Darío Aranda
Un
presidente (CEO) de la petrolera Shell al frente del Ministerio de
Energía. Un empresario del agronegocio como titular del Ministerio de
Agroindustria. Y cabilderos de la minera Barrick Gold en lugares clave
de la Secretaría de Minería. El gobierno de Mauricio Macri marca líneas
de continuidad y profundización del extractivismo en Argentina: quita de
impuestos al agronegocio y a la megaminería, despidos en el área de
agricultura familiar y avance de transgénicos. Ya aprobó un nuevo maíz
(de DuPont Pionner) y planea autorizar otros cuatro en este año.
“El desafío es lograr que la sociedad se
enamore de la minería”, señaló el ministro de Energía, Juan José
Aranguren, ex CEO de Shell. Y nombró en su gabinete a Mario Capello, ex
diputado nacional por la provincia de San Juan (donde opera Barrick
Gold) y férreo impulsor de la actividad extractiva. “Los nuevos cipayos
se camuflan en organizaciones cuyos nombres refieren al nuevo ‘Dios’
medioambiental. Son los demagogos de siempre a los que debemos
desenmascarar”, acusó Capello en 2012 y afirmó que la minería genera
“cero contaminación”.
Una treintena de organizaciones sociales
y productivas escribieron una carta al presidente y a los ministros de
Energía y de Ambiente (Sergio Bergman). “Nos dirigimos a ustedes a
efectos de hacerles llegar nuestro repudio al nombramiento de Mario
Capello. Durante su desempeño en distintos organismos ha mantenido una
conducta agresiva para con los integrantes de comunidades afectadas”,
afirmaron la Asociación Inti Chutec, la Federación de Viñateros de San
Juan y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras. Lo
definieron como un “conspicuo lobbista” de la empresa Barrick Gold.
El gobierno anunció un “pacto federal
minero” entre provincias y nación para avanzar con nuevos proyectos,
bajar impuestos a las empresas e intentar derogar las leyes que limitan
la actividad en seis provincias. El presidente Macri viajó en febrero a
San Juan (provincia donde Barrick derramó en septiembre más de un millón
de litros de agua con cianuro y afectó cinco ríos), para anunciar el
quite total de retenciones (impuesto a la exportación) a la minería. “Se
terminan las retenciones a las exportaciones mineras. Vamos a acompañar
a este sector para generar más trabajo”, señaló el presidente.
Más de 20 asambleas socioambientales,
desde la Patagonia hasta el norte del país, emitieron un comunicado
conjunto: “Argentina comprobó en las últimas dos décadas que minería a
gran escala y sustentabilidad son imposibles de compatibilizar” y
lamentaron que “una vez más las políticas mineras están hechas a favor
de las trasnacionales, en detrimento de los pueblos y sus territorios”.
Al frente del Ministerio de Agricultura
fue nombrado Ricardo Buryaile, empresario de la provincia de Formosa (al
norte del país) y uno de los referentes de “la Mesa de Enlace”, espacio
de articulación de las cuatro mayores entidades de
productores-empresarios, con rol protagónico desde 2008, cuando se
opusieron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (por un intento
de aumentar impuestos a la exportación de soja).
También llegó formalmente al gobierno la
poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Uno
de sus referentes, Ignacio Garciarena, fue nombrado director nacional de
Agricultura. “Un orgullo para Aapresid”, señala la entidad empresaria.
En Aapresid se presentan como simples técnicos y productores, pero son
empresarios (de pequeños a grandes), que actúan en coordinación con las
grandes empresas del agro (desde semilleras y químicas hasta medios de
comunicación) y con funcionarios aliados de distintos niveles de
gobierno (municipios, provincias y nación).
En el Ministerio de Agroindustria fue
ascendido a director nacional de Biotecnología, Martín Lema. Contó con
el respaldo de las grandes empresas de agronegocios para dirigir el
espacio clave en la aprobación de transgénicos (en esa dependencia se da
luz verde para la aprobación, con base en estudios de las mismas
empresas, a los organismos genéticamente modificados). Desde 1996, se
aprobaron transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Las empresas
beneficiadas: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Pioneer y Nidera,
entre otras.
El 4 de abril, el Ministerio de
Agroindustria comunicó la aprobación de un maíz transgénico de la
multinacional DuPont Pionner. Es apto para utilizarse con glifosato y
glufosinato de amonio, y cuenta con la tóxina “Bt” (tóxico para
insectos). Y anunció que, durante este año, aprobarán otros cuatro
transgénicos: cártamo, caña de azúcar, papa y soja.
En paralelo, comenzaron los despidos de
trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar (el área que
desarrolla políticas y acciones para el campesinado y los pueblos
indígenas).
El único ministro del kirchnerismo que
permaneció en su cargo fue Lino Barañao, a cargo de la cartera de
Ciencia. No es casual: es un férreo defensor de las empresas de
biotecnología (trabajó en el desarrollo de animales transgénicos) y
llegó a defender a Monsanto y a los agrotóxicos con frases para la
antología: “El glifosato es cómo agua con sal […] Con los antibióticos
también hay mal uso y muertes, y nadie se queja”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario