Entrevista a Ana Elena Barrios, activista social en Chiapas
A
pesar que el gobierno de Peña Nieto (PRI) se presenta como un ejecutivo
“democrático” y “reformista”, el asesinato de los 43 estudiantes de la
Escuela Normalista de Ayotzinapa no es más que un síntoma de la
realidad estructural del país desde hace décadas. “Hay una relación muy
profunda entre instituciones políticas y estructuras del crimen
organizado”, afirma Ana Elena Barrios, activista social en el estado de
Chiapas. Por debajo de la fachada modernizadora, añade, “el estado
mexicano aplica técnicas de terrorismo de estado, como las detenciones
arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones
extrajudiciales”. Ana Elena Barrios trabaja en la ONG “Enlace,
Comunicación y Capacitación” con organizaciones sociales de Chiapas, y
ha participado en un acto público organizado por CEDSALA en Valencia.
-La matanza de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) el pasado mes de septiembre ha conmovido al país y suscitado movilizaciones populares de gran potencial. ¿Qué hay en el trasfondo de estos asesinatos?
Es un momento muy doloroso. Vivimos el estallido de un cúmulo histórico de situaciones de corrupción y violencia política que están ahora saliendo a la luz pública e internacional y se nos presentan de manera crítica. Lo que sucede es que se cayó el teatro, la pantalla con la que el gobierno presenta a México al resto de países del mundo, como un país democrático y en paz. Ahora vemos el rostro de la violencia institucional en México, su rostro más terrible. Pero la violencia en el país no es un fenómeno nuevo. Viene de hace muchas décadas, desde que el PRI, que estuvo 70 años en el poder, instauró el compadrazgo, la corrupción y la violencia como forma de hacer política.
-¿En qué consisten estos antecedentes de violencia política?
Lo cierto es que el PRI logró construir un cierto “orden” (sin respeto por los derechos humanos, por supuesto) y pactó con ciertos cárteles, de manera que los grandes negocios (sobre todo tráfico de drogas y trata de personas, aunque también tráfico de armas) estaban más o menos bien repartidos y el camino allanado para que se hicieran negocios multimillonarios en Estados Unidos. Los cárteles tenían el control territorial y capacidad de negociación con el gobierno, pero además financiaban las campañas electorales, sobre todo a nivel municipal. En 70 años se construyó una extensa red de relaciones de corrupción y redes clientelares hacia el conjunto de la población y ciertos grupos de distintos sectores.
-¿Representa algún cambio en la situación de violencia “estructural” la llegad del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República?
En 2000, por primera vez el PAN accede al poder con Vicente Fox, después en el 2006, tras un fraude electoral toma la presidencia Felipe Calderón, también del PAN, quien tomó como uno de sus ejes de gobierno declarar la guerra abierta al narcotráfico, lo que es una idea absurda porque el narcotráfico se encuentra arraigado en las propias instituciones y estructuras estatales. Se militariza entonces el país y se llena de policías con el apoyo de Estados Unidos, pues el proceso se refuerza con el Plan Mérida y una inversión enorme en seguridad nacional. El sexenio de Calderón (2006-2012) termina con un número de muertos que oscila entre 60.000 y 70.000, y unos 26.000 desaparecidos, (la estimación exacta es difícil). Un baño de sangre en donde la más afectada fue la población, no así ninguna de las mafias del poder. Del crimen organizado se asesinó a los “narquitos”, a los últimos en la cadena del narcotráfico que es, además, la capa más fácilmente alcanzable (“halconcitos”, espías, gente que menudea con droga…). A veces se captura a algún “pez gordo”, pero esto no desestructura ninguna red, que permanece inalterable porque en seguida se encuentra un sustituto.
Tampoco se desmantela el sistema de lavado de dinero, con lo cual sigue intacta la fuente económica que lo sustenta y hace ensamblar en las estructuras económicas. En esta época “panista”, los pactos ancestrales que había entre los cárteles y el PRI se alteran, lo cual crea espacios de poder; se genera entonces una batalla terrible por la disputa y el control de los territorios, que significa también control y apropiación de los negocios. Al tiempo que se rompen también los pactos entre carteles, que cuentan con brazos armados, y que al independizarse para controlar los territorios no asignados se vuelven mucho más sanguinarios. La estrategia de militarización logra un mayor control de la población a través del amedrentamiento y del ataque directo a cierto grupos, entre los que destacan los movimientos sociales y también las y los jóvenes. Un caso emblemático de esto fue en marzo de 2011, que se dio la masacre de siete jóvenes en el estado de Morelos, entre los que se encontraba el hijo del poeta Javier Sicilia. Este terrible suceso salió a la luz internacional como una venta a lo que sucedía en el país, de la misma manera que ahora este caso de los jóvenes normalistas.
