Emir Sader
La Jornada
Brasil ha vivido varios
años bajo el chantaje de una farsa. Con el pretexto del combate a la
corrupción se ha destruido su democracia, desmoralizado el Estado de
derecho, liquidado el prestigio de jueces, golpeado duramente su
economía y cambiado el destino politico del país. Esa farsa fue
denunciada a lo largo de todos esos años por Lula –principal víctima
directa de esa operación– por la izquierda, por las fuerzas
democráticas, sin que el Poder Judicial frenara las arbitrariedades de
la llamada operación Lava Jato.
Ahora, las denuncias de las escandalosas conversaciones entre los agentes de Lava Jato,
que incluyen a miembros del Tribunal Superior de Justicia, a los medios
de comunicacion, a parlamentarios de la derecha y a Estados Unidos,
desnudan de forma brutal toda la trampa montada para perseguir al PT y a
Lula y bloquear la voluntad popular de que volvieran a presidir el
país.
El segundo paquete de denuncias revela, por una parte, un compromiso
directo de un miembro del STF, que se comporta como militante político
de un proyecto de derecha, sometiendo esa máxima instancia del Poder
Judicial al juez Sergio Moro, así como la subordinacion de toda la
operación de Lava Jato a instancias estadunidenses, a las que se dice que habría que consultar.
Aunque todo lo revelado apenas confirma lo que había sido denunciado
sistemáticamente, parte de la opinión pública queda atónita frente a lo
revelado, otra se aprovecha para cambiar de posición después de haberse
adherido con entusiasmo a la Lava Jato y erigir a Sergio Moro
un héroe nacional. El mismo STF, reiteradamente, la vez más reciente
hace pocas semanas, rechazó todas las denuncias de la defensa de Lula
sobre el carácter para nada imparcial de Sergio Moro para juzgar a Lula.
Posiciones políticas concretas de ese juez, sus vínculos directos con
el PSDB, absolutamente inocentes, la condena de Lula sin pruebas, la
persecución política al PT, no han servido para que se declarara su
falta total de culpa.
En varias circunstancias Moro ha actuado como jefe político de una
facción del Poder Judicial para impedir la libertad de Lula,
desconociendo decisiones de instancias más altas, ha orientado jueces
para dificultar o impedir la salida de Lula para funerales de parientes y
amigos, así como para que no conceda entrevistas, lo que hizo suponer
que había una estrecha coordinación entre todos los miembros de la Lava Jato, violando la imparcialidad que los jueces deben tener.
Cuando se han revelado las conversaciones, la primera reacción de
Moro ha sido la de decir que no había hecho nada ilegal, reconociendo
implícitamente la veracidad de todo lo revelado. Cuando la reacción
generalizada fue la de que sí había cometido graves violaciones, toda la
derecha se ha movido en otra dirección: el carácter ilegal de las
escuchas y las interceptaciones de las conversaciones. Cuando se dio
cuenta de que un gran material interno a la Lava Jato había llegado a un órgano de los medios. Moro denunció que su celular había sido hackeado, como preparando la justificación de la forma supuestamente ilegal en que se obtuvo toda la informacion.
Después de que los medios difundieron toda la información, Globo fue acusado directamente por el periodista que dirige The Intercept en Brasil de participar directamente en la operación Lava Jato,
ese órgano pasó a intentar descalificar a ese medio de prensa
alternativa, con duros ataques a ese periodista y destacando el carácter
supuestamente ilegal de cómo se obtuvo la información y con la
acusación de que los materiales pudieron haber sido falsificados.
El país asiste todo al vilo, aguardando las nuevas revelaciones, dado
que los que tienen el material –además de enviar copia de todo al
exterior– anuncian nuevas revelaciones.
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