 Lima,
20 may (PL) La revelación de nuevos elementos sobre posibles vínculos
entre el partido de la candidata peruana Keiko Fujimori y el
narcotráfico, la mantiene hoy contra las cuerdas, a 16 días de la
elección presidencia.
Al mismo tiempo, dos analistas señalaron que el caso del retirado
secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, Joaquín
Ramírez, investigado por la agencia antidrogas norteamericana (DEA)
según informes periodísticos, echa por tierra el esfuerzo de la
candidata por darle un nuevo rostro a su movimiento.
El diario
La República, que usualmente maneja fuentes judiciales sólidas, reveló
que la DEA y la policía antidrogas investigan a un promotor de la
campaña fujimorista en la región noramazónica de San Martín, el alcalde
de la ciudad de Tocache, David Bazán Arévalo.
El informe señala
que Bazán tiene antecedentes por el delito de narcotráfico y es primo y
hombre de confianza del presunto cabecilla del comercio ilegal de droga
Miguel Arévalo, investigado por la DEA en un caso del que Ramírez sería
una de las piezas como presunto lavador de dinero.
La versión
añade que Bazán tiene antecedentes e investigaciones judiciales por sus
nexos con bandas que enviaban droga a Colombia.
Añade que el
alcalde y el propio Arévalo apoyaron la campaña de Fujimori en la citada
región y están estrechamente vinculados con los congresistas
fujimoristas electos Rolando Reátegui y Talitta Rojas.
De otro
lado, la fiscal María Peralta abrió una indagación preliminar a Keiko
Fujimori y su esposo norteamericano, Mark Vito Villanella, a la primera
por aportes sospechosos de dinero para su campaña y al segundo por la
adquisición de terrenos en el sur de la región Lima.
La pesquisa
fue abierta por la denuncia de un abogado y tiene carácter primario,
siendo un trámite casi obligatorio ante cualquier denuncia.
Por
otra parte, Joaquín Ramírez, quien el miércoles último pidió licencia, y
el también parlamentario fujimorista Rofilio Neyra Huamaní, fueron
llamados por la fiscal Peralta a declarar sobre los aportes sospechosos
de provenir del narcotráfico que hicieron a la campaña de Fujimori de
2011.
Entretanto, el analista Nelson Manrique señaló que el caso
de Joaquín Ramírez mandó "al diablo" la estrategia de la candidata de
aparentar que el fujimorismo tiene un rostro diferente al de mano dura y
corrupción del gobierno de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000),
preso por diversos crímenes.
Similar criterio expresó el
analista Sandro Macassi, quien señaló que el escándalo afectará las
posibilidades de Fujimori en la segunda vuelta del 5 de junio próximo,
cuando dirimirá la presidencia ante el también neoliberal Pedro Pablo
Kuczynski, con quien mantiene un empate técnico en las encuestas.
Macassi explica que la candidata solo tiene un "voto duro", es decir
electores seguros a los que no conmueve el caso Ramírez, de entre 20 y
25 por ciento del electorado y que un sector importante de indecisos o
seguidores de otras posiciones pueden sentirse preocupados e inclinarse
por Kuczynski.
La excandidata presidencial del progresista
Frente Amplio, Verónika Mendoza, que ha anunciado que será opositora del
próximo gobierno, quien quiera que gane, porque ambos finalistas son
neoliberales, llamó a votar "contra Fujimori" porque entraña un peligro
mayor, que Perú se convierta en un "narcoestado". |
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