La
Amazonía peruana tiembla de nuevo con masivas movilizaciones contra el
petróleo. En el Norte, kichwas y achuar, cortan el tránsito fluvial
para que Pluspetrol repare de una vez las décadas de vertidos en sus
ríos. Los metales pesados han penetrado en los huesos de la población.
En la Selva Central, la movilización de Pichanaki contra la entrada de
esta misma empresa en el lote 108, derivó en sucesos represivos cn un
muerto y un centenar largo de heridos. Bajo los ecos de otro Baguazo,
la empresa anunció una ambigua retirada. ¿Son legítimas las demandas de
la población que se obstina en rechazar que petrolizacen sus destinos?
Recuperamos
un fragmento del libro “Gas Amazónico” -editorial Icaria, 2014- que
reflexiona sobre los mecanismos de consulta y los modales de las
compañías.
Lotes petroleros: imponiendo una relación
Hasta
el momento, no se conoce ningún pueblo amazónico, que por iniciativa
propia haya decidido extraer petróleo de sus tierras. Es una idea
ajena, que viene impulsada por el mercado internacional, impuesta por
el gobierno y ejecutada por empresas de capital extranjero.
Lamentablemente, existen en la Amazonía demasiadas historias de pueblos
cuyos destinos se vieron truncados por ideas gestionadas en Lima o en
despachos de casas matrices de empresas transnacionales. Los achuar son
uno de ellos. Pero hay muchos más. Ante decisiones impuestas, los
pueblos reacomodaron su existencia para sobrevivir.
Por
ejemplo, durante la época más sangrante de Sendero Luminoso (1988-1994)
en la Selva Central, el pueblo asháninka sufrió el secuestro de niños y
desplazamiento de comunidades. Para defenderse de los ataques,
organizaron un cuerpo de autodefensa conocido como Ovayerti o Rondas
Asháninkas que involucró a miles de personas. El año 1996, cuando la
situación parecía alejarse, la concesión de los territorios asháninka a
la compañía Elf, puso de nuevo a los Asháninka en riesgo. Para
defenderse de los ataques de la guerrilla, la Elf usó el Ovayerti como
un cuerpo de seguridad de la empresa. A cambio de comida, movilizó los
cuerpos de seguridad indígena para proteger la apertura de 430
kilómetros de líneas sísmicas en regiones controladas por Sendero
Luminoso. Esta colaboración exponía de nuevo a las comunidades Ashánika
a los ataques de la guerrilla, la cual por otra parte, recibió
materiales y equipamientos de la Elf para evitar así el secuestro de
mano de obra contratada (HEREDIA, 1998).
Parece evidente que
los Asháninka no decidieron trabajar como cuerpo de seguridad petrolera
por iniciativa propia. Las condiciones estaban dadas y, en su afán por
vivir en su territorio, terminaron convertidos en instrumentos de una
compañía que sólo buscaba beneficio a corto plazo.
El año 2007
se concesionó el bloque 108 a la empresa Pluspetrol. La Central
Asháninka del Río Ene expresó su rotunda oposición: “Primero nos
invadió Sendero y generó conflicto social y muerte, ahora vienen las
empresas trasnacionales a quitar nuestro territorio. Que nos contaminen
es otra forma de morir". El febrero de 2007 los asháninka
paralizaron las actividades de Repsol denunciando que ésta estaba
vulnerando los acuerdos con las comunidades. [2]
Actualmente,
las empresas recurrirán a citar los convenios de compensación que han
firmado con las diferentes organizaciones indígenas. Con ellos se
justificarán en las inminentes intervenciones de los territorios
indígenas o cuando, “imprevisiblemente”, se sucedan accidentes,
derrames o vertidos que deterioren irreversiblemente los cuerpos de
agua y por tanto la fuente de alimento.
Por eso, es importante
remarcar, como punto de partida, el contexto de imposición absoluta en
el momento de concesionar la Amazonía en lotes petroleros por parte del
Estado. Los pueblos ahí no pintan nada pero, una vez rubricado los
contratos de concesión, las comunidades se verán forzadas a negociar
con los nuevos “dueños” del lote.
