Le Monde Diplomatique - Chile
“Quienes
fueron condenados por el testimonio de testigos protegidos deberían
tener el derecho de que se revisen sus condenas y, cuando resulte
apropiado, que se realice un nuevo juicio bajo las disposiciones de la
legislación penal ordinaria, sin recurso a testimonios anónimos. Si los
fiscales públicos no están preparados voluntariamente para adoptar tal
política en este momento, entonces el parlamento debiera promulgar la
legislación necesaria para obligarlos a hacerlo, y se debiera asegurar
que se realice con urgencia este cambio en la práctica procesal”.
Estas conclusiones son parte del Informe de visita a Chile del Relator
ONU Ben Emerson en Julio del 2013, y se trata precisamente de la
demanda de los comuneros mapuche en huelga de hambre desde el 7 de
abril. Son Luis Marileo, Leonardo Quijón y Cristian Levinao, todos
condenados en virtud del testimonio de testigos secretos. Luis y
Leonardo están acusados de robo con homicidio al parcelero Héctor
Gallardo en el sector Chekenko en septiembre de 2012, Cristian acusado
de robo con violencia a un parcelero en el cercano sector Chiwaiwe en
junio del mismo año. Los 3 han reclamado su inocencia en estas causas,
responsabilizando al controvertido Fiscal Luis Chamorro de imputarles
estos delitos que no se justifican en el contexto de reclamación de
tierras, como un modo de deslegitimar el movimiento mapuche y
encarcelar a quienes llevan adelante los procesos de reivindicación. Es
reconocido en la zona que el fiscal Chamorro ha utilizado
insistentemente la herramienta de los testigos secretos con este fin.
En
estas causas el Ministerio del Interior fue representado por un abogado
querellante propio, legitimando así la utilización de los testigos
secretos. Al inicio de este Gobierno, el abogado querellante fue
destituido, pero el Estado debe asumir el daño causado y acoger la
demanda de los huelguistas.
Más aún, el Gobierno insistentemente
ha dicho que no utilizará la ley antiterrorista en el conflicto
territorial mapuche, y así recalificó las denuncias en varias causas en
las que no hay imputados. Sin embargo en las causas contra Emilio
Berkhoff, el Gobierno sí está utilizando actualmente disposiciones de
la ley antiterrorista. El abogado querellante en representación del
Ministerio del Interior ha avalado durante toda la investigación la
figura de los testigos secretos, única “prueba” con la que se le tiene
preso.
El motivo del Relator ONU sobre los derechos humanos en
la lucha contra el terrorismo es que “el uso de los testigos protegidos
coloca a la defensa en seria desventaja durante el juicio”. Considera
grave que en la legislación chilena no exista una disposición que
impida al tribunal basar su condena solamente en base a estos
testimonios, y “tal vez más grave aún es que no existe (en la ley
chilena) obligación específica para el fiscal de investigar la
credibilidad de un testigo protegido”. Denuncia además el relator que
“el uso de testigos protegidos como base única y decisiva para una
condena ha sido usual… existe por tanto un riesgo obvio de injusticia
procesal, el cual conlleva la sombra de un error judicial”.
Incluso
denuncia el Relator un caso en que la Corte Suprema ha logrado
certificar el hecho de que fiscales han otorgado beneficios a testigos
secretos a cambio de testimonio. Esta práctica ha sido constantemente
denunciada desde el movimiento mapuche en distintas causas. Por último,
dice el Relator que no tiene sentido en los procesos mapuche usar
testigos secretos, pues “la comunidad invariablemente puede identificar
al testigo en base al conocimiento local”. Por lo tanto no se cumple el
supuesto objetivo de proteger al supuesto testigo, sino solamente se
logra disminuir el derecho a una defensa adecuada.
Bachelet
solamente promete “no invocar la ley antiterrorista”, afirmación que es
sumamente ambigua en este contexto, pues la realidad que tenemos es que
se usan los testigos secretos sin invocar la ley antiterrorista. El
Relator ONU, en cambio es más claro al referirse en concreto a los
mecanismos propios de esta ley.
