La Alianza del Triángulo Norte
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En un Foro auspiciado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), celebrado en Washington en
septiembre de 2014, el Vicepresidente de EEUU, Joe Biden, manifestó
que su país será el “socio estratégico” para ejecutar el Plan de la
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte conformado por
Guatemala, el Salvador y Honduras, el cual fue presentado por los
presidentes de los tres países. Destacó el interés de los EEUU por
apoyar con recursos financieros áreas de interés común como la
seguridad regional donde se han invertido más de 800 millones de
dólares, el fortalecimiento de la institucionalidad para hacer más
justo el sistema de impartir justicia, sin corrupción ni impunidad,
mejoramiento en la recaudación de impuestos y combate de la pobreza.
Hizo un llamado al sector privado para que invierta más en la
región, se trabaje en forma conjunta con organismos multilaterales
como el Banco Mundial y el BID, mejorando la competitividad de las
economías y la capacitación de los jóvenes para una mejor inserción
en los mercados de trabajo. Resolver el problema de la migración
infantil, garantizando condiciones de vida adecuadas para las
familias de menores recursos económicos y en riesgo social.
La ejecución del plan depende mucho del apoyo ofrecido por la
administración Obama de 1,000 millones de dólares, que fue
solicitado al Congreso para su aprobación como parte de las
proriroidades de inversión en la región. A criterio del presidente
Barack Obama, las necesidades de los países y población de la región
centroamericana y de aquellos que conforman la Alianza del Triángulo
Norte son mayores y se necesitan cerca de 5 mil millones de dólares.
En Honduras, el gobierno de la República ha denunciado que partidos
de oposición como el Partido Anticorrupción (PAC) hacen mala imagen
y conspiran contra la Alianza al denunciar en EEUU los actos de
corrupción, la impunidad y las violaciones sistemáticas de los
derechos humanos en el país; lo mismo puede decirse del gobierno
guatemalteco al ser denunciado por violar derechos humanos de
campesinos y comunidades indígenas. La preocupación es que los
recursos para la ejecución del Plan se destinen a financiar el anti
desarrollo en los países, o sea apoyar políticos, militares, grupos
empresariales y banqueros dedicados a hacer negocios con el Estado,
sin que se garantice previamente la reducción acelerada de los
índices de corrupción e impunidad, mucho menos la reducción de la
violencia, pobreza, indigencia y miseria humana.
En un encuentro a celebrarse en Tela, Honduras, el jueves 26 de
febrero de 2015, los presidentes de los países, bajo el liderazgo de
Juan Orlando Hernández, además del apoyo de organismos como el BID,
PNUD y la OEA, buscan el apoyo del Consejo Empresarial de América
Latina (CEAL), para que el empresariado regional participe de la
ejecución del plan generando fuentes de empleo como medio para
combatir la pobreza y la migración. Entre los invitados al encuentro
de los presidentes de la Alianza del Triángulo Norte con el CEAL,
destaca la presencia de Antonio Meade Kuribreña, Secretario de
Relaciones Exteriores de los Estados Mexicanos, Scott Nathan,
representante especial para Asuntos Comerciales del Departamento de
Estado y Gina Montiel, Gerente del BID para Centroamérica, Panamá,
República Dominicana y México.
Las preguntas que surgen de esta iniciativa tripartita son: ¿Qué
papel juegan los demás países de la región como Nicaragua y Costa
Rica? ¿Acaso no son parte de la región ni enfrentan problemas
económicos y sociales? ¿Es éste un Plan excluyente ideado por EEUU
para apoyar a sus verdaderos aliados en la región? ¿Cuál es el rol
de las organizaciones de sociedad civil defensoras de derechos
humanos? ¿Qué opinión tienen los partidos de oposición acerca de la
gobernanza del plan? ¿Cuál es el interés real de la administración
Obama en la región centroamericana?
Una referencia obligada para buscar respuesta a las interrogantes
anteriores, es el interés de EEUU por fortalecer la Alianza del
Pacifico que conforman Colombia, Perú, Chile y México, como un
bloque regional comercial y estratégico de contrapeso a UNASUR,
MERCOSUR, e incluso a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) promovida por Venezuela. Los países del
Triángulo Norte participarían como un bloque regional dentro de la
Alianza del Pacífico, ya que a pesar de lo pequeño de sus economías
(un PIB de cerca de 103 millones de dólares), y con problemas de
pobreza, desigualdad y violencia, son con México el patio trasero
de EEUUU y posen una ubicación geopolítica envidiable y para
potenciar el comercio y la inversión extranjera directa que ha sido
poca (cerca de 3,450 millones de dólares en 2014), mucho menor que
la de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico.
Asimismo, el plan conlleva la ejecución de una agenda de trabajo
contrapuesta a los esfuerzos de los países que participaron en la
cumbre de la CELAC, celebrada en San José, Costa Rica. En esta
reunión la integración económica, comercial, social, regional y
política de los países será parte recurrente de los temas
importantes de la agenda del CELAC paran avanzar en la ejecución de
políticas públicas más autónomas, como también la vigencia de una
nueva arquitectura financiera para América Latina ya iniciada con el
Sucre y el Banco de Desarrollo creado por los BRICS.
También son evidentes las denuncias de los países del Triángulo
Norte acerca de la posible adquisición de aviones soviéticos por
Nicaragua, la construcción del Gran Canal Interoceánico con fondos
de empresas chinas y las reiteradas condenas de Daniel Ortega a las
sanciones económicas de EEUU y la Unión Europea (UE) a Rusia. Igual,
Costa Rica es la puerta de entrada a China para los países de la
región centroamericana, evidenciando el gobierno de Luis Guillermo
Solís una posición a favor del pluralismo ideológico y la
concertación social y política; el autoritarismo y militarización
que se observa en países como Guatemala y Honduras no va con los
ticos.
El control de los recursos naturales y de los bienes y servicios
ambientales y biodiversidad de la región por empresas
transnacionales es otro de los propósitos perseguidos, destacando
entre los instrumentos la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo
(ZEDES), las Alianzas Público-Privadas, ejecución de proyectos
mineros y energéticos y el control del espacio aéreo y territorio de
tránsito de droga por la DEA. La vigencia de una zona de libre
comercio y de tránsito de personas entre Guatemala y Honduras, es
también un primer paso para conformar la Unión Aduanera en la Región
con apoyo de EEUU que facilita los negocios con y desde aquél país.
Los grupos defensores de los derechos humanos no tienen todavía una
posición unificada sobre la ejecución del Plan de la Alianza en
terreno todavía minado, asimismo los partidos de oposición política
aún no han exigido las garantías requeridas para el uso y manejo de
estos fondos en caso de ser aprobados. Al parecer, lo que está claro
es que existen objetivos no visibles para los pueblos de la región
que forman parte de una agenda geopolítica de los gobiernos de los
países y la propia administración Obama.
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