PIA.- La Corte Suprema cerró la investigación por torturas y vejámenes que sufrieron los soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas
(1982) por parte de sus superiores. La denuncia presentada hace más de
siete años por el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata reunía
más de 120 denuncias de crímenes de lesa humanidad y llegó al máximo
tribunal tras varios recursos de apelación y pedidos de prescripción.
Los ex combatientes se preparan para movilizar y exigir la revisión de
la decisión, así como acudir a la Justicia internacional.
Luego de tres años de suspenso, en una breve resolución de tres
párrafos fechada el pasado 19 de febrero, la Corte Suprema de Justicia,
conformada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos
Fayt y Juan Carlos Maqueda, decidió cerrar la investigación por
torturas, estaqueamientos, violaciones y otros tratos inhumanos a los
soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas que enfrentó el país
ante la ocupación del archipiélago por parte del Reino Unido durante la
última dictadura militar.
Para los veteranos, la decisión judicial se trata de “una nueva
imposición de silencio para los ex combatientes de Malvinas” y
denunciaron que los jueces “han cometido un grave error jurídico”. En
ese marco, señalaron que no retrocederán “en las conquistas en materia
de derechos humanos” y subrayaron “no descansaremos hasta que se
investigue a todas y cada una de las personas sospechadas de haber
cometido graves violaciones a los derechos humanos”.
Este miércoles, los ex combatientes movilizarán hacia el Palacio de
Tribunales donde realizarán una conferencia de prensa para presentar un
pedido de revocatoria y aclaratoria de la resolución. Asimismo,
presentarán la denuncia ante la Justicia internacional.
El largo reclamo judicial se inició en 2007, con la presentación de
más de 120 denuncias de soldados de La Plata y el resto del país ante
el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, contra más de 80
militares. La iniciativa fue acompañada desde un principio por
distintos organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial
por la Memoria y la agrupación HIJOS.
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia interpretó que se
trataban de delitos de lesa humanidad, pero tras un recurso presentado
por uno de los imputados, Jorge Eduardo Taranto -a quien los ex
conscriptos señalan como parte de los servicios de Inteligencia
privados que tienen llegada a la Justicia-, el caso llegó a la Sala I
de la Cámara Nacional de Casación Penal y los jueces dictaron la
prescripción.
En 2012, el entonces procurador subrogante Luis Santiago González
Warcalde señaló ante la Corte que las denuncias comprendían “graves
violaciones a los derechos humanos” y estableció líneas para
considerarlos como delitos de lesa humanidad por lo que la
investigación debían prosperar.
En declaraciones a Página/12, Ernesto Alonso, presidente de CECIM,
aseguró la decisión judicial constituye “una falta de respeto para los
ex combatientes y para la sociedad. Queremos que la Justicia actúe a la
altura de las circunstancias. Malvinas es una deuda pendiente.
Evidentemente les molesta y se lo quieren sacar de encima porque entre
los denunciados hay personas que son habitués de los pasillos
judiciales”.
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