Como
España hoy, hace unos años, Ecuador era el país sudamericano que más
parte de su presupuesto consagraba al pago de su deuda soberana.
En
2005, Quito atribuyó el 40% del presupuesto público al pago de los
intereses de la deuda mientras los gastos de sanidad y educación se
reducían al 15%. Se satisfacía primero a los acreedores extranjeros, en
detrimento de las necesidades fundamentales de la población. Un
endeudamiento ilegítimo, una dependencia económica y financiera y un
aumento de las desigualdades constituían las principales
características de aquel Ecuador. Ante ese estado de hechos, en
noviembre de 2006, a través de la vía electoral, los ecuatorianos
llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. Y con él
todo cambió.
Al asumir el cargo en enero de 2007, Rafael Correa
preconizó una “Revolución Ciudadana”, no violenta y democrática, que
favoreciera la integración, la solidaridad y la equidad. Para alcanzar
tales objetivos, era necesario asumir el poder a fin de transformarlo
en poder popular, para provocar cambios en las estructuras desiguales
existentes, puesto que el verdadero de¬sarrollo sólo es posible a
través de la modificación de las relaciones en el seno de la sociedad.
Correa
decidió optar por la vía alternativa de dedicar los fondos estatales al
gasto social y productivo, reduciendo de forma significativa la
proporción del presupuesto asignada al pago de la deuda externa, y
aumentando considerablemente la inversión humana. La realización de
esta política fue posible gracias, en gran medida, a los resultados de
la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las deudas
consideradas ilegítimas. Para lograrlo, Ecuador tuvo que atravesar un
camino plagado de obstáculos.
En el periodo de 1982 a 2006, la
deuda externa en su totalidad (privada y pública) no hizo más que
aumentar. Las ligeras “correcciones” derivadas de las diferentes
condonaciones y renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso
ascenso, que pasó de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones
de dólares en 2006. Representó como media, en el conjunto del mismo
periodo, casi el 61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía
entonces una verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre
las sumas recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas
reembolsadas, se constata que la transferencia neta respecto a la deuda
era negativa.
En ese periodo, más de 13.500 millones de dólares
salieron de Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores
extranjeros. Así pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento
de dominación y de expolio de los países deudores, concebido por y para
los países acreedores y las instituciones financieras internacionales.
Además, Quito transfirió más de mil millones de dólares a los
organismos multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario
Internacional– y, sin embargo, su deuda aumentó.
Los intereses
de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los ingresos fiscales
petroleros y, en 2006, el 200%… Si esta tendencia se hubiera mantenido,
Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en 25 años sin haber
invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el
14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se utilizaron para
proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación,
transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las
empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital y los
intereses de la deuda externa.
El presidente Rafael Correa se
comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la
deuda y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello,
creó la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público”
(CAIC) el 7 de julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese
modo impulsar la identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los
acreedores multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores
bilaterales. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador
renegociaría entonces el pago de la deuda externa. Decidió no pagar las
deudas que no hubieran beneficiado a la población o que se hubieran
contraído de forma fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra
los responsables de la situación de endeudamiento.
La posición
de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no
afecte a las prioridades del desarrollo nacional. Posición que no
excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige.
El Gobierno se posicionó así como “país acreedor” frente a una deuda ya
ampliamente pagada y de la cual una buena parte era ilegítima, lo que
justificaba su no devolución.
Un ejemplo de deuda ilegítima fue
la decisión del Gobierno noruego de anular la deuda ecuatoriana. A
finales de los años 1970, la industria noruega de construcción naval se
encontraba en mala situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña
de exportación de navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin
considerar la realización efectiva de los proyectos previstos ni la
capacidad de reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos
concluidos con 21 países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda.
Ecuador fue uno de los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la
presión de activistas por la anulación de la deuda tanto en Noruega
como en Ecuador, el Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por
tomar conciencia de que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de
octubre de 2006, el ministro noruego de Desarrollo Internacional
anunció la anulación de la deuda para los países que, como Ecuador, aún
debían entonces 36 millones de dólares.
Las renegociaciones con
los acreedores internacionales habían empezado en 1983 cuando la deuda
comercial de las empresas privadas ecuatorianas pasó a ser
responsabilidad del Estado, ya que éstas no tenían recursos para
cumplir con sus obligaciones económicas (como pasa hoy en España con
los bancos). El proceso de renegociación conoció diversas peripecias,
pero las cosas no cambiaron realmente hasta que, en 2007, siete meses
después de su elección, el presidente Correa decidió crear la CAIC. Las
conclusiones mostraron que numerosos préstamos habían sido concedidos
violando reglas elementales del derecho internacional.
Como
ocurre hoy en Grecia, en Portugal o en España, esas condiciones de
crédito aceptadas obligaron a Ecuador a iniciar reformas estructurales
que garantizaran modelos de pago de la deuda, en detrimento del
crecimiento económico y de los derechos sociales de la población.
