"Si
se aprobara esa medida nos colocaría en el mapa de la penalización del
aborto como el país más extremo. Es bien preocupante el escenario que se
presenta en El Salvador", señaló Recinos, abogada del equipo jurídico
de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
El
diputado Ricardo Velásquez Parker, del partido Arena, presentó en julio
ante la Asamblea Parlamentaria una iniciativa de reforma del Código
Penal para elevar la pena por aborto de 30 a 50 años cuando en la
actualidad es de dos a 8 años.
"La comisión de justicia está
analizando la propuesta de ley. Pedimos que se retire porque si se
aprueba significaría un retroceso mucho más arcaico de lo que está
actualmente", añadió a esta agencia Recinos, quien estima que a finales
de mes se conocerá si finalmente se aprueba o no.Mujeres encarceladas
El
aborto en El Salvador está totalmente prohibido y rigen penas de
prisión para quien incurra en la interrupción voluntaria del embarazo
sin importar las circunstancias.
Las mujeres salvadoreñas podían
abortar en casos de violación o si la salud del bebé o de la madre
estaban en peligro, sin embargo una ley lo prohibió en 1998.Actualmente 25 mujeres se encuentran en prisión acusadas de haber abortado cumpliendo penas muy superiores a los 8 años de cárcel que establece el actual Código Penal.
"En la mayoría de los casos se trata de mujeres sin recursos que sufren emergencias obstétricas o abortos espontáneos y, cuando acuden a los hospitales, son denunciadas por el personal médico", explicó la activista Recinos.
Errores judiciales
Así,
son sentenciadas por cometer homicidio agravado a penas de prisión que
llegan hasta los 40 años, como le ocurrió a María Teresa Rivera,
encarcelada en 2012 después de sufrir una emergencia obstétrica sin
saber que estaba embarazada.
Tras cuatro años en la cárcel, Rivera
fue liberada el pasado mes de mayo después de que la justicia declarara
nula la sentencia argumentando errores procesales.Aun así, explicó Recinos, la sentencia de Rivera "no está firme todavía", ya que la fiscalía interpuso un recurso de apelación.
"Seguimos en la lucha porque podría volver a la cárcel", añadió la abogada.
Médicos entre la espada y la pared
"No
solo es la ley, sino cómo opera la policía, los médicos que atienden a
estas mujeres cuando acuden a pedir auxilio y las personas que las
defienden cuando son acusadas, porque la mayoría tiene un defensor
público que no toma tiempo en buscar en los estándares internacionales
que puedan tener una excepción en la defensa penal", sostuvo Recinos.
Especialmente
llamativa es la situación de los médicos salvadoreños, precisó Recinos,
ya que "se encuentran entre la espada y la pared porque, si ellos no
denuncian ante una sospecha de aborto, también pueden ir a la cárcel".
La
situación llega a tal límite que cuando una mujer embarazada padece
cáncer los médicos temen afectar al feto con los tratamientos y provocar
un aborto, por lo que serían acusados y condenados, así que toman la
decisión de no aplicarlos.En América Latina solo Cuba, Uruguay y la capital de México despenalizaron la interrupción del embarazo.
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