Pena de muerte
Democracy Now!
Esta
semana, el estado de Oklahoma torturó a un hombre hasta la muerte. El
martes 29 de abril, Clayton Lockett fue sujetado a una camilla en la
sala de ejecución del estado. A las 6:23 pm, ante una habitación llena
de testigos entre los que se encontraban doce integrantes de medios de
comunicación, se le inyectó en sus venas el primero de tres fármacos.
Ziva Branstetter, editora del periódico Tulsa World, se encontraba
entre los periodistas que observaban. Relataría luego el suplicio de
Lockett minuto a minuto:
“6:29 pm. Los ojos de Lockett están cerrados y su boca ligeramente abierta”.
“6:31
p.m. El médico revisa las pupilas de Lockett, coloca su mano sobre el
pecho del recluso y lo sacude ligeramente. ‘El Sr. Lockett no está
inconsciente’, dice [la Encargada de la Penitenciaría del Estado de
Oklahoma Anita] Trammell”.
Branstetter continúa el relato de lo que está presenciando:
“6:38
pm. Lockett está gesticulando, gruñendo y levantando completamente su
cabeza y sus hombros de la camilla... Parece estar sintiendo dolor”.
Repentinamente,
se cierran las cortinas, ocultando así la horrenda situación que se
desarrollaba en la cámara de ejecución, y se solicita a los periodistas
que se retiren. La muerte de Lockett fue declarada a las 7:06 pm.
Branstetter afirmó durante el programa de noticias “Democracy Now!”:
“Como una de los periodistas que fue testigo de lo sucedido, me
gustaría recibir más respuestas. Tengo planeado solicitarlas hoy. Estoy
segura de que el abogado a cargo presentará varias apelaciones. El
Departamento de Correccionales nos dijo anoche que aún no han
determinado si esto podría ser considerado como una ejecución ya que
murió de un ataque cardíaco 43 minutos después". La mayoría de las
ejecuciones de Oklahoma tardan unos seis minutos en concretarse. Robert
Patton, director del Departamento de Correccionales, explicó
posteriormente que la vena de Lockett “explotó”.
El “cóctel
letal” que se usó con Lockett no había sido utilizado nunca antes por
Oklahoma. El mismo está compuesto de midazolam, como sedante, bromuro
de vecuronio, para detener la respiración, y cloruro de potasio, para
detener el corazón. Estaba previsto que Charles Warner fuera ejecutado
el mismo día que Lockett. Tras el terrible fallo en la ejecución de
Lockett, la Gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, suspendió por catorce
días la ejecución de Warner. El miércoles, al anunciar una revisión de
los procedimientos con inyecciones letales, Fallin expresó: "No le he
fijado al Comisionado Thompson una fecha límite para la finalización de
la revisión. Si no la completa para el 13 de mayo, se emitirá un nuevo
aplazamiento, llegado el momento. Si el comisionado Thompson precisara
hacer ajustes, o resultara necesario modificar los protocolos de
ejecución del estado, dicha tarea será realizada”. Si bien la revisión
que ordenó Fallin incluirá una autopsia de Lockett que deberá ser
llevada a cabo por un patólogo independiente, la revisión en general
estará a cargo de un integrante del gabinete de Fallin, por lo que su
carácter de “independiente” se está viendo cuestionado.
Lockett
y Warner habían demandado al estado de Oklahoma alegando que la
confidencialidad respecto a la fuente de los fármacos y al cóctel a ser
utilizado en la ejecución infringía sus derechos constitucionales. Una
jueza de Oklahoma estuvo de acuerdo y emitió un aplazamiento de las
ejecuciones el mes pasado. Los magistrados de la Corte Suprema de
Oklahoma estuvieron posteriormente de acuerdo y emitieron su propio
aplazamiento el 21 de abril. El 22 de abril, la Gobernadora Fallin,
alegando que la Corte Suprema no tenía jurisdicción, ignoró los
aplazamientos y reprogramó las ejecuciones para el 29 de abril. Al día
siguiente, la Corte Suprema canceló su aplazamiento argumentando que,
en realidad, los reclusos no tienen derecho a conocer los químicos que
serán utilizados en sus ejecuciones.
