Marcela Belchior
Adital
En la primera sentencia de la investigación
que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó
que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de
la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina. El
TPP, organización independiente fundada en Italia, afirma que el Municipio de
Ottawa (capital de Canadá) y las empresas Barrick
Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe
Resources son culpables de violar derechos laborales, destruir el medio
ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación,
penalizar la disidencia y cometer asesinatos selectivos.
Niños expuestos a la contaminación de industria minera canadiense en el territorio de Perú. Foto: Milagros Salazar/IPS. |
El secretario general del Tribunal, el epidemiólogo
y sanitarista italiano Gianni Tognoni, doctor en Filosofía y en Medicina, fue uno
de los ocho jueces que tomaron la decisión. En una entrevista a la agencia de noticias
IPS, destaca cómo las decisiones del TPP han repercutido en el debate
internacional. "La batalla por la justicia internacional es absolutamente
idéntica a la batalla por la democracia interna”, observa Tognoni. "Lo que se
podía hacer se está haciendo, con el fin de integrar el tribunal a otras
fuerzas. Para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, agregó.
Tognoni compara las situaciones de violación,
como la provocada por las empresas canadienses, con tratados económicos, éstos
sí con eficacia inmediata. El secretario general del TPP destaca que el conflicto
establecido entre empresas transnacionales y los derechos humanos frecuentemente
queda impune. "No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo
progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”,
critica.
Formalmente, Canadá debe defender en tierras extranjeras
los mismos derechos que defiende en su propio territorio. Por el Principio de
Maastricht, los derechos humanos, universalmente válidos, deben ser respetados
por los Estados más allá de sus fronteras. Brechas jurídicas, falta de regulación
adecuada y la falta de compromiso de los gobiernos y empresas privadas le abren
el camino a la falta de respeto a los derechos humanos en varias partes del
mundo.
La sentencia del TPP, reunida en un documento
de 86 páginas, señala que el 75% de las empresas mineras de todo el mundo tienen
sede en Canadá. Además, indica que compañías canadienses tienen inversiones
estimadas en más de 50 mil millones de dólares solamente en el sector de extracción
en América Latina. Eso representa entre el 50% y el 70% del total de ese tipo
de actividad en el continente. "Y el veredicto muestra claramente que Canadá en
el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, resaltó
Tognoni.
La sentencia no tiene poder concreto de aplicación,
ya que el TPP no tiene legalmente el carácter de una Corte Judicial. El
Tribunal funciona como un apoyo a las comunidades afectadas en la documentación
de abusos cometidos contra las poblaciones, proposición de debate y refuerzo de
la presión por la atención a los derechos de los pueblos. En este sentido, el
TPP hizo recomendaciones al gobierno canadiense y a las empresas mineras involucradas,
así como a agencias y organizaciones internacionales, entre ellas 22 divisiones
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
(Con
informaciones de IPS Noticias)
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