El presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó este
miércoles al Tribunal Supremo de Justicia que declare inconstitucional
una ley impulsada por la derecha que pretende privatizar el programa de
vivienda social del Estado.
“Hoy entregué al Tribunal Supremo la solicitud de que declare inconstitucional la ley de estafa inmobiliaria aprobada por la asamblea burguesa”, dijo Maduro durante una reunión con comités de abastecimiento que su Gobierno impulsa en las comunidades populares.
La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional legislativa, de mayoría opositora, el pasado 8 de abril.
Según la ley, los adjudicatarios de viviendas construidas por el Estado, y que a menudo las han recibido sin pago inicial alguno, deben recibir en seis meses el título de propiedad que les permitiría disponer libremente del inmueble.
El oficialismo, que tiene solo 54 de los 163 diputados en la Asamblea unicameral, se opuso al considerar que la ley abre las puertas a reclamos de antiguos propietarios de terrenos sobre los que se construyeron los edificios en los últimos cuatro años.
Desde que la oposición ganó la mayoría en la Asamblea, el pasado diciembre, el Tribunal Supremo ha anulado las leyes y disposiciones aprobadas, suspendido a varios diputados y promulgado cambios en el reglamento interno con el que funciona el parlamento.
Sputnik
“Hoy entregué al Tribunal Supremo la solicitud de que declare inconstitucional la ley de estafa inmobiliaria aprobada por la asamblea burguesa”, dijo Maduro durante una reunión con comités de abastecimiento que su Gobierno impulsa en las comunidades populares.
La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional legislativa, de mayoría opositora, el pasado 8 de abril.
Según la ley, los adjudicatarios de viviendas construidas por el Estado, y que a menudo las han recibido sin pago inicial alguno, deben recibir en seis meses el título de propiedad que les permitiría disponer libremente del inmueble.
El oficialismo, que tiene solo 54 de los 163 diputados en la Asamblea unicameral, se opuso al considerar que la ley abre las puertas a reclamos de antiguos propietarios de terrenos sobre los que se construyeron los edificios en los últimos cuatro años.
Desde que la oposición ganó la mayoría en la Asamblea, el pasado diciembre, el Tribunal Supremo ha anulado las leyes y disposiciones aprobadas, suspendido a varios diputados y promulgado cambios en el reglamento interno con el que funciona el parlamento.
Sputnik
No hay comentarios:
Publicar un comentario