-Peña Nieto empieza a gobernar en 2012, ¿Se ha modificado en algo la situación respecto a los periodos anteriores? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación?
La situación de violencia no ha mejorado respecto al sexenio de Calderón, incluso ha incrementado, lo que sucede es que en general se conoce menos lo que ocurre. Peña Nieto entró intentando un “lavado de imagen” y afirmando que el PRI sí era capaz de controlar al “narco” y “garantizar seguridad”. La estrategia ha sido básicamente a través de la manipulación informativa, que se lleva a cabo por varias vías. Una es el pacto con el monopolio comunicativo del México (Televisa-TV Azteca), en un país en el que el 90% de la población se informa a través de la televisión. Otra vía es la cooptación de los medios de comunicación locales a través del pago directo (es tan descarado que incluso están en la nómina de los gobiernos estatales y municipales); los medios de comunicación que no acceden son atacados. No por nada México se encuentra en los primeros lugares de agresiones a periodistas. Un informe de unos meses atrás, elaborado por la organización civil Artículo 19, reveló que con el gobierno de Peña Nieto han aumentado un 59% las agresiones a comunicadores y solamente en 2013 se contabilizaron 330 agresiones contra periodistas, de las cuales el 60% fueron cometidos por la autoridad.
-¿Cómo se explica, entonces, la gran repercusión que ha tenido el asesinato de los 43 estudiantes en Iguala?
Lo que ahora ha hecho la diferencia para que se hiciera público de esta forma lo que ocurrió en Iguala, es el papel de informar e informarse de la propia ciudadanía a través de las redes sociales y medios libres. Pero detrás de esta estrategia de control comunicativo, la realidad de violencia institucionalizada sigue ahí, contra la población en general so pretexto de garantizar la seguridad y devolver la tranquilidad al país. Esta violencia política y de manera específica contra ciertos grupos, como lo son las y los jóvenes que se organizan y participan en movimientos sociales. La criminalización de la protesta social ha sido otra de las grandes tendencias que padecimos en la época calderonista y ahora en el gobierno de Peña Nieto se agudiza de manera alarmante. Esta criminalización se lleva a cabo por diversas vías. Una de ellas es la legal, se han aprobado recientemente legislaciones en algunos estados de México que dan mayor espacio de discrecionalidad a cuerpos policiacos para intervenir en manifestaciones, y obliga a la ciudadanía a restringir las formas de expresión y manifestación.
Paralelamente se han practicado, especialmente en lo que va del gobierno de Peña Nieto, una serie de detenciones a personas que protestan. Un hecho significativo de esto es que el mismo día de la toma de poder de Peña Nieto, el 1º de diciembre de 2012, hubo una serie de detenciones arbitrarias contra manifestantes. Este tipo de acciones se han repetido en varias ocasiones; también recientemente en las manifestaciones por Ayotzinapa se ha detenido de una manera brutal y absurda a personas que se manifestaban e incluso contra personas que ni siquiera se manifestaban, sólo iban pasando por ahí. El colmo es constatar que se les han imputado todo tipo de cargos, incluido por terrorismo y se les han enviado a prisiones de alta seguridad, por supuesto violando todo proceso. Otra de las grandes estrategias para lograr esta criminalización es nuevamente la estrategia mediática. Ahí ha sido grotesca la forma de manipular el discurso ante cualquier expresión de protesta, presentándolos como vándalos, flojos, alteradores del orden público,… y todos los adjetivos de ese tono que uno se pueda imaginar.
-¿Qué representan realmente los crímenes de Ayotzinapa? Si la violencia es un elemento “estructural” en México, ¿por qué en esta ocasión se ha desencadenado una gran protesta?
