El
histórico juicio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt
(graduado en la Escuela de las Américas) por la matanza de 1.771
indígenas se ha reanudado el 5 de Enero. Sin embargo, el juicio ha sido
postergado debido a la recusación de la jueza Valdez tras su solicitud
por parte de la defensa.La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) llama a la defensa de Rios Montt y del co-acusado, José Mauricio Rodríguez Sánchez, a que se comporten a la altura de la gravedad de los hechos y a que, a diferencia del juicio anterior, no conviertan este juicio en una acumulación de acciones dilatorias con el fin de postergar la sentencia y tratar de crear vicios de procedimiento. La FIDH solicita asimismo que se respete el principio al debido proceso, el derecho de las víctimas a un juicio justo, se garantice la seguridad de los jueces, fiscales y testigos en el proceso y que se conforme el nuevo tribunal con la mayor celeridad posible para poder continuar el juicio.
Finalmente la FIDH le pide al sistema de justicia que garantice la celeridad del proceso y no sea cómplice de las medidas dilatorias que posterguen el inicio y continuidad del juicio.
Ríos Montt es juzgado por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia maya Ixil, el desplazamiento forzoso de 29.000 personas, al menos nueve casos de violencia sexual, y varios episodios de tortura perpetrados por el Ejército entre marzo de 1982 y agosto de 1983 en las montañas del conflictivo departamento de Quiché, en el norte del país.
En mayo de 2013, fue condenado a 80 años de prisión por genocidio por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, pero apenas 10 diez días después la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló con una decisión muy discutible parte del juicio ante una acción de la defensa. Desde entonces cumple arresto domiciliario en su vivienda.
La FIDH reitera lo dispuesto en su informe de observación del primer juicio donde subrayaba la estrategia dilatoria de la defensa de los acusados, que buscaba crear las condiciones para viciar el juicio a través del abuso fraudulento de amparos, recusaciones y otros recursos. También constató las presiones a las que fueron sometidos los integrantes del Tribunal de Sentencia, los abogados defensores e incluso los propios sobrevivientes y víctimas que declararon como testigos en el juicio, a través de campañas de difamación, intimidaciones y amenazas.
Más información:
https://www.fidh.org/IMG/pdf/
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