El
resultado del juicio por genocidio puede desembocar en una paradoja
para el futuro del país. Para miles de personas (especialmente víctimas
y sobrevivientes) una sentencia condenatoria significaría demostrar
nuevamente ante los tribunales la verdad histórica sobre uno de los
episodios más sangrientos de la historia reciente del continente. Pero
llama la atención que con una Corte Suprema de Justicia, Salas de
Apelación, Corte de Constitucionalidad, y Ministerio Público copados
por fuerzas paralelas, el juicio pretenda ser entorpecido por la
defensa de Ríos Montt. Preocupa también el apoyo de Estados Unidos, no
sólo por el rol que jugaron, sino por el actual proceso de
militarización regional que impulsa. Un levantamiento del embargo de
armas, dado por el visto bueno del Senado norteamericano ante una
condena a Efraín Ríos Montt, y una legitimidad a la militarización,
tienen consecuencias previsibles en un momento de alta inestabilidad
política y social. Este es el nudo de la paradoja del juicio por
genocidio.
Cuando el juicio comenzó en marzo de 2013, hubo una pregunta guía para
interpretarlo: ¿Cómo era posible que se juzgara a pasadas figuras del
Alto Mando Militar por un cargo como genocidio, estando un ex-militar
(vinculado a los hechos) al frente del Ejecutivo?
La
respuesta no es sencilla. Algo que no ha cambiado desde que el caso
comenzó a inicios de la década pasada es la persistencia de
organizaciones de víctimas y de derechos humanos para exigir justicia.
Una y otra vez se toparon con un bloqueo por el Ministerio Público (MP)
y la Corte de Constitucionalidad (CC) a cualquier tipo de avance. En la
forma que opera el sistema de justicia, la voluntad de las organizaciones y el agotamiento de procedimientos legales no fueron suficientes.
Fue hasta que la correlación de fuerzas cambió inesperadamente que las demandas tuvieron eco.
Ayudó el deterioro de las redes políticas que el general Ríos Montt fue
construyendo desde fines de los ochenta. Con su partido en el poder
(FRG) del 2000 al 2004 el caso no tuvo otra salida que plantearse en España
. Su fuerza era muy grande: logró en 1999 62 diputaciones y 153
alcaldías. Lo que siguió fue un deterioro al punto que para 2011 sólo
consiguieron 14 diputaciones y 2 alcaldías. Ahora el partido ya no
existe como tal. Otras partes de esta red, como la que tenía dentro de
la CC, también cayeron.
Esto debilitó la posición del
patriarca eferregista, y cuando finalmente dejó de tener inmunidad al
salir del Congreso, pasó a entregarse inevitablemente a los tribunales
en enero de 2012.
Un tercer elemento importante fueron las
pugnas que se dieron entre líneas castrenses durante los años de Colom,
que terminaron en la desclasificación de más de 11 mil archivos
militares. Las pugnas eran entre los militares que apoyaban a Colom y
la intención premeditada de éste por desbaratar a Otto Pérez Molina, el
principal adversario de la UNE en las elecciones de 2011. Eso permitió
que el documento Plan de Operaciones Sofía (POS) fuera desclasificado y
entregado a una activista estadounidense, luego de las duras tensiones
que esclareció Wikileaks.
El documento es vital porque
con él es posible vincular la parte operativa de las masacres con los
planes y órdenes que se emitían desde la cúpula militar. Sin este
elemento el caso no caminaba. (Esto demostró su importancia en abril
del 2013, cuando el mismo General (r) José Luis Quilo Ayuso (ahora
presidente de la asociación de militares retirados, Avemilgua) aceptó
en el juicio que había línea de comunicación.
Un cuarto
elemento para que el juicio comenzara fueron las presiones
internacionales con la presencia de la Comisión de la ONU (CICIG). Fue
bajo ese tutelaje que se crearon espacios de independencia judicial en
el sistema de justicia del país. De ahí viene la Cámara Penal dirigida
por César Crisóstomo Barrientos Pellecer (+), que recibió el apoyo de
la CICIG para la creación de los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo.
También la destitución de Conrado Reyes como jefe del MP,
luego que el entonces Comisionado Carlos Castresana renunciara en
protesta, y la llegada de Claudia Paz y Paz, con un perfil penalista,
formada en derechos humanos y sin vínculos con el crimen organizado.
Y por último, un elemento crucial ha sido la presión de Estados Unidos
(EEUU). La razón principal es el levantamiento del embargo de armas que
pesa sobre el señalado ejército de Guatemala desde 1976, durante el
gobierno del demócrata Jimmy Carter. En la misma línea, otra razón de
peso para EEUU es que buscan depurar al segmento militar de la línea
dura que se involucró en negocios de contrabando desde la transición.
Esta alineación de fuerzas y encuadre de circunstancias permitió que el
juicio se abriera. Lo que lo terminó cerrando fue una reconfiguración
alrededor de Ríos Montt de las fuerzas con legado contrainsurgente: los empresarios
que se vincularon a las fuerzas aéreas y financiaron la Tesis de
Estabilidad Nacional, que serían objeto de investigación según se
interpreta en la sentencia por genocidio del Tribunal A de Mayor
Riesgo; y las presiones de Otto Pérez Molina (OPM) desde el Ejecutivo,
luego que un testigo protegido lo incriminara como operativo en Nebaj.