Por el hartazgo popular acumulado. El “basta ya” de la gente. El aglutinamiento de las diversas luchas sociales en torno a una situación de esta dimensión. Cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam respondió a las preguntas de los periodistas “ya me cansé”, colmó la paciencia de la gente. La población fue la que dijo ahora “ya me cansé”. La respuesta del gobierno a la masacre de los 42 estudiantes ha sido ofensiva y meramente discursiva. En una de sus declaraciones, Peña Nieto se atreve a decir: “Todos somos Ayotzinapa”. Es indignante. Hace aparecer la masacre como una situación ajena al Estado, como si el gobierno fuera víctima. Y si hay autoridades responsables, viene a decir, son solamente algunos a nivel local, en este caso el alcalde de Iguala y su esposa. Pero la realidad es que nos encontramos ante un crimen de Estado, que toca la entraña de cómo se ejerce el poder en México.
La respuesta gubernamental únicamente se explica para amainar la acción internacional, que tiene los ojos puestos en México. La gente también está abriendo los ojos sobre Televisa y los grandes medios de comunicación. Frente a este paisaje ha habido una gran diversidad de respuestas de movilización de parte de diversos sectores. Resulta esperanzador constatar la capacidad de movilización que actualmente existe en México. Entre otras iniciativas, un grupo de actores sociales con una fuerte trayectoria de lucha social que promueven el 5 de febrero (día de la Constitución mexicana) un primer encuentro para impulsar un proceso constituyente ciudadano. Porque el hartazgo de la ciudadanía es no sólo contra Peña Nieto y su gabinete, es también contra los partidos políticos y la clase política; es un hartazgo del pan con lo mismo que al final deja a la ciudadanía como víctima de sus políticas que despojan y atacan a la población.
-Sin embargo, el ejecutivo de Peña Nieto se presenta como un gobierno “reformista”…. ¿Cuáles son las principales “reformas”, su contenido y alcance?
El gobierno de Peña Nieto inició con el “Pacto por México” como estrategia para aparentar capacidad de concertación y consenso. Fue una de las primeras acciones ejercidas que planteaba algunos puntos básicos a lograr en torno a los grandes temas del país. Aunque muchos de estos temas estaban ya previamente pactados con los poderes económicos. En este pacto ya se planteaban las reformas como necesarias, sin destapar aún los contenidos explícitos, pero sentando el camino para tratar de garantizar después el apoyo de los partidos políticos. Estas reformas profundizan el modelo neoliberal, que continúa la privatización del Estado y terminan de desmantelar lo (poco e insuficiente) que en décadas se había logrado construir para colocar al Estado como responsable de los derechos sociales de la población.
Es un paquete de reformas, que han sido presentadas como “modernizadoras”, argumentando siempre la inoperatividad del modelo anterior y que restan autonomía al Estado con respecto al sector privado. Se trata de las reformas fiscal, educativa, energética y de telecomunicaciones. De todas éstas, la reforma energética es la que tendrá impactos más fuertes a mediano y largo plazo en el encarecimiento de las condiciones de vida de la población, al tiempo que favorece la concentración de la riqueza obtenida del petróleo mexicano, a manos de empresas transnacionales.
-¿Qué supondrá, en concreto, la privatización del sector energético?
Hasta ahora las ganancias que generan petróleo constituyen la principal fuente de PIB para el país y en su mayoría han sido destinados al erario público (recordemos que en 1938 Lázaro Cárdenas había llevado a cabo la expropiación petrolífera), con la reforma energética la renta petrolera será compartida con el sector privado internacional. Paralelamente, esta reforma establece la actividad energética como prioridad nacional, por lo cual es superior a cualquier otro interés, actividad regida por legislaciones municipales y estatales. Esto significa la disponibilidad total del territorio en manos de la industria extractiva, que implica el despojo de los pueblos y la depredación de los recursos estratégicos del país. Ahora mismo, se está preparando la última de las reformas, la más peligrosa para el pueblo mexicano, la llamada reforma al campo, que no es otra cosa que la “contrarreforma” agraria, lo que fue la gran conquista de la revolución mexicana. Esta reforma significaría la re-concentración de la tierra y consolidación de los monopolios del sector agroindustrial como dueños de la alimentación de la población, es decir la dependencia alimentaria y la pulverización del sector campesino; paralelamente el advenimiento de la industria agrícola transgénica.
-¿Puede considerarse México una democracia-liberal “homologable” como pretende proyectar el gobierno de Peña Nieto, o más bien se trataría de lo que llaman un “estado fallido”?
