El
caso de Atenco, que involucra al presidente mexicano Enrique Peña
Nieto, ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras 10
años sin justicia.
Un grupo de 11 mujeres —quienes piden desde
hace ciertos años castigo para los policías culpables por la tortura
sexual que sufrieron en mayo de 2006 en Atenco y Texcoco— decidieron
llevar al Estado mexicano a la última autoridad judicial en el sistema
regional de DD.HH. debido a que las autoridades no han mostrado voluntad de hacer justicia, informaron el martes seis de dichas mujeres.Durante una conferencia de prensa, las víctimas detallaron que la demanda fue presentada días antes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que aseguró que “este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades”.
"(La Corte IDH) tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y de dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano", contribuyendo al "pleno reconocimiento y erradicación del fenómeno", expusieron las mujeres.
Los disturbios de Atenco de 2006 fueron una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad de San Salvador Atenco entre la Policía y habitantes del pueblo —quienes tras una década volvieron a oponerse a la construcción del nuevo aeropuerto en el este de la capital mexicana, donde reclaman que el terreno se obtuvo de forma irregular—.
Los choques dejaron como resultado varios muertos, cientos de detenidos (entre ellos 10 menores de edad), la expulsión de cinco extranjeros y quejas contra elementos policíacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a decenas de mujeres.
El caso es uno más de los tantos desafíos que se enfrenta el Gobierno de Peña Nieto, ya que el actual presidente en aquel entonces era el gobernador del Estado de México.
Para Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), es necesario investigar a Peña Nieto, al menos en dos niveles: “El primero en la posible emisión de declaraciones que comprometieran la posible independencia de las investigaciones y, en un segundo, a la ausencia de investigación de la posible responsabilidad de la cadena de mando”.
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