Falsas consultas
Existen
grandes debilidades en torno a los mecanismos de relación entre
empresas y comunidades. Equivocadamente, se acostumbra a referirse a
ellas como una relación de iguales, donde las dos partes deciden los
términos de una negociación de intereses comunes, donde “el desarrollo”
sería el punto de confluencia común. Sin embargo, la realidad es otra.
Para
los pueblos originarios de la Amazonía, la consulta protocolaria que
realizan las empresas, cuando éstas ya están en el territorio es un
engaño. No tienen campo de maniobra en un contexto donde la decisión ya
está tomada.
Según Lily La Torre, la consulta debería
realizarla el Estado antes de definir el trazado de los límites de la
concesión. Sin prisas, sin empresas defendiendo millonarias
inversiones. Sin licencias ambientales esperando a ser selladas en los
despachos de Lima.
Para Oscar Gutiérrez, de la ONG Racimos de
Ungurahui, la consulta ya es un proceso en el cual uno quiere entablar
conversaciones con otro. Pero el primer paso entre dos partes sería
saber si una parte quiere entablar conversación. “Entonces, el punto
de inicio no sería la consulta, sino determinar qué se quiere conversar
y qué no se quiere conversar. Más que consulta, se debe garantizar la
libre determinación de los pueblos a decidir si quieren o no entrar en
el proceso”. [3]
Por otro lado, las
empresas tienden a confundir, deliberadamente, las Audiencias Públicas
con las Consultas. Las Audiencias son reuniones informativas donde la
empresa detalla sus planes operativos próximos y la sociedad civil
puede participar en ellas como público y exponer dudas y
recomendaciones. En muchos casos, la afluencia de ONGs, funcionarios,
personal de la empresa, opaca a la población local y suplanta o
entorpece el espacio de decisión. Se cruzan muchas opiniones pero se
escucha poco la voz de la población local. Las empresas toman acta del
encuentro y lo adjuntan en sus Estudios de Impacto Ambiental como
consulta realizada.
A parte, en los últimos años se han
flexibilizado las normas para acelerar los trámites para obtener los
permisos de operación. “Mientras se amplían los plazos para que las
empresas aporten la documentación, se acortan los plazos de revisión
por parte del Estado”-sostiene la abogada Miluska Carhuavilca [4] -“además se ponen sanciones a los funcionarios que incumplen los plazos”.
En cuanto a las Audiencias, en la norma de 2002, la población podía
participar activamente en ellas. A partir de 2004, se restringe la
participación sólo a observaciones por escrito. “En poblaciones donde apenas se habla español, donde no pueden escribir fluidamente sus ideas, el nivel de restricción es alto”. En definitiva, concluye Carhuavilca, existe un marco legal que claramente favorece a las empresas.
La
Consulta Previa fue el objetivo central por la que lucharon los pueblos
amazónicos en los levantamientos de 2008 y 2009. Tras el Baguazo, se
inició un largo proceso para legislar este derecho reconocido como un
pilar del Convenio Nº 169 de la OIT, tratado que Perú adhirió en el año
1994. La Ley fue finalmente aprobada en 2011. Sin embargo, existen
varias dudas sobre la efectividad de esta ley para garantizar la libre
decisión de los pueblos sobre el destino de sus territorios.
Pichanaki se ha pronunciado. Que las petroleras aprendan a llamar la puerta antes de entrar.
Notas
Marc
Gavaldà: Autor de Gas Amazónico, Ed. Icaria, Barcelona, 2014.
Realizador del documental “Alerta Amazónica, pueblos acorralados por el
gas” https://vimeo.com/83847726
[2] Radio
Amazónica Satipo, “Ashánikas paralizan actividades de Repsol en el
Bloque 57, Río Tambo (07/02/2007)” en Un Ojo en la Repsol Nº 43,
03/2007. http://repsolmata.ourproject.org
[3] Alerta Amazónica, entrevista a Oscar Gutiérrez de Racimos de Ungurahui. Lima (03/08/2011).
[4] Alerta Amazónica, entrevista a Miluska Carhuavilca. Lima (02/08/2011).
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