La
reciente cumbre energética entre EEUU, Centroamérica y el Caribe
celebrada en Washington, demostró el interés del gobierno de Obama por
querer ordenar el sector energético de la región y ejercer un mayor
control sobre los recursos naturales con que cuentan los países
miembros, especialmente Honduras, Guatemala y el Salvador. Se busca
además eliminar la dependencia del petróleo venezolano en el marco de
PETROCARIBE, cuando se habla de una reducción de los envíos del crudo a
los países miembros por la crisis económica y política que enfrenta el
gobierno del presidente Maduro.
Ello es así ya que, por un lado,
este sector luce fragmentado y desarticulado; no existe integración,
compatibilización y coordinación de políticas, programas, proyectos e
incentivos para un desarrollo conjunto con una visión de largo plazo. El
sistema de interconexión eléctrica para la región centroamericana
(SIEPAC) se usa como bombero para apagar demandas de urgencia sin una
planificación de largo plazo ni estructuras institucionales integradas.
Asimismo, todavía es fuerte la dependencia de energías térmicas frente a
las crecientes oportunidades que existen para ejecutar proyectos de
generación de energía renovable en la región. En Guatemala se estima que
la energía renovable generada es menor del 45%, El Salvador de 43% y
Honduras 51%.
En complemento a ello, las agencias y organismos de
cooperación internacional cuentan con suficiente recursos para apoyar la
ejecución de estos proyectos, y hay interés de empresas privadas
gringas para invertir capital en los mismos: pero hay una falta de
capacidad técnica para absorber estos recursos y darle un uso eficiente.
Entre 2014 y 2015, la región centroamericana tuvo acceso oficial a
cerca de 3,000 millones de dólares de fuentes privadas y cooperantes
para ejecutar proyectos energéticos menos contaminantes, pero las
demandas potenciales duplican ese monto.
El problema es que en la
Cumbre Energética se habló muy poco de las causas que explican los bajos
niveles de inversión efectiva en el desarrollo de proyectos energéticos
a pesar del ajuste de los marcos jurídico-institucionales sufridos por
los países para incentivar su desarrollo y la disponibilidad de recursos
externos facilitados por los OFIs. La primera es la proliferación de un
enfoque extractivista del desarrollo que privilegia la obtención de
beneficios económicos y financieros en un cortísimo plazo sin considerar
la opinión y participación de la población, organizaciones de sociedad
civil de base e incluso de gobiernos locales. En los países de la
región, especialmente Honduras y Guatemala, la ejecución de proyectos de
energía renovable se liga a prácticas institucionales corruptas que
induce a la protesta pública de la población afectada.
Lo segundo
con el cubrimiento de los costos de las externalidades negativas de los
proyectos con impactos no deseados en las economías locales y
condiciones materiales de vida de los pobladores.
Sobre lo
primero, organizaciones de sociedad civil y grupos ambientalistas han
venido denunciado que los proyectos energéticos renovables se ejecutan
sin consulta y participación previa, esto es sin el consentimiento y
aprobación de los pobladores de las zonas donde construirán represas;
los casos donde se ha realizado esta consulta, la mayorías de las
reuniones celebradas han sido manipuladas por los alcaldes, gobierno
central y ejecutores privados, por lo cual no hay el consenso requerido
para ejecutar la obra.
Esta mala práctica está afectando la
construcción de los proyectos e impacta negativamente en su ejecución y
sostenibilidad futura. Hay tomas de calles y ríos de grupos indígenas
por la construcción de represas, pero también por los efectos que tienen
en las mermas del caudal del agua de los ríos aquellos proyectos en
ejecución y aprobados por decreto e impuestos a la fuerza. Un ejemplo es
la construcción de la represa Agua Zarca en Honduras, que costó la vida
de la líder Ambientalista Bertha Cáceres que ha implicado, entre otras
cosas, el retiro de los inversionistas extranjeros y aumento de la
presión de los pueblos indígenas y organizaciones sociales para que
desista de los proyectos y haga justicia.
