Desde Canadá

Por: Alfredo Molano Bravo

Los economistas oficiales colombianos suelen no poner fin a los elogios sobre las ventajas del Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmó Uribe en 2008 y entró en vigencia en 2011. Canadá es uno de los países más grandes del mundo, y más ricos: cabemos diez veces en su territorio y los canadienses tienen cinco veces más ingresos por persona. Antes del TLC, la inversión de Canadá en Colombia era apenas de unos 180 millones de dólares, y asegurada la firma, alcanzó los 2.500 millones de dólares. Antes exportábamos fundamentalmente café, azúcar y flores; hoy, carbón, oro y petróleo. Productos industriales, pocos, muy pocos y en declive. De Canadá se importa trigo, cebada, lenteja, papa, maquinaria, productos químicos y papel. La balanza comercial ha sido, desde hace 13 años, deficitaria. No obstante, los principales beneficiarios del tratado han sido los importadores colombianos en detrimento de nuestros productores. Sobraría decir que las inversiones directas de Canadá en el país han aumentado notablemente al pasar de unos 10 millones de dólares en 2004 a unos 300 millones en 2012: la mayoría de esa plata se invierte en explotación de minas y petróleo.
Salvo las catedrales góticas y universidades antiguas en la zona francesa, y los solemnes y no muy originales edificios públicos de la capital, Ottawa, el resto son edificios de acero y vidrio y casas planas de madera. Canadá no tiene problemas ni de espacio ni de agua. Las zonas rurales son monótonas, excepto quizás en otoño. La gente parece mansa y en la casa anda sin zapatos. Es un país amable para los canadienses y vivible para los extranjeros, incluidos los refugiados, que son muchos, buena parte de ellos colombianos y no pocos paramilitares. Los derechos de todos son respetados y no hay un solo papel tirado en las calles.
El cuadro cambia cuando se mira el panorama de los derechos humanos en las zonas donde Canadá invierte gran parte de sus dólares. Hablo en primer lugar de las zonas mineras y sobre todo antes de que se haya invertido un solo peso. Allí han entrado a saco los paramilitares, amparados por la fuerza pública, como en los Llanos Orientales. Antes de que las empresas petroleras entraran el primer taladro —aunque después de que sus técnicos habían detectado los bolsones de petróleo—, entraron Martín Llanos y Cuchillo, con sus hombres y sus motosierras. La masacre de Mapiripán sembró el terror y abrió las puertas a la seguridad inversionista. Los casos se pueden multiplicar. La limpieza social precede a las masacres y las masacres a las inversiones en todas las zonas donde se prevén grandes proyectos de explotación petrolera, minera, palmera, azucarera, ganadera.
La estrategia no es asunto canadiense, es una política permitida por nuestros gobiernos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto canadienses como colombianas, han destacado esa trágica correlación en todo el país. A pesar de que entre los dos países se firmó un acuerdo de cooperación laboral y otro de evaluación de los derechos humanos, sus resultados son elaborados oficialmente y, por tanto, ocultan la realidad. Nada dicen, por ejemplo, de los atropellos de la Pacific Rubiales en Puerto Gaitán; de las amenazas a los mineros tradicionales de Marmato; de la represión de las protestas en La Colosa, en Caramanta, en Santurbán o en el Ariari. En la gran mayoría del medio centenar de empresas canadienses que hay en Colombia no ha sido posible la creación de sindicatos, sólo en dos.
Existe un gran divorcio entre el trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos sociales y ambientales canadienses y las políticas de los inversionistas. Es urgente que el nuevo gobierno liberal de Canadá enfrente con realismo ese divorcio para bien de las negociaciones de paz en Colombia.