Se
llegó así a la sexta renegociación, en noviembre de 2008. Quito decidió
suspender el pago de títulos de deuda con fecha de vencimiento, algunos
para 2012, y otros para 2030. Rafael Correa propuso una
reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino porque
existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda. El
Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener en cuenta, no
sólo las exigencias de los acreedores, sino también las demandas del
Gobierno, tomando ante todo en consideración las posibilidades de pago
del país, únicamente después de haber satisfecho las necesidades
sociales del pueblo.
En junio de 2009, Ecuador consiguió
readquirir títulos de deuda por valor de 3.200 millones de dólares por
sólo 900 millones de dólares, es decir, con una reducción de entre un
65% y un 70% de su valor. Si tenemos en cuenta los intereses que
Ecuador ya no tendrá que pagar, puesto que ha comprado títulos que
vencen en 2012 y en 2030, el Tesoro Público ahorró en torno a 7 280
millones de dólares para los próximos 21 años. Esto ha permitido
encontrar nuevos medios financieros y aumentar el gasto social en la
sanidad, la educación, la ayuda social y el desarrollo de
infraestructuras de la comunicación.
Como consecuencia, la deuda
de Ecuador descendió de 17.475 millones de dólares en 2008 a 13.686
millones en mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3.789
millones de dólares. El saldo de la deuda externa pública fue
restablecido a 8.705 millones, mientras que el de la deuda privada
quedó en 4.981 millones.
Esta actitud original y soberana del
Gobierno responde a preceptos precisos inscritos en la nueva
Constitución ecuatoriana aprobada por sufragio universal en septiembre
de 2008. En especial, el artículo 290 somete todo endeudamiento futuro
a las siguientes reglas:
1. Se recurrirá al endeudamiento público
sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la
cooperación internacional sean insuficientes. 2. Se velará para que el
endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen
vivir y la preservación de la naturaleza. 3. Con endeudamiento público
se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para
infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se
podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas
condiciones sean más beneficiosas para Ecuador.
La no
devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha permitido a
Ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses incluidos),
que se han reinvertido en el ámbito social.
Por otra parte,
entre 2006 y 2011, el porcentaje del presupuesto estatal dedicado a la
devolución de la deuda pasó del 24 al 7%, mientras que el relativo a
los gastos sociales aumentó del 12 al 25%. Además, el crecimiento del
PIB alcanzó una media del 4% desde 2006 y de un 7,8% en 2011, lo que
permitió financiar el aumento de los salarios, las pensiones y la
mejora general de las condiciones de vida.
En mayo de 2010, a
raíz de un encuentro con el ex primer ministro griego Yorgos Papandreu,
Rafael Correa le aconsejó, pero en vano, que Atenas dejase de pagar su
deuda. Le explicó en términos simples pero significativos: “Es la
lógica financiera: te caíste, me pagas más y más caro. Cuando la lógica
del desarrollo tendría que ser: te caíste, pues te levanto y después ya
veremos cómo nos arreglamos”.
Reiteró este consejo el 8 de
octubre de 2011 a los países europeos afectados por la “crisis de la
deuda”, que no es más que un pretexto para la implementación de
políticas de austeridad.
Si analizamos las medidas regionales,
coherentes con las políticas mencionadas, se puede destacar que en
marzo de 2007, siete países de UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay) decidieron restablecer márgenes de
maniobra creando el Banco del Sur, una institución financiera que
dispondrá de una parte de las inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000
millones de dólares– para el desarrollo del continente.
Y
Ecuador añadió otros dos pilares a la nueva arquitectura financiera
regional con la Declaración de Quito de mayo de 2007. Propone la
creación de un fondo de estabilidad regional, el Fondo del Sur, y una
unidad de cuenta común que abra el camino a la futura unión monetaria
sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario de Compensación
Regional de Pagos, boceto de una moneda común. Tras cinco años de
Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado encontrarse por primera vez en
una situación que le permite realizar una distribución adecuada de la
renta y la riqueza, promover la producción nacional, la integración
regional, el respeto a los derechos de los trabajadores y la
estabilidad económica.
Aunque todavía quedan objetivos por
alcanzar, las cifras de la revolución productiva y económica son
reveladoras de un cierto optimismo. El paro y los contratos precarios
se han reducido, la pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de
la región que más ha reducido su índice de pobreza, que ha caído 9
puntos situándose en un 28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la
pobreza.
Gracias al crecimiento económico y a la gestión
responsable de las finanzas, la deuda pública en relación al PIB ha
descendido a su nivel más bajo en la historia. En octubre de 2011, se
situaba en un nivel del 22% (14% de deuda externa y 8% de deuda
interna).
Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.
Carlos Játiva. Embajador de Ecuador en Francia
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