Bogota, la elección directa de los Alcaldes locales y la creación de 20
nuevas localidades.
Es un escenario agitado en el
que se dará la presencia de los movimientos sociales. La multitud se
expresará con sus diversas problemáticas. Las de la salud, empleo,
educación, tierra, vivienda, empleo, los derechos indígenas, los de los
afros, los de las mujeres, jóvenes y tercera edad. Seguirá adelante el
movimiento de las constituyentes por la paz y municipales. Millones de
bogotanos harán sentir su inconformidad por el desastre de Trasnmilenio
afectado por la mediocre administración del señor Petro y sus ineptos
equipos de gestión atrapados por el clientelismo y la microcorrupción.
En Medellin crecerá la movilización ciudadana contra el Pot neoliberal. En Barranquilla se sentirá la exigencia por la autonomía de las localidades.
En
Cali las masas populares demandarán la paz, mejoras en la movilidad y
efectividad de los derechos sociales. En Bucaramanga crecerá el repudio
a la corrupción. En Cúcuta se amplia la movilización por los derechos
humanos. En el eje cafetero el ambientalismo marchará por la defensa de
la naturaleza y contra el extractivismo minero. Las masas campesinas e
indígenas del Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima, radicalizarán sus
pliegos agrarios y contra los proyectos mineros depredadores como el de
La Colosa. En el Meta y los llanos orientales reclamarán equidad con
las regalías petroleras.
El movimiento social debe
pedir garantías para su acción. De gran importancia es el acceso
democrático a los grandes medios de comunicación monopolizados por
conglomerados de la oligarquía dueña del Estado.
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