Ayotzinapa
tiene múltiples niveles de significación. Por ahora, y con el objeto de
dar respuesta a la pregunta que da título al presente artículo, acá se
acota el tratamiento de ese acontecimiento histórico al significado
específicamente político en tres escalas geográficas, a saber: el local
(Guerrero), el nacional (México) y el continental (América).
Es alentador observar que las acartonadas lecturas academicistas están
cada vez más agotadas, y que los diagnósticos o análisis más exactos,
teóricamente relevantes, tienen predominio en los foros de información,
en los espacios de comunicación ciudadanos, en las multitudinarias
protestas, en las redes sociales en Internet. A diferencia de otras
ocasiones de tragedia análogas, en esta oportunidad los académicos e
intelectuales a sueldo, la prensa oficialista y los medios de
comunicación masiva fracasaron en su habitual empeño de imponer la
versión falsaria del Estado. Para quien no había reparado, adviértase
que este es un signo de debilidad del poder.
Cabe hacer notar
que el tema de la guerra y violencia en América Latina sigue
básicamente tres tesituras: uno –acaso la interpretación dominante–,
que el conflicto es resultado de una confrontación entre las propias
organizaciones criminales o grupos armados irregulares, o bien, entre
éstas y el Estado en aras de un control de territorios, rutas
comerciales y soberanías; dos, que el escenario belicista está ligado a
ciertas estrategias institucionales y políticas de Estado fallidas o
accidentadamente aplicadas para el combate al crimen o la droga; y tres
–explicación que felizmente gana terreno–, que el desencadenamiento de
la violencia no responde a un asunto de traumatismos externos o
estrategias institucionales fallidas, sino que es consustancial a la
naturaleza militar de las políticas de Estado, a la trama de los
procesos e intereses dominantes en América Latina y el hemisferio. La
consigna “Ayotzinapa fue el Estado” condensa el sentido de esta lección
histórica.
Esta última interpretación, aunque crecientemente
aceptada, aún se encuentra en un estado teórico incipiente, y su
alcance en la arena política todavía es restringido. No pocos
periodistas avanzan en la documentación empírica de las contradicciones
que encierra el presunto antagonismo Estado-crimen. Es probable, y
naturalmente deseable, que la fundamentación teórica de este asunto
crucial avance con el rigor e insistencia que demanda la emergencia
nacional.
Por ahora sólo cabe rastrear el significado y
alcance político de la masacre en Iguala y la desaparición de los 43
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
Nótese que Ayotzinapa se aborda acá como un “acontecimiento”, en el
sentido histórico del término, es decir, una ruptura con ciertos
procedimientos rutinarios, y por consiguiente, un hecho que transgrede
sustantivamente la realidad o las realidades que gravitan alrededor de
esta fractura histórica.
Ayotzinapa es la otra historia de Guerrero
Guerrero es una entidad atravesada por las más agravantes
contradicciones. Cerca del 70 por ciento de la población guerrerense
vive en situación de pobreza. Las tasas anuales de crecimiento en el
estado a menudo están debajo de la media nacional, que para una entidad
tan profundamente desigual este estancamiento económico se traduce
necesariamente en miseria crónica. Pero Guerrero también es sede de una
de las industrias turísticas más prósperas del país, el principal
destino de recreación de las clases medias-altas durante la segunda
mitad el siglo XX. También es un territorio rico en recursos naturales.
El estado está gobernado fácticamente por empresarios del ramo
turístico, compañías extractivas foráneas, y poderosos cárteles de la
droga. La situación social de Guerrero cambió poco en un siglo. El
recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico y el
empoderamiento de las empresas criminales es acaso la novedad más
visible.
Guerrero es un estado con dos historias radicalmente
reñidas: por un lado, la historia oficial de los caciques y capitales
nacionales e internacionales, los megaproyectos turísticos e
incursiones de las mineras canadienses o estadounidenses; y por otro,
la historia confidencial, la otra historia, la de la
clandestinidad de la resistencia popular, la desobediencia civil, la de
la disidencia política reprimida con especial virulencia por el Estado
mexicano. Ayotzinapa es una bisagra en el cruce de estas dos historias.
La toma masiva de ayuntamientos en Guerrero por parte de
distintas organizaciones sociales reunidas en la Asamblea Nacional
Popular, en clara respuesta a los hechos criminales del 26 de
septiembre de 2014, y en radical desconocimiento de los poderes
públicos formales, representa el ascenso a la superficie de esa
historia oculta, de esa otra realidad, que paradójicamente es la
realidad dominante de Guerrero.
