La
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) celebró a mediados de
abril una sesión especial (UNGASS, siglas en inglés) para tratar el
tráfico ilegal de las drogas que se ha convertido en un problema global.
El mundo esperaba una declaración de los gobiernos de los 193 países
miembros de la ONU que pusiera en perspectiva algún tipo de solución o
mitigación de la plaga que está atacando el mismo tejido social de
países que van desde Colombia hasta EEUU, y desde Afganistán a México.
Según
los analistas de las diferentes capitales mundiales, el UNGASS aprobó
una resolución que deja intacto lo existente: la ‘guerra contra las
drogas’, el desconocimiento de los problemas de salud que representa el
problema y el desinterés en establecer estrategias reales para combatir
la epidemia.
Desde 1961 el convenio de la ONU sobre las Drogas ha
centrado su atención en la criminalización y la erradicación de las
drogas. Sin embargo, hay suficiente evidencia que indica que esta
política ha fracasado en reducir la producción y consume. Aún peor, la
política ha tenido repercusiones negativas sobre los derechos humanos,
la salud y el desarrollo a escala global. ¿Qué explica esta obstinación
con la ‘guerra contra las drogas’ y el rechazo de soluciones más
realistas para contribuir al bienestar de una porción creciente de la
población mundial?
Veamos dos ejemplos. En América Latina los
países andinos eran los productores principales de cocaína a fines del
siglo pasado. Colombia seguía en importancia a Bolivia y Perú. Sin
embargo, cuando Bolivia decidió poner fin a la producción para la
exportación tuvo que expulsar del país a los agentes de la DEA de EEUU.
La experiencia peruana fue similar.
En la década de 1980, Colombia
producía el 10 por ciento de la cocaína que era exportada a EEUU. Sin
embargo, cuando EEUU intervino militarmente en Colombia para acabar
supuestamente con la producción de cocaína, el país se convirtió
rápidamente en el exportador principal de la región. Según la ONU,
Colombia produce el 90 por ciento de las hojas de coca, materia prima de
la cocaína.
EEUU ha invertido más de 30 mil millones de dólares
en el ‘Plan Colombia’ que consiste en la ‘Guerra contra las drogas’.
Según cálculos del gobierno de Bogotá, han muerto 220 mil civiles y más
de 5 millones de personas han sido desplazados por los efectos del
conflicto armado.
En 2002 EEUU invadió Afganistán, en el centro
asiático, para derrocar al gobierno de los Talibán (Estudiantes del
Corán) que consideraba su enemigo. Los talibán habían erradicado el
cultivo de la amapola promovido por los ‘Señores de la Guerra’ que lo
antecedieron. Cuando las tropas norteamericanas ocuparon Afganistán lo
primero que hizo Washington fue restablecer la producción industrial de
la amapola para la exportación a EEUU.
Los efectos de esta
producción de cocaína y heroína en Colombia y Afganistán,
respectivamente, tiene dos efectos catastróficos para EEUU.
En
primer lugar, las calles de sus ciudades son inundadas por drogas
ilícitas que arruina la vida de los jóvenes, especialmente de esos
reprimidos (llamadas ‘minorías’). EEUU tiene el 25 por ciento de las
personas privadas de libertad en el mundo. La política carcelaria y la
represión de los consumidores de drogas afectan sobre todo a la
población reprimida (‘minorías). Aunque las personas de ascendencia
europea (blancas) consumen cinco veces lo que consume la población
negra, estos últimos tienen 10 veces más prisioneros por consumo de
drogas.
En segundo lugar, genera rentas extraordinarias para los
carteles bancarios que operan en ese país. Se calcula que EEUU concentra
la mitad del circulante mundial que genera el tráfico ilícito de drogas
que supera los 950 mil millones de dólares.
EEUU y Rusia
encabezaron la oposición a la discusión en torno a la necesidad de
reformular la política de la ONU. Panamá siguió la pauta sentada por las
potencias mundiales y se abstuvo de presentar alternativas viables para
poner fin al flagelo.
La Declaración final si incluye un llamado
tibio a reducir las penas carcelarias asociadas con el consumo de
drogas. Además, plantea la necesidad de aumentar los servicios de salud
para los adictos. Sin embargo, el Observatorio Global sobre las Drogas,
con sede en Gran Bretaña, calificó al documento aprobado por la UNGASS
como “una vergüenza, va en contra de la ciencia, la razón y la evidencia
de varias décadas de esfuerzos inútiles”.
5 de mayo de 2016
- Marco A. Gandásegui,
hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador
asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena
(CELA)
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