Cristina Fontenele
Adital
El Gobierno de Colombia y las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – Ejército del Pueblo) entraron en la última fase de las negociaciones
de los diálogos de paz. Un acuerdo definitivo está previsto para antes del 23
de marzo, pero puede haber divergencias en esta última fase. Entre las determinaciones
anteriores, ya se anunció un nuevo Tribunal para la Paz para juzgar a los
responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado. La propuesta
aplicará una pena máxima de hasta ocho años, en condiciones especiales, para
aquellos que cooperen con el nuevo sistema judicial.
Según las reglas del nuevo Tribunal, los agentes del Estado estarán sujetos a un tratamiento especial de justicia; sin embargo, no podrán ser amnistiados o recibir indulto. Para José Miguel Vivanco, director de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) para las Américas –entidad acusada de mantener vínculos estrechos con el Gobierno de Estados Unidos–, el pacto contiene alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas y a efectivas restricciones a la libertad. Sin embargo, advierte que un análisis minucioso del texto revela "numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas”, que se convertirían, en el mejor de los casos, en "promesas vacías”.
El director explica que, sin responsabilidad y castigo efectivos, los esfuerzos para alcanzar una paz duradera en Colombia quedarían debilitados. De esa forma, entiende que, "si [Barack] Obama [presidente de Estados Unidos] tiene un compromiso serio con la paz en Colombia, debe instar a [Juan Manuel] Santos [presidente colombiano] a garantizar una rendición de cuentas genuina por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado”.
Obama recibirá a Santos este jueves 4 de febrero en la Casa Blanca. La ocasión conmemora los 15 años del acuerdo bilateral de cooperación militar y económica para combatir el tráfico de drogas conocido como "Plan Colombia”. Firmado en 2000 por los gobiernos de los presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, y de Colombia, Andrés Pastrana, por el que el gobierno estadounidense habría transferido valores millonarios al país colombiano.
En 50 años, el conflicto armado colombiano provocó el desplazamiento forzado de más de 5,7 millones de colombianos. Según HRW, cada año 200.000 nuevas personas abandonan sus casas huyendo del conflicto, lo que genera la segunda mayor población del mundo de desplazados internos. Para la entidad, el pacto del gobierno con las Farc sacrifica el derecho de las víctimas del confl
Según las reglas del nuevo Tribunal, los agentes del Estado estarán sujetos a un tratamiento especial de justicia; sin embargo, no podrán ser amnistiados o recibir indulto. Para José Miguel Vivanco, director de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) para las Américas –entidad acusada de mantener vínculos estrechos con el Gobierno de Estados Unidos–, el pacto contiene alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas y a efectivas restricciones a la libertad. Sin embargo, advierte que un análisis minucioso del texto revela "numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas”, que se convertirían, en el mejor de los casos, en "promesas vacías”.
El director explica que, sin responsabilidad y castigo efectivos, los esfuerzos para alcanzar una paz duradera en Colombia quedarían debilitados. De esa forma, entiende que, "si [Barack] Obama [presidente de Estados Unidos] tiene un compromiso serio con la paz en Colombia, debe instar a [Juan Manuel] Santos [presidente colombiano] a garantizar una rendición de cuentas genuina por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado”.
Obama recibirá a Santos este jueves 4 de febrero en la Casa Blanca. La ocasión conmemora los 15 años del acuerdo bilateral de cooperación militar y económica para combatir el tráfico de drogas conocido como "Plan Colombia”. Firmado en 2000 por los gobiernos de los presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, y de Colombia, Andrés Pastrana, por el que el gobierno estadounidense habría transferido valores millonarios al país colombiano.
En 50 años, el conflicto armado colombiano provocó el desplazamiento forzado de más de 5,7 millones de colombianos. Según HRW, cada año 200.000 nuevas personas abandonan sus casas huyendo del conflicto, lo que genera la segunda mayor población del mundo de desplazados internos. Para la entidad, el pacto del gobierno con las Farc sacrifica el derecho de las víctimas del confl
icto a la justicia.
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