Estas fuerzas pasaron de la defensiva a una ofensiva coordinada que
derribó el tercer elemento que señalamos: la independencia judicial y
de investigación. Luego de la anulación de la sentencia por la CC,
fueron tomados el MP y las cortes del Organismo Judicial.
Eso cerró la posibilidad por meses.
Pero ahora, con esas nuevas condiciones, el caso parece avanzar de
nuevo. ¿A qué se puede deber esto? Creemos que tanto la favorable
posición de las fuerzas contrainsurgentes como la presión por el
embargo resultan fundamentales para entender las tensiones que se
avecinan.
La política exterior norteamericana hacia Guatemala
En 2009 se dieron las discusiones más serias sobre el embargo de armas.
Según dijo en su momento el ex presidente Álvaro Colom, fueron seis los
requisitos que presentó el Departamento de Estado para comenzar un
cabildeo en el Senado estadounidense que diera fin al embargo. Entre
ellos se mencionó el avance en la justicia transicional, donde el
juicio por genocidio es el caso estrella.
Sino fuera por
esto, el apoyo de EEUU al caso por genocidio resultaría sorprendente:
es fácil ubicar al país del norte como el principal soporte de las
dictaduras militares. Ese apoyo no sólo fue político y moral: la
dotación de armas (directas o trianguladas por Israel), de equipamiento
y de capacitación fue continua, lo que ha quedado claro en sus
documentos desclasificados y los del Archivo Histórico de la Policía
Nacional (AHPN).
Que apoyen un proceso en el que
estuvieron involucrados ha molestado a las fuerzas nacionales
(empresarios, funcionarios y militares) que mancharon sus manos de
sangre, y no lograron mantenerlo en secreto. Lo obvio sería pensar que
EEUU lo hace para quitarse responsabilidad.
Esto es
importante, pero ya que ninguna corte nacional o internacional tiene
entre sus posibilidades el juzgar a algún funcionario estadounidense,
esta opción debe verse como secundaria. Más importante es la política
regional que ese país tiene, y cómo eso interactúa con lo que en
Guatemala va aconteciendo.
Lo importante es aceptar que el Estado de Guatemala está tutelado
por el país del norte. Y que esta tutela se da por ciertas condiciones.
Guatemala es parte de un proceso más amplio de integración regional: en
el aumento acelerado de la Inversión Extranjera Directa (IED) que tanto
resalta la prensa, el 70% viene de los tres países del norte y de
Colombia. La IED es liderada por EEUU y complementada por la
dependencia financiera y comercial que tiene Guatemala.
Los proyectos de infraestructura que se construyen en el marco del Proyecto Mesoamérica
tienen que ver con estos flujos de capital (en donde también cabe
ubicar el capital y comercio narco, que cubre los mismos países) y sus
alianzas con grupos nacionales.
Guatemala juega un papel
económico subordinado en este proceso, y EEUU intenta continuamente
moldear a la fuerza a la economía guatemalteca según esos intereses
(con todo y las fricciones que esto genera con las élites nacionales).
Estados Unidos busca desde hace varios años que el carácter oligárquico
de la economía tome una forma más liberal, de mercado, que permita no
sólo mejorar el papel de sus inversiones en el país, sino hacer que la
economía guatemalteca crezca con distribución de riqueza, evitando más
migraciones (de personas hacia allá y de empresas para acá).
En esa línea deben verse las presiones de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) para que Guatemala deje de proteger a los grandes oligopolios, la
demanda laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA),
que señala a grandes empresarios de explotar ilegalmente para poder acumular riqueza, y las presiones por planes económicos que cierren el grifo de las migraciones.
Este tutelaje se complementa con la militarización y cooperación que se
impulsa desde Washington. Pese al embargo militar, se han utilizado
otros mecanismos para que las fuerzas de seguridad guatemalteca estén
coordinadas con EEUU. Sólo en el año 2011, US$16 millones fueron
donados con fines de seguridad y combate contra el narcotráfico al
gobierno de Colom. De 1999 al 2013 se entrenaron alrededor de 5 mil
agentes miembros del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC). En
los mismos años, la venta de artículos militares, sin mediación de
parte del gobierno de Estados Unidos, fue de más de US$73 millones
(Q584 millones aprox).
Este aumento en la ayuda militar se ha
visto acompañado por la Iniciativa para la Seguridad Regional de
Centroamérica (CARSI, por siglas en inglés), que sólo en el año 2008
donó una cantidad de US$496 millones a la región. En su Presupuesto
para el año fiscal 2014, la ayuda para el CARSI recibió un total de
US$162 millones, 26 más que los recibidos en el año fiscal 2012.
Para el 2015 se espera otro aumento, aunque los señalamientos y los
condicionamientos han crecido. Para octubre, antes de las elecciones
legislativas de medio término, el Senado y el Congreso recalcaