Imparables, las movilizaciones contra el gobierno de Macri
Stella Calloni
Periódico La Jornada
La muerte de tres trabajadores en distintos lugares del país por los
despidos fue reclamada el pasado jueves por miles de manifestantes de
diversos sindicatos, pero no detuvo al gobierno de la derechista alianza
Cambiemos, que a los 130 mil despidos que lleva en el año, añadió 3 mil
500 más este viernes.
Yolanda Mercedes, de 60 años, auxiliar docente de Mar del Plata, tuvo
un infarto y murió hace dos días al abrir su estado de cuenta bancario y
comprobar que le habían descontado más de 6 mil pesos (y quedaban sólo
40 pesos en su cuenta). La deducción de ese dinero fue orden de la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que le
cobró a la mujer haber estado en el paro docente contra los despidos.
Melisa Bogarín de 30 años trabajadora despedida del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de la provincia del Chaco, madre de
una niña de meses se descompensó durante una asamblea de despedidos y
murió.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este viernes
la muerte de Esteban Latorre, trabajador de la Biblioteca Nacional,
quien falleció tras recibir el telegrama en que se le notificó su
despido mientras estaba de licencia por haber sido sometido a una
operación de las coronarias. Tenía 41 años y una hija de seis años.
Ayer en las manifestaciones en contra de los despidos masivos de los
trabajadores de la construcción, los empleados bancarios- que cumplieron
este viernes dos días de paro en todo el país- y de otros gremios
advirtieron sobre la tragedia de los despedidos, a los que llamaron
los desaparecidos del sistema.
Esta tarde en Zárate, a 80 kilómetros al noreste de esta capital, una
multitudinaria asamblea de vecinos y trabajadores rechazaron los 2 mil
400 despidos en la Central Nuclear Atucha II, que estaba preparándose
para entrar en funciones. El gobierno de Macri suspendió su
funcionamiento sin dar explicaciones.
Un solo medio televisivo, C5N, mostró esta noche lo que los otros
ocultaron. Una protesta que siguió bajo la lluvia con bloqueo de
carreteras, ya que varios pueblos surgidos en torno a esta central
termonuclear quedarían desmantelados. Son miles de familias, lo que hace
recordar los tiempos de las privatizaciones del gobierno del presidente
Carlos Menem (1989-1999) que sólo en el gremio petrolero despidió a 50
mil trabajadores.
En el Ministerio de Trabajo hubo nuevos despidos de personal
con hasta 20 años de antigüedad. En Usuahia, Tierra del Fuego, se
despidió a más de 500 en los últimos días.
La propuesta gremial de conservar todos los puestos de trabajo fue
formalizada ante el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, pero
esa dependencia nunca respondió, por lo que la empresa decidió efectuar
los despidos masivos.
Uno de los programas del Ministerio más afectados por los despidos es
Asistir, creado precisamente para patrocinar a trabajadores sin
recursos que no pueden llevar adelante juicios laborales, afirmaron
dirigentes de ATE quienes calificaron de
perversidadcerrar este programa justo ahora.
Jueces cuestionados
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien
desde hace dos días se incorporó activamente a la política, rodeada día a
día por cientos de personas, denunció al juez Claudio Bonadío -quien la
acusó indebidamente en la causa por las operaciones de dólar a futuro,
por uso
abusivo y arbitrariode su poder.
La ex mandataria presentó su denuncia ante el Consejo de la
Magistratura –donde el kirchnerismo es minoría- y señaló que Bonadío
persigue una exclusiva finalidad política. Explicó también que el juez autorizó el pago de los contratos de dólar futuro en plena devaluación del gobierno actual, aunque él mismo consideró que eran ruinosos para las arcas públicas.
Lo grave es que la justicia se desprestigia cada vez con acciones
como la de Bonadío o lo que sucede con la dirigente social Milagro Sala
en la provincia de Jujuy, quien está detenida por acusaciones sin prueba
alguna desde el 16 de enero pasado y ahora irá a juicio oral por un
escrache(denuncia pública) contra el gobernador de Cambiemos en dicha provincia, Gerardo Morales.
Es una causa tan armada como las que se han tramado contra Fernández y
funcionarios del kirchnerismo por denuncias periodísticas; en una
evidente persecución política.
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