No se puede decir que en México hay un estado de derecho cuando los poderes fácticos y las dinámicas de compadrazgo y corrupción tienen la fuerza y el poder que actualmente tienen. Los gobiernos han montado simulaciones que intentan presentar un México democrático, ocultando las verdaderas dinámicas que rigen los rumbos y las decisiones del país en todos los ámbitos y los mecanismos que el Estado utiliza para garantizar que se cumplan. Lo ocurrido recientemente en Guerrero, nos habla del nivel de impunidad que rige en México; si los cuerpos policiacos actúan hechos atroces con tal apertura y naturalidad es porque saben que en ese territorio no es precisamente la Constitución y sus leyes las que mandan; saben que no habrá castigo alguno porque en realidad están obedeciendo a otras órdenes, otras “leyes” e intereses, a otros poderes que son los que realmente determinan lo que se vive en el día a día de los municipios: quiénes mandan, en función de qué y de quiénes, qué poderes defiende la policía y con qué mecanismos, a quién conviene que así suceda. Hay una relación muy profunda entre instituciones políticas y estructuras del crimen organizado. De hecho, hace décadas que el narcotráfico financia las campañas electorales en varios municipios.
-Por último, ¿cómo se materializa esta criminal trabazón de intereses a la que te refieres?
El Estado mexicano aplica técnicas de terrorismo de Estado, como las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Hay un colectivo muy potente (el Comité Cerezo), que trabaja el tema de desaparición forzada en México y documenta algunos casos; es escalofriante la frecuencia y mecanicismo con los que se practican estas técnicas del terror, especialmente contra luchadores sociales. Un claro ejemplo de ejecuciones extrajudiciales lo tenemos sólo unos días antes de los sucesos de Ayotzinapa, en el Estado de México (donde Peña Nieto fue gobernador), en el municipio de Tlatlaya, el ejército ejecutó a 22 supuestos criminales que, por los testimonios de sobrevivientes, se habían rendido y desarmado.
Lo terrible del caso de los 42 estudiantes es el nivel de cinismo con que ocurrió. La propia policía uniformada disparó a los estudiantes, los tomó y los entregó a grupos del “narco”, con los que evidentemente colabora. Éste es el “modus operandi” en muchos lugares de México, aunque ello no salga a la luz. En este caso se les escapó la información y salió a la luz internacional, por eso ahora la estrategia del gobierno de cara a la exigencia nacional e internacional es hacerlo parecer como un caso aislado y limitado exclusivamente a un suceso de corrupción municipal, en el que están implicados sólo un grupo de políticos. Quieren seguir sosteniendo la pantalla de un Estado democrático, sabemos que no es así, ni lo será hasta que no se modifiquen a profundidad las estructuras gubernamentales y su relación profunda con las estructuras sociales, económicas y políticas de la delincuencia organizada.
-La matanza de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) el pasado mes de septiembre ha conmovido al país y suscitado movilizaciones populares de gran potencial. ¿Qué hay en el trasfondo de estos asesinatos?
Es un momento muy doloroso. Vivimos el estallido de un cúmulo histórico de situaciones de corrupción y violencia política que están ahora saliendo a la luz pública e internacional y se nos presentan de manera crítica. Lo que sucede es que se cayó el teatro, la pantalla con la que el gobierno presenta a México al resto de países del mundo, como un país democrático y en paz. Ahora vemos el rostro de la violencia institucional en México, su rostro más terrible. Pero la violencia en el país no es un fenómeno nuevo. Viene de hace muchas décadas, desde que el PRI, que estuvo 70 años en el poder, instauró el compadrazgo, la corrupción y la violencia como forma de hacer política.
-¿En qué consisten estos antecedentes de violencia política?
Lo cierto es que el PRI logró construir un cierto “orden” (sin respeto por los derechos humanos, por supuesto) y pactó con ciertos cárteles, de manera que los grandes negocios (sobre todo tráfico de drogas y trata de personas, aunque también tráfico de armas) estaban más o menos bien repartidos y el camino allanado para que se hicieran negocios multimillonarios en Estados Unidos. Los cárteles tenían el control territorial y capacidad de negociación con el gobierno, pero además financiaban las campañas electorales, sobre todo a nivel municipal. En 70 años se construyó una extensa red de relaciones de corrupción y redes clientelares hacia el conjunto de la población y ciertos grupos de distintos sectores.
-¿Representa algún cambio en la situación de violencia “estructural” la llegad del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República?