Madeline Cohen representa
legalmente al otro hombre condenado a muerte, Charles Warner. Cohen
sostuvo: “Después de que Oklahoma se negara durante semanas a revelar
información básica respecto a los fármacos que se utilizarían en los
procedimientos de ejecución de hoy, esta noche Clayton Lockett fue
torturado hasta la muerte”. Y agregó: “Creo que intentan ocultar que
todo salió terriblemente mal. Recordemos que la ejecución se lleva a
cabo mediante la colocación de vías intravenosas en ambos brazos al
mismo tiempo, y que se supone que dosis simultáneas e iguales se
introducen en ambos brazos, y que se supone además que deben ser dosis
bastante grandes de los fármacos. Por lo que considero poco realista
asumir que las venas de ambos brazos fallaron simultáneamente o que le
haya tomado tanto tiempo al médico actuante constatar que una vena
explotó, incluso después de que declaró que el Sr. Lockett se
encontraba sedado. Tiene que haber una investigación exhaustiva, una
investigación independiente y una autopsia independiente o nunca
sabremos lo que salió tan espantosamente mal”.
El fallido
procedimiento de ejecución de Lockett tuvo lugar poco después de un
desastre similar en Ohio. El 16 de enero, a Dennis McGuire se le aplicó
un cóctel de dos fármacos. Su hijo, que también se llama Dennis, fue
testigo de su sufrimiento. “Mi padre empezó a jadear y a luchar para
respirar. Vi cómo su estómago hacía movimientos bruscos. Lo vi intentar
sentarse a pesar de las correas que lo sujetaban a la camilla. Lo vi
apretar los puños varias veces. Me pareció que luchaba por su vida,
pero se asfixiaba. La agonía y el terror de ver a mi padre asfixiarse
hasta la muerte duró más de diecinueve minutos”, sostuvo Dennis.
Hay
muchas más historias como estas. Los estados se desesperan por
conseguir los fármacos para las ejecuciones, ya que las compañías
farmacéuticas europeas se niegan a vender a los gobiernos estatales de
Estados Unidos cualquier fármaco que pueda ser utilizado en una
ejecución. El sitio web de noticias Colorado Independent obtuvo
documentos enviados por correo electrónico de los que surge que el
Fiscal General adjunto de Oklahoma bromeó con un colega de Texas
respecto a que podría ayudar a Texas a conseguir los fármacos a cambio
de entradas preferenciales para un importante partido de fútbol
americano.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte
indica que, desde 1973, 144 personas que habían sido sentenciadas a
pena de muerte fueron exculpadas y posteriormente liberadas. Se trata
de personas inocentes que podrían haber sido ejecutadas. Un artículo
incluido en la prestigiosa revista de la Academina Nacional de Ciencias
publicada tan solo un día antes de la ejecución de Lockett sugiere que
más del 4% del total de reclusos sentenciados a muerte serían liberados
si se dedicara el tiempo suficiente para rever adecuadamente sus casos.
Incluso en aquellos casos en que la culpabilidad no está en discusión,
se podría argumentar sobre una base meramente económica. Ejecutar a un
recluso cuesta entre tres y cuatro veces más que mantenerlo encarcelado
durante toda su vida sin posibilidad de libertad condicional.
La
mayoría de los países desarrollados han prohibido la pena de muerte.
Estados Unidos comparte la práctica de esta barbarie con países como
China, Irak, Irán y Arabia Saudita. Dado que muchos estados de nuestro
país llevan a cabo atroces experimentos con prisioneros, como en el
caso de Lockett, resulta de vital importancia recordar que la
Constitución prohíbe el castigo cruel e inusual. Lamentablemente, el
castigo cruel e inusual se está transformando en algo cada vez más
usual.
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero
internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y
televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro
"Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos
extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique
Cono Sur.
Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
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