En los cálculos del Estado,
Ayotzinapa debía formar parte de la historia no oficial o subterránea.
Pero esta siniestra normalidad no prevaleció. Ayotzinapa es la
posibilidad de recuperar esa otra historia eclipsada por el bandidaje
de los negocios involucrados en territorio guerrerense, y poner esa
tradición de resistencia al servicio de las luchas en curso. Con
Ayotzinapa, la rica historia de resistencia en Guerrero se eleva a
rango de patrimonio de la resistencia global.
Guerrero es todo el territorio nacional
Ayotzinapa encendió “la llama de la insurrección”. La crispación social
se extendió a toda la geografía nacional. “Todos somos Ayotzinapa”,
reza la leyenda. México se miró en un espejo aquel 26 de septiembre de
2014. Tlatlaya y Ayotzinapa pusieron al desnudo la vocación criminal de
las fuerzas armadas, y la complicidad de los mandos civiles en la
comisión de delitos de lesa humanidad. La actuación de las autoridades
públicas se reduce al encubrimiento de las operaciones delictuosas del
Ejército y las policías, y al suministro de protección e impunidad para
el crimen organizado. Después de Ayotzinapa, el país acabó de cobrar
conciencia de una realidad inexpugnable: que el Estado está en guerra
contra la población civil, y al servicio del crimen; que Guerrero es
todo el territorio nacional, y que el narcoestado es la cifra dominante de ese territorio nacional.
En relación con ese reconocimiento de maridaje entre el Estado y el
crimen, en otra ocasión se dijo: “Es preciso insistir en la
especificidad de un narcoestado. En suma, se trata de un Estado
que impulsa ciertas políticas (e.g. la guerra contra el narcotráfico)
que suministran ex profeso una trama legal e institucional en beneficio
irrestricto de los negocios criminales. Es el predominio categórico del
binomio criminalidad empresarial-violencia criminal en la trama de
relaciones sociales comprendidas en un Estado… en México es
virtualmente imposible aspirar a un cargo de elección popular sin el
aval y el financiamiento de las organizaciones criminales. Lo cual
resulta cierto para todos los niveles de la cadena de mando político,
es decir, municipal, estatal o federal. Esto implica que el crimen
tenga control de la totalidad de las instituciones de Estado. Por eso
se dice que tenemos un narcoestado. Otro ejemplo lapidario es
la situación de los ministerios públicos o las instituciones
judiciales. Más de un agente ministerial ha confesado en encuentros con
periodistas, que la orden de “arriba” es desestimar los casos que
involucren personas desaparecidas a manos del crimen, y por
consiguiente tienen la instrucción de abortar cualquier seguimiento a
esas ocasiones de delito. Con ligeras variaciones en las diferentes
entidades federativas, el porcentaje de impunidad oscila entre el 98 y
el 100 por ciento. Esto no es un desafío del crimen al Estado: eso es
un Estado al servicio del crimen” (http://lavoznet.blogspot.com/2014/12/que-es-un-narcoestado.html).
La identificación del enemigo en México es una avance mayúsculo.
Ayotzinapa o la virulencia de Monroe
La guerra contra el narcotráfico tiene costos humanos inenarrables. A
la pregunta de por qué es importante Ayotzinapa para los países al sur
de México, la respuesta es casi una obviedad: si Colombia fue un
laboratorio de la militarización con base en la narcoguerra,
México es la confirmación del terror, la violencia, el pillaje, el
ultraje de soberanías, la destrucción de culturas y comunidades que
provoca la importación de esas políticas o la incursión gratuita en
escenarios belicistas. Ayotzinapa representa el más vivo argumento en
contra de la estúpida guerra contra el narcotráfico. Esa guerra es una
guerra de ocupación y contra las sociedades domésticas. Ningún interés,
proyecto o agenda justifica la instrumentación de la guerra contra las
drogas. Tras Ayotzinapa, esta es una enseñanza que América Latina nunca
debe olvidar.
Hacia el norte del país, el significado de
Ayotzinapa no es tan distinto. Se expuso en la entrega anterior: “…se
puede concluir que la gestión militarizada de los asuntos públicos y el
control criminal de las poblaciones, ejes torales del TLCAN-NAFTA, se
traducen en terrorismo de Estado. Y que la solución militar a los
problemas sociales es terrorismo”.
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