En 2000, por primera vez el PAN accede al poder con Vicente Fox, después en el 2006, tras un fraude electoral toma la presidencia Felipe Calderón, también del PAN, quien tomó como uno de sus ejes de gobierno declarar la guerra abierta al narcotráfico, lo que es una idea absurda porque el narcotráfico se encuentra arraigado en las propias instituciones y estructuras estatales. Se militariza entonces el país y se llena de policías con el apoyo de Estados Unidos, pues el proceso se refuerza con el Plan Mérida y una inversión enorme en seguridad nacional. El sexenio de Calderón (2006-2012) termina con un número de muertos que oscila entre 60.000 y 70.000, y unos 26.000 desaparecidos, (la estimación exacta es difícil). Un baño de sangre en donde la más afectada fue la población, no así ninguna de las mafias del poder. Del crimen organizado se asesinó a los “narquitos”, a los últimos en la cadena del narcotráfico que es, además, la capa más fácilmente alcanzable (“halconcitos”, espías, gente que menudea con droga…). A veces se captura a algún “pez gordo”, pero esto no desestructura ninguna red, que permanece inalterable porque en seguida se encuentra un sustituto.
Tampoco se desmantela el sistema de lavado de dinero, con lo cual sigue intacta la fuente económica que lo sustenta y hace ensamblar en las estructuras económicas. En esta época “panista”, los pactos ancestrales que había entre los cárteles y el PRI se alteran, lo cual crea espacios de poder; se genera entonces una batalla terrible por la disputa y el control de los territorios, que significa también control y apropiación de los negocios. Al tiempo que se rompen también los pactos entre carteles, que cuentan con brazos armados, y que al independizarse para controlar los territorios no asignados se vuelven mucho más sanguinarios. La estrategia de militarización logra un mayor control de la población a través del amedrentamiento y del ataque directo a cierto grupos, entre los que destacan los movimientos sociales y también las y los jóvenes. Un caso emblemático de esto fue en marzo de 2011, que se dio la masacre de siete jóvenes en el estado de Morelos, entre los que se encontraba el hijo del poeta Javier Sicilia. Este terrible suceso salió a la luz internacional como una venta a lo que sucedía en el país, de la misma manera que ahora este caso de los jóvenes normalistas.
-Peña Nieto empieza a gobernar en 2012, ¿Se ha modificado en algo la situación respecto a los periodos anteriores? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación?
La situación de violencia no ha mejorado respecto al sexenio de Calderón, incluso ha incrementado, lo que sucede es que en general se conoce menos lo que ocurre. Peña Nieto entró intentando un “lavado de imagen” y afirmando que el PRI sí era capaz de controlar al “narco” y “garantizar seguridad”. La estrategia ha sido básicamente a través de la manipulación informativa, que se lleva a cabo por varias vías. Una es el pacto con el monopolio comunicativo del México (Televisa-TV Azteca), en un país en el que el 90% de la población se informa a través de la televisión. Otra vía es la cooptación de los medios de comunicación locales a través del pago directo (es tan descarado que incluso están en la nómina de los gobiernos estatales y municipales); los medios de comunicación que no acceden son atacados. No por nada México se encuentra en los primeros lugares de agresiones a periodistas. Un informe de unos meses atrás, elaborado por la organización civil Artículo 19, reveló que con el gobierno de Peña Nieto han aumentado un 59% las agresiones a comunicadores y solamente en 2013 se contabilizaron 330 agresiones contra periodistas, de las cuales el 60% fueron cometidos por la autoridad.
-¿Cómo se explica, entonces, la gran repercusión que ha tenido el asesinato de los 43 estudiantes en Iguala?
Lo que ahora ha hecho la diferencia para que se hiciera público de esta forma lo que ocurrió en Iguala, es el papel de informar e informarse de la propia ciudadanía a través de las redes sociales y medios libres. Pero detrás de esta estrategia de control comunicativo, la realidad de violencia institucionalizada sigue ahí, contra la población en general so pretexto de garantizar la seguridad y devolver la tranquilidad al país. Esta violencia política y de manera específica contra ciertos grupos, como lo son las y los jóvenes que se organizan y participan en movimientos sociales. La criminalización de la protesta social ha sido otra de las grandes tendencias que padecimos en la época calderonista y ahora en el gobierno de Peña Nieto se agudiza de manera alarmante. Esta criminalización se lleva a cabo por diversas vías. Una de ellas es la legal, se han aprobado recientemente legislaciones en algunos estados de México que dan mayor espacio de discrecionalidad a cuerpos policiacos para intervenir en manifestaciones, y obliga a la ciudadanía a restringir las formas de expresión y manifestación.
