Las
denuncia formulada el 19 del presente por el Ministro de Defensa del
Perú develando actos de espionaje llevados a cabo por Chile en
territorio peruano, generaron profundo malestar en la ciudadanía
agraviada e inquietud en el ámbito internacional.
Pero el
espionaje que Chile realiza desde hace tiempo atrás no es ya un tema
novedoso para la opinión pública, si se tiene en cuenta los abundantes
casos denunciados anteriormente no sólo por el Perú, sino también por
Argentina y Bolivia (1) –espionaje chileno contumaz-.
La explicación a estas inamistosas acciones de agresión belicista se
centra en las políticas gubernamentales concebidas por “la democracia
chilena” para acatar la constitución dictatorial legada por Pinochet,
que además de visualizar expoliar a su propia población mapuche,
pretenden también expandir su territorio al de sus vecinos (2).
Baste leer solamente su Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa
2012-2024, para darse cuenta que ese país se distingue del resto de
países suramericanos, por privilegiar la expansión territorial armada
basándose en falacias convertidas en hipótesis (3).
Pero extrañamente tampoco es novedoso saber que luego de las denuncias
y protestas peruanas, las relaciones con Chile han regresado sin
explicación alguna al mismo punto de fingida “normalidad” -hasta la
producción de un nuevo agravio contra el Perú-.
Y en ello
está residiendo el incomprensible y negligente accionar de sucesivos
gobiernos peruanos del período neoliberal -Alejandro Toledo, Alan
García y Ollanta Humala-, que hace tiempo merece la reprobación de la
población peruana y su enojo.
Y allí se podría asentar el
detonante o punto de inicio de un nuevo conflicto con Chile, que sería
provocado únicamente por inacción política de la parte peruana.
Los desatendidos reclamos de la nación a consecuencia no sólo del
espionaje, sino también por la usurpación chilena de 3.7 hectáreas de
territorio peruano fronterizo desde el 2006, han provocado que Ollanta
Humala haya sido denunciado ante la justicia peruana por ciudadanos que
lo acusan por la comisión del delito de traición a la patria.
Y el libreto que hace poco desarrolló Humala para denunciar por un lado
el espionaje chileno ante los medios, y por el otro, convocar a la
mafia de “líderes políticos” sin representatividad popular alguna para
conformar “la causa nacional”, evidencia que sólo pretendería seguir
los pasos de sus antecesores en el gobierno.
Es decir, que
gravemente estaría solamente interesado en “cortar las ramas resecas
del árbol carcomido por termitas, sin pretender curarlo”.
Solo se puede definir así el nivel alcanzado por las relaciones
bilaterales entre Perú y Chile, por más que la “gran prensa” de ambos
países aliadas en la mentira, la propaganda negra y los negocios,
pretendan exaltarlas como “de inmejorable calidad”.
Sino como
entender que pese a haber trascurrido ocho años de la usurpación
chilena del territorio peruano, ningún gobierno del Perú haya formulado
aún la denuncia oficial que corresponde ante organismos internacionales
competentes –UNASUR, CELAC, ONU-.
Más aún, que autoridades y
tropas chilenas usurpadoras prosigan dictando disposiciones en ese
área, con el apoyo inclusive de autoridades peruanas –“para evitar
muertes por minas”-.
Y que sin embargo cual paño tibio sobre
un cáncer, se atine solamente a denunciar como único agravio el
“colateral” caso de espionaje de Chile -que ese país negará como
siempre- y se solape el inadmisible caso de usurpación chilena de
territorio peruano fronterizo.
Los dos casos –espionaje y
usurpación- tienen la misma gravedad puesto que perfilan la misma
tendencia de Chile por mantener una política gubernamental inamistosa y
belicista con su vecindad.
Esta debe ser observada con
preocupación por sus vecinos Perú, Argentina y Bolivia, así como por
los países de la región para efectos de sus correspondientes relaciones
bilaterales.
Pero cómo entender la reacción del gobierno
peruano ante esa “política” belicista, cuando fue el corrupto
mandatario Alan García quien promoviera la “Alianza del Pacífico” que
“integraría” según éste a Perú y Chile –ficticiamente- dentro de ese
aparato neoliberal.
Y lo grave del hecho que esa “alianza”
fuere suscrita por Alan García en circunstancias que el territorio
peruano seguía usurpado –como hasta ahora- sin imponer condición alguna
a Chile, a pesar de existir desde 1929 un tratado definitivo de límites
terrestres.
La conflictividad creada por la ambición
expansionista chilena que podría escalar en otros escenarios y
problemas, sería responsabilidad exclusiva de los gobiernos peruanos
toda vez de no haber denunciado internacionalmente estas anómalas
situaciones.
El hecho que Perú aceptara que dichas agresiones
sean vistas en forma bilateral mediante el procedimiento de “cuerdas
separadas” que propuso la cancillería de Chile y élites neoliberales de
ambos países, ha sido causa principal de la minusvalía con la que Perú
llegó a la mesa de negociaciones para hacer prevalecer sus derechos.
El “procedimiento” encerró por separado en un campo las reclamaciones
peruanas sobre la soberanía agraviada, sosteniendo intrascendentes
conversaciones con Chile para culminar esas constantes agresiones.
Y en otro campo se apartó a las privilegiadas relaciones
económico-financieras del neoliberalismo corrupto de ambos países, que
proseguiría desarrollando sus actividades en búsqueda de lucro, aun
cuando se produjeren más agravios a la soberanía peruana.
Y
ella fue una decisión política grave de la parte peruana –sino un
delito constitucional-, cuando se sabe que la soberanía emana del
pueblo y no de grupos empresariales, y que ésta involucra, a todos los
ámbitos del quehacer nacional sin excepción.
Pero esto debe finalizar a partir de la ya abultada sumatoria de agresiones chilenas.
Creemos que llegó el momento de hacer una revisión total de las
relaciones bilaterales del Perú con Chile, privilegiando la soberanía
peruana por encima de una maraña de in-soberanos acuerdos que sólo
benefician a esas élites económicas en desmedro del país.
Ello debe incluir la revisión de las decisiones presidenciales
adoptadas por mandatarios que se sucedieron en gobernar el país entre
1992 a la fecha, para entender los entresijos de esa aparente apatía
mostrada por el Perú ante las sucesivas agresiones de Chile.
Y como al parecer no existen autoridades competentes para esta labor
que no hayan sido tocadas por la “indecisión”, esa tarea debe ser
realizada con el soporte de una comisión de peruanos notables que elija
la ciudadanía.
Notas:
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