Mario Sosa
Desde
la perspectiva institucionalista, con raíces ideológicas conservadoras y
estrechez teórica y epistemológica, el problema del Estado se sitúa en
asuntos relacionados con el deterioro, la debilidad, la deficiencia y la
ineficacia de la institucionalidad pública. Dicha institucionalidad es
interpretada como pilar del ilusorio consenso social y de un régimen
político supuestamente democrático.
Desde este enfoque, el
problema del sistema de partidos políticos se ubica en las deficiencias
de institucionalización que estos presentan, por lo que se requiere
promover cambios legales y esfuerzos que permitan su capacitación,
transparencia y democratización. A partir de aquí, se afirma, será
posible que los partidos cumplan con sus funciones de intermediación,
representación y agregación de intereses, así como con su tarea de ser
vehículos idóneos para la competencia electoral.
Es desde esta
perspectiva desde la cual los organismos Ejecutivo, Legislativo y
Judicial hicieron pública la propuesta de reformas constitucionales
relacionadas con el sistema de justicia y lanzaron la convocatoria al
Diálogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia. Lo efectuaron
conjuntamente con el Ministerio Público y el Procurador de Derechos
Humanos, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (Cicig), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Coordinadora Residente
del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.
Proponen cambios
constitucionales para la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio
Público y la Corte de Constitucionalidad. En especial, pretenden
fortalecer la independencia judicial y dotar al sistema de nuevas
normas, capacidades, roles, procedimientos y mecanismos que permitan
transparentar y hacer eficiente la función de las distintas entidades de
justicia. En esa dirección, proponen instituir la carrera judicial y el
servicio civil, suprimir el antejuicio para algunos funcionarios
públicos y reconocerles funciones jurisdiccionales a las autoridades
indígenas, entre otras propuestas.
Aun cuando algunas de estas
reformas pudieran ser benéficas para el sistema de justicia, lo cierto
es que no han sido del consenso ni siquiera de los proponentes. Hay
desavenencias entre los organismos del Estado en materia de antejuicio
para alcaldes y de reconocimiento de funciones jurisdiccionales para los
pueblos indígenas. Se propone una reforma limitada. Por consiguiente,
su impacto en el sistema de justicia estará condicionado o determinado
por la carencia de reformas de fondo en los demás ámbitos del Estado.
Como ejemplo, solo la baja carga impositiva resulta un problema para
garantizar eficiencia y eficacia en el sistema de justicia.
Como
parte del llamado diálogo nacional, sobresale el espacio de las mesas de
trabajo, que se realizan a partir de mecanismos y preguntas delimitadas
por quienes convocan. Tales mesas forman parte de un proceso en el cual
los distintos actores interesados en intervenir han sido excluidos de
participar en la formulación de la propuesta inicial y en el diseño del
proceso. Lo previsto es que las opiniones de quienes participan en tales
mesas serán incluidas, mediadas o despreciadas por la visión y el
interés de los organismos convocantes y de los funcionarios que
persiguen apoyo para la propuesta, quienes finalmente decidirán al
respecto.
En el caso de algunas propuestas, como el reconocimiento
limitado al sistema jurídico de los pueblos indígenas, es previsible
que esta sea objeto de reformulación para acotar los cambios propuestos o
que sea excluida finalmente, siendo el veto al respecto expresado por
la oligarquía y por quienes operan bajo el paradigma jurídico imperante
en el Estado.
Desde un inicio, además, se excluyó cualquier
posibilidad de propuestas y demandas relacionadas con reformas
constitucionales integrales o con un nuevo proceso constituyente del
cual surja una nueva Constitución Política que implique la concreción de
un nuevo pacto social que nos enrumbe al futuro sin el tutelaje
imperial y sin el yugo oligárquico y racista.
Estamos, entonces,
ante la puesta en escena de un diálogo aparente, con una metodología que
limita la participación protagónica de los distintos sujetos que
integran la sociedad guatemalteca, esos sujetos que estarían llamados a
pensar y acordar tales cambios y que, de hecho, persiguen cambios
integrales y transformadores, que trascienden el marco desde el cual
están siendo planteadas las reformas en materia de justicia.
En
todo caso, este es el primer momento del proceso de esta tentativa de
reforma constitucional. El siguiente paso será la aprobación de tales
reformas por el Congreso de la República y, posteriormente, la consulta
popular. Ya veremos qué sucede cuando tales reformas lleguen a manos del
actual Organismo Legislativo y se despliegue, con toda su capacidad, la
estrategia de condicionamiento y de vetos de la oligarquía local.
Mario
Sosa es investigador en el Instituto de Investigación y Proyección
sobre el Estado (ISE) de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección
de la Universidad Rafael Landívar.
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