Las declaraciones del Relator
ONU dan legitimidad internacional a la demanda de los weichafe de que
el Estado de Chile busque un mecanismo para revisar sus condenas,
denunciando el modo ilegítimo en que han sido condenados. Esto podría
hacerse a través de una ley especial, pero es necesario que se asegure
que los testigos secretos no se seguirán usando contra el movimiento
mapuche. De lo contrario la promesa de Bachelet de no utilizar la ley
antiterrorista se queda sin contenido y pierde su sentido. Esta huelga
de hambre, por lo tanto, no es sino una puesta a prueba de la promesa
de Bachelet, una bajada a los casos concretos tal como se están dando
en la realidad.
La decisión con que los weichafe han emprendido
la huelga de hambre hace prever que no será como las largas huelgas
anteriores. En 25 días han bajado más de 10 kilos (Marileo 15 kilos), y
Leonardo, que ya está pesando 47 kilos, ha tenido que ser trasladado en
3 ocasiones al hospital. Todos tienen entre 3 y 4 huelgas de hambre en
el cuerpo, la última incluyendo 3 días de huelga seca en la cárcel de
Temuco en octubre del 2012, logrando así rápidamente su traslado a
Angol.
Los weichafe además exigen, mientras se revisan sus
condenas, ser trasladados inmediatamente al Centro de Estudio y Trabajo
(CET), de manera de poder practicar cabalmente su cultura. Tal
exigencia no es un capricho, sino que es un derecho. El estar privado
de libertad no puede convertirse además en una privación de la
posibilidad de practicar la propia cultura. La cárcel es una
institución wingka, no mapuche.
Los Pueblos Indígenas tienen derecho a
ser juzgados, y eventualmente sancionados, bajo sus propias leyes y
costumbres. Esto lo entiende el Convenio 169 al declarar en su artículo
10 que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la
legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tener en
cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá
darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Así, siendo tan esencial a la cultura mapuche la relación con la
tierra, los jóvenes exigen ser trasladados al CET donde pueden trabajar
la tierra, practicar su cultura en relación con ésta y sus ceremonias y
rogativas adecuadamente, no en el cemento de una cárcel. Así como los
presos comunes tienen derecho a trabajar en carpintería u otras cosas,
o a estudiar, etc, cosas que son importantes en la cultura wingka, el
mapuche privado de libertad tiene derecho a trabajar y vivir en la
tierra.
Por último, los weichafe exigen el indulto humanitario
para Mariano Llanca, a quien los médicos le dan no más 2 años de vida.
El peñi Mariano evalúa en estos días sumarse a la huelga de hambre a
pesar de su delicado estado de salud.
El Intendente Huenchumilla
visitó a los huelguistas, sin embargo a los pocos días les planteó que
no hay voluntad del Gobierno para su demanda. Los huelguistas se
quedaron con la impresión de que sólo fue a intentar bajar la huelga
sin ofrecer ningún apoyo real.
Es probable que esta huelga de
hambre ponga el tema mapuche otra vez en la discusión pública, y el
Gobierno intentará poner la pelota en su propia cancha: su plan de
gobierno, que es la burocracia estatal indigenista: ministerio de
asuntos indígenas, parlamentarios mapuche, reconocimiento
constitucional, etc, temas que no están dentro de la demanda del
movimiento mapuche, cuyos planteamientos son la recuperación de los
territorios ancestrales, el derecho a la autodeterminación, y en este
contexto, la desmilitarización y la libertad de los presos políticos.
Más que “reconocimiento constitucional”, el movimiento mapuche exige
reconocimiento de su propia dignidad y autonomía, reconocimiento de la
dignidad de los weichafe injustamente encarcelados, de su carácter de
presos políticos, y éste es el sentido de la huelga de hambre. Por el
contrario, los representantes del Gobierno siguen hablando de
“violentistas” y de “infiltrados externos”, como siempre.
El
movimiento mapuche, por su parte, ha reaccionado solidariamente con los
huelguistas a través de numerosas jornadas de protesta y boicot al
capitalismo en Angol, Temuco, Ercilla, Tirua, Cañete, Concepción y
Santiago, lo que es de prever aumente en los próximos días mientras no
haya solución a la demanda.
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