Sobre lo segundo, los
gobiernos de la región deben exigir a las empresas una protección
efectiva sobre los daños y perjuicios que puede causar la ejecución de
proyectos energéticos mal formulados y sin mecanismos claros de
regulación y sanción por parte de los gobiernos centroamericanos. Las
acciones a tomar incluyen: a) el cubrimiento de los costos de las
externalidades negativas generadas con la ejecución del proyectos,
elaborándose un plan de trabajo de dichas acciones y los proyectos
adicionales compensatorios a ejecutarse; b) el respeto a la legislación
en cuanto a que el agua para consumo humano tiene prioridad por sobre
los demás usos, ello ya que las quejas de los pobladores son que con el
proyecto hidroeléctrico encuentran más difícil tener acceso a una fuente
de agua segura; c) una política de incentivos económicos neutra, o sea
que no favorezca a empresarios de estos proyectos pagándoles más caro el
precio de la energía generada en comparación a otras fuentes aduciendo
la fuerte inversión realizada.
El presidente de Honduras, Juan
Orlando Hernández, abogó por una liberalización del mercado energético
de la región, que permita a los países comprar energía donde se produce
más barata, igual propuso fortalecer los marcos regulatorios. Ello se da
cuando se está a las puertas de la vigencia de la Unión Aduanera entre
Honduras y Guatemala, que es avalada por EEUU y será utilizada como un
instrumento de presión para que se sume el Salvador en esta primera
fase. La liberalización demandada implica que a lo interno del país, se
eliminen también los subsidios a las empresas que distorsionan el
mercado e impactan negativamente en el bolsillo de los consumidores al
garantizársele un precio mayor por kilovatio de energía generado incluso
superior al de las plantas térmicas, lo que vuelve a Honduras un país
más caro y menos competitivo por los altos costos pagados por la
energía.
Los presidentes de Honduras, Guatemala y Salvador,
miembros y beneficiarios del Plan del Triángulo Norte de la Región, o el
Patio Trasero de EEUU junto a México, expusieron también acerca de los
avances habidos con dicho plan, después que corriera el rumor en
Washington que la administración Obama suspendería dichos fondos por los
pocos resultados obtenidos en el combate de la violencia, corrupción e
impunidad. Incluso, en el caso del El Salvador se pensó que ello era
posible por el aumento de la violencia en las calles, y en Honduras por
la falta de castigo a los corruptos y responsables de la muerte de
Bertha Cáceres (ya se de dio captura “supuestamente” a cuatro personas
involucradas en el asesinato).
El presidente Obama se muestra
complacido por los avances en los alineamientos de los fondos, por lo
que los gobiernos exigen el desembolso de un 25% de los 750 millones de
dólares aprobados por el Congreso pero disponibles hasta 2017.
No
obstante estos avances, la región centroamericana presenta dos
crecientes focos de inestabilidad económica y social. La primera es la
llamada crisis ambiental estructural por la pérdida de los bosques que
amenaza por convertir a países como Honduras en desiertos, sumado a
problemas de sequía agrícola y dependencia alimentaria por el cambio
climático. La segunda es la crisis de empleo, donde el grupo de jóvenes
que no estudia ni trabaja (Niní) se multiplica, y las universidades ya
no son una opción por los altos costos y las pocas oportunidades de
trabajo y pago de salarios que se ofrecen por el mercado una vez
obtenido el titulo. En Honduras hay más de 1 millón de Nini, sin que
existan políticas claras de inserción progresiva en el mercado de
trabajo.
La administración Obama ha destinado cinco millones de
dólares para fortalecer la interconexión regional eléctrica y abaratar
el costo de la energía, y también existen recursos en el marco del Plan
de la Alianza del Triángulo Norte para combatir la violencia, fortalecer
a las fuerzas de seguridad pública y operadores de justicia para
reducir los niveles de corrupción e impunidad alarmantes. Todavía, para
el caso de Honduras, no se aprueba otro compacto de la Cuenta del
Milenio que permita generar fuentes de trabajo en forma rápida y mejore
el acceso a los alimentos básicos por la población en situación de
pobreza. Los beneficios mayores de los proyectos energéticos se
focalizan en un grupo reducido de empresas nacionales y de capital
extranjero, donde se involucran diputados y funcionarios de gobierno,
pero los mayores efectos e impactos negativos (pérdida creciente de
acceso a fuentes de agua segura para consumo humano y desplazamiento de
territorios y hábitat naturales) los sufre mayormente la población de
bajos recursos.
Hay que poner la mirada en estos problemas que
presagian otra crisis de magnitudes insospechables para la región y su
gente. No hay que seguir con la destrucción de las principales fuentes
de valor: el trabajo humano y la naturaleza, propio de un modelo
neoliberal autoritario.
Tegucigalpa, 6 de mayo de 2016
Fuente : http://www.alainet.org/es/articulo/177265
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