Paralelamente se han practicado, especialmente en lo que va del gobierno de Peña Nieto, una serie de detenciones a personas que protestan. Un hecho significativo de esto es que el mismo día de la toma de poder de Peña Nieto, el 1º de diciembre de 2012, hubo una serie de detenciones arbitrarias contra manifestantes. Este tipo de acciones se han repetido en varias ocasiones; también recientemente en las manifestaciones por Ayotzinapa se ha detenido de una manera brutal y absurda a personas que se manifestaban e incluso contra personas que ni siquiera se manifestaban, sólo iban pasando por ahí. El colmo es constatar que se les han imputado todo tipo de cargos, incluido por terrorismo y se les han enviado a prisiones de alta seguridad, por supuesto violando todo proceso. Otra de las grandes estrategias para lograr esta criminalización es nuevamente la estrategia mediática. Ahí ha sido grotesca la forma de manipular el discurso ante cualquier expresión de protesta, presentándolos como vándalos, flojos, alteradores del orden público,… y todos los adjetivos de ese tono que uno se pueda imaginar.
-¿Qué representan realmente los crímenes de Ayotzinapa? Si la violencia es un elemento “estructural” en México, ¿por qué en esta ocasión se ha desencadenado una gran protesta?
Por el hartazgo popular acumulado. El “basta ya” de la gente. El aglutinamiento de las diversas luchas sociales en torno a una situación de esta dimensión. Cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam respondió a las preguntas de los periodistas “ya me cansé”, colmó la paciencia de la gente. La población fue la que dijo ahora “ya me cansé”. La respuesta del gobierno a la masacre de los 42 estudiantes ha sido ofensiva y meramente discursiva. En una de sus declaraciones, Peña Nieto se atreve a decir: “Todos somos Ayotzinapa”. Es indignante. Hace aparecer la masacre como una situación ajena al Estado, como si el gobierno fuera víctima. Y si hay autoridades responsables, viene a decir, son solamente algunos a nivel local, en este caso el alcalde de Iguala y su esposa. Pero la realidad es que nos encontramos ante un crimen de Estado, que toca la entraña de cómo se ejerce el poder en México.
La respuesta gubernamental únicamente se explica para amainar la acción internacional, que tiene los ojos puestos en México. La gente también está abriendo los ojos sobre Televisa y los grandes medios de comunicación. Frente a este paisaje ha habido una gran diversidad de respuestas de movilización de parte de diversos sectores. Resulta esperanzador constatar la capacidad de movilización que actualmente existe en México. Entre otras iniciativas, un grupo de actores sociales con una fuerte trayectoria de lucha social que promueven el 5 de febrero (día de la Constitución mexicana) un primer encuentro para impulsar un proceso constituyente ciudadano. Porque el hartazgo de la ciudadanía es no sólo contra Peña Nieto y su gabinete, es también contra los partidos políticos y la clase política; es un hartazgo del pan con lo mismo que al final deja a la ciudadanía como víctima de sus políticas que despojan y atacan a la población.
-Sin embargo, el ejecutivo de Peña Nieto se presenta como un gobierno “reformista”…. ¿Cuáles son las principales “reformas”, su contenido y alcance?
El gobierno de Peña Nieto inició con el “Pacto por México” como estrategia para aparentar capacidad de concertación y consenso. Fue una de las primeras acciones ejercidas que planteaba algunos puntos básicos a lograr en torno a los grandes temas del país. Aunque muchos de estos temas estaban ya previamente pactados con los poderes económicos. En este pacto ya se planteaban las reformas como necesarias, sin destapar aún los contenidos explícitos, pero sentando el camino para tratar de garantizar después el apoyo de los partidos políticos. Estas reformas profundizan el modelo neoliberal, que continúa la privatización del Estado y terminan de desmantelar lo (poco e insuficiente) que en décadas se había logrado construir para colocar al Estado como responsable de los derechos sociales de la población.
Es un paquete de reformas, que han sido presentadas como “modernizadoras”, argumentando siempre la inoperatividad del modelo anterior y que restan autonomía al Estado con respecto al sector privado. Se trata de las reformas fiscal, educativa, energética y de telecomunicaciones. De todas éstas, la reforma energética es la que tendrá impactos más fuertes a mediano y largo plazo en el encarecimiento de las condiciones de vida de la población, al tiempo que favorece la concentración de la riqueza obtenida del petróleo mexicano, a manos de empresas transnacionales.
