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miércoles, 15 de junio de 2011

Madres de Plaza de Mayo querellan en Argentina a ex apoderado

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pidió este lunes ser querellante en la causa por supuesta administración fraudulenta en la que está acusado Sergio Schoklender, ex apoderado y protegido de la reconocida dirigente humanitaria.

"Queremos que los responsables vayan a la cárcel para siempre", pidió en rueda de prensa Bonafini.

Sergio Schoklender, de 53 años, es investigado por presunto lavado de dinero, defraudación a la administración pública y asociación ilícita.

Separado hace dos semanas de su cargo de apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Schoklender era el impulsor de la misión Sueños Compartidos, un gigantesco emprendimiento que construye miles de viviendas, así como escuelas y hospitales en barrios carenciados, con financiamiento del Estado.

La acusación de Madres fue presentada contra el ex apoderado, su hermano Pablo y un grupo de ex colaboradores de la fundación Sueños Compartidos.

La entidad manejó más de 700 millones de pesos (169,9 millones de dólares) en planes de viviendas, según cifras difundidas en la Cámara de Diputados por autoridades del Gobierno.

Bonafini acusó ante la justicia a los hermanos Schoklender de haber actuado como una "asociación ilícita, en concurso real con administración fraudulenta y falsedad documental" e hizo reserva de ampliar la posible inclusión de otras figuras penales, según la declaración de la entidad.

"La única responsabilidad de las Madres es haber generado un emprendimiento para producir viviendas y un habitat adecuado para las víctimas de la marginación. No tienen otra responsabilidad que haber puesto un magnífico proyecto en marcha y haber sido defraudadas y traicionadas", dijo.

En la causa no está imputada ni Bonafini ni Madres, que aparecen como "víctimas de la defraudación", comentó una fuente judicial con identidad reservada.

Sergio Schoklender se había presentado la semana pasada ante el mismo tribunal con documentación que acreditaba que "no hubo ningún acto ilícito", según su abogado Adrián Tenca.