Por Stella Calloni*Buenos Aires (PL) El pasado 18 de enero el fiscal Alberto Nisman al frente de la Unidad Especial que investigaba la causa sobre el cruento atentado contra la mutual judía AMIA (18-6-1994) fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento y con todas las puertas de su casa cerradas por dentro.
Cuatro días antes había presentado una denuncia, sin prueba alguna, mal redactada con serias contradicciones acusando a la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman y otras personas de intentar encubrir a funcionarios iraníes acusados -sin pruebas- de ser culpables del atentado. En días se había puesto en marcha un golpe encubierto de mano externa.
El fiscal había sido colocado al frente de la investigación en 2004, después de diez largos años, cuando se cerró el más escandaloso e irregular juicio de la historia, sin lograr encontrar a los culpables del atentado que dejó 85 muertos y centenares de heridos. Este hecho aparece como un eslabón más de un golpe en desarrollo, en el que participan un sector de la justicia, la oposición, los medios masivos de comunicación y la CIA y el Mossad de Estados Unidos e Israel respectivamente.
Para entender esto hay que entender de qué se trata el caso AMIA, y conocer precisamente las graves irregularidades cometidas por haber entregado en los años 90 la investigación a los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes, que operaron conjuntamente con el grupo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
INVESTIGACION BAJO CONTROL EXTERNO
El cruento atentado conmovió al país; el juez que quedó a cargo de la investigación en julio de ese año fue Juan José Galeano quien comenzó su actuación bajo una presión muy evidente.
La inteligencia israelí -que envió sus hombres a "colaborar" en las primeras horas del hecho- y la CIA estadounidense, en sólo 24 horas después del atentado acusaron a la República de Irán y a Hezbollah de. Líbano, sin pruebas.
Sin haber iniciado la investigación ofrecieron un "testigo" importante a Galeano, quien viajó a Venezuela, para entrevistarlo.
Se llamaba Manoucher Moatamer y se presentó como un exfuncionario iraní, que había huido de su país y acusaba al gobierno de Irán de ser responsable del atentado, sin ninguna prueba. Sus dichos erráticos, al poco tiempo se cayeron. Es decir que habían "vendido" un testigo falso.
Moatamer, se había ido de Irán con su familia en 1993. Falta saber cómo llegó a Venezuela en 1994, terminando al final en Los Ángeles, como "testigo protegido de la CIA".
La causa de Galeano siguió navegando en un mar de irregularidades, pero aún en 1997 fue a ver nuevamente a Moatamer a Estados Unidos, pero nada agregó a su testimonio anterior. En 2008 finalmente este confesó que había mentido para obtener la visa a Estados Unidos.
En 1998,nuevamente la CIA y el Mossad ofrecieron otro presunto "testigo" en este caso radicado en Alemania Abolghasem Mesbahi, llamado "el testigo C". Mesbahi había sido desplazado en 1989 de algunas tareas menores para la inteligencia iraní, sospechado como agente doble. Se dedicó a la actividad privada y realizó una serie de estafas, tras lo cual se fue a Alemania donde se radicó desde 1996.
En ese tiempo acusó a Irán de cada uno de los "atentados terroristas" que no se esclarecían en el mundo -lo que siempre sucede con los atentados de falsa bandera-como el Lockerbie y otros.
El testigo C que ganó fama por el misterio que rodeaba su nombre vio una nueva oportunidad acusando a Irán, con la anuencia de los servicios alemanes, estadounidenses e israelíes de la voladura de la AMIA.
Sin pruebas contó su versión en Alemania ante un juez del lugar y el argentino Juan José Galeano, que viajó a ese país en 1998.
"Mesbahi declaró cinco veces bajo juramento en la causa y en los puntos esenciales dio 5 versiones distintas y contradictorias de estos, que no podrían servir nunca como prueba. Sólo dichos y palabras, y por supuesto, conjeturas y deducciones de "inteligencia", resume el abogado Juan Gabriel Labaké, en su libro "Amia Embajada ¿Verdad o mentira?".
Este abogado, por cierto no oficialista, viajó a Teherán, a Europa y Estados Unidos, reuniendo datos entrevistándose con fuentes importantes, y finalmente llegó a la conclusión de no existían pruebas contra Irán en el juicio de AMIA tanto bajo la dirección de Galeano, como bajo la del Fiscal Nisman, quien sólo refritó los expedientes de su predecesor, le dio cierto orden pero acusando, como ordenaron Washington y Tel Aviv, siempre a Irán.
El periodista Gerth Porter de The Nation, escribió en una nota el 16 de mayo de 2010, que el embajador de Estados Unidos en Argentina en el momento del atentado a la AMIA, James Cheek le dijo en una entrevista "que yo sepa no hay ninguna evidencia real de la participación iraní. Nunca probaron nada".
Lo extraño es que cuando Nisman acusa a Irán en 2006 ya se sabía que ambos testigos no eran creíbles, y la justicia británica había devuelto por falta de pruebas un pedido de extradición del exembajador iraní en Argentina Haadi Soleimanpour. El diplomático iraní estaba haciendo un curso en Londres cuando lo detuvieron en 2003 hasta que llegara el exhorto de extradición.
Debieron soltarlo en 2004 y pagar una indemnización de 189 mil libras esterlinas.
También Interpol devolvió un primer pedido de Alerta Roja, por falta de pruebas y el segundo pedido en 2013 y que está hasta estos días, por especial pedido del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor TImerman, tampoco tiene aún el fundamento de las pruebas que el juez Rodolfo Canicoba Corral le pidió a Nisman que investigara. Ahora se sabe que Nisman no había cumplido con reunir pruebas, sino simples deducciones de inteligencia que no sirven a la justicia ni a la verdad.
El juicio primero de la AMIA debió ser cerrado por escándalos e irregularidades graves, una de las cuales consistió en que el juez Galeano, con apoyo del entonces presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA), Rubén Berajas, pagó 400 mil dólares a un reducidor de autos robados Carlos Telledín para que acusara a diplomáticos iraníes y a policías de la provincia de Buenos Aires.
Estos últimos estuvieron cinco años detenidos y debieron ser liberados por absoluta falta de pruebas, sin vinculaciones con la causa. Así escandalosamente terminó ese juicio.
*Prestigiosa intelectual argentina y colaboradora de Prensa Latina
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