-¿Qué supondrá, en concreto, la privatización del sector energético?
Hasta ahora las ganancias que generan petróleo constituyen la principal fuente de PIB para el país y en su mayoría han sido destinados al erario público (recordemos que en 1938 Lázaro Cárdenas había llevado a cabo la expropiación petrolífera), con la reforma energética la renta petrolera será compartida con el sector privado internacional. Paralelamente, esta reforma establece la actividad energética como prioridad nacional, por lo cual es superior a cualquier otro interés, actividad regida por legislaciones municipales y estatales. Esto significa la disponibilidad total del territorio en manos de la industria extractiva, que implica el despojo de los pueblos y la depredación de los recursos estratégicos del país. Ahora mismo, se está preparando la última de las reformas, la más peligrosa para el pueblo mexicano, la llamada reforma al campo, que no es otra cosa que la “contrarreforma” agraria, lo que fue la gran conquista de la revolución mexicana. Esta reforma significaría la re-concentración de la tierra y consolidación de los monopolios del sector agroindustrial como dueños de la alimentación de la población, es decir la dependencia alimentaria y la pulverización del sector campesino; paralelamente el advenimiento de la industria agrícola transgénica.
-¿Puede considerarse México una democracia-liberal “homologable” como pretende proyectar el gobierno de Peña Nieto, o más bien se trataría de lo que llaman un “estado fallido”?
No se puede decir que en México hay un estado de derecho cuando los poderes fácticos y las dinámicas de compadrazgo y corrupción tienen la fuerza y el poder que actualmente tienen. Los gobiernos han montado simulaciones que intentan presentar un México democrático, ocultando las verdaderas dinámicas que rigen los rumbos y las decisiones del país en todos los ámbitos y los mecanismos que el Estado utiliza para garantizar que se cumplan. Lo ocurrido recientemente en Guerrero, nos habla del nivel de impunidad que rige en México; si los cuerpos policiacos actúan hechos atroces con tal apertura y naturalidad es porque saben que en ese territorio no es precisamente la Constitución y sus leyes las que mandan; saben que no habrá castigo alguno porque en realidad están obedeciendo a otras órdenes, otras “leyes” e intereses, a otros poderes que son los que realmente determinan lo que se vive en el día a día de los municipios: quiénes mandan, en función de qué y de quiénes, qué poderes defiende la policía y con qué mecanismos, a quién conviene que así suceda. Hay una relación muy profunda entre instituciones políticas y estructuras del crimen organizado. De hecho, hace décadas que el narcotráfico financia las campañas electorales en varios municipios.
-Por último, ¿cómo se materializa esta criminal trabazón de intereses a la que te refieres?
El Estado mexicano aplica técnicas de terrorismo de Estado, como las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Hay un colectivo muy potente (el Comité Cerezo), que trabaja el tema de desaparición forzada en México y documenta algunos casos; es escalofriante la frecuencia y mecanicismo con los que se practican estas técnicas del terror, especialmente contra luchadores sociales. Un claro ejemplo de ejecuciones extrajudiciales lo tenemos sólo unos días antes de los sucesos de Ayotzinapa, en el Estado de México (donde Peña Nieto fue gobernador), en el municipio de Tlatlaya, el ejército ejecutó a 22 supuestos criminales que, por los testimonios de sobrevivientes, se habían rendido y desarmado.
Lo terrible del caso de los 42 estudiantes es el nivel de cinismo con que ocurrió. La propia policía uniformada disparó a los estudiantes, los tomó y los entregó a grupos del “narco”, con los que evidentemente colabora. Éste es el “modus operandi” en muchos lugares de México, aunque ello no salga a la luz. En este caso se les escapó la información y salió a la luz internacional, por eso ahora la estrategia del gobierno de cara a la exigencia nacional e internacional es hacerlo parecer como un caso aislado y limitado exclusivamente a un suceso de corrupción municipal, en el que están implicados sólo un grupo de políticos. Quieren seguir sosteniendo la pantalla de un Estado democrático, sabemos que no es así, ni lo será hasta que no se modifiquen a profundidad las estructuras gubernamentales y su relación profunda con las estructuras sociales, económicas y políticas de la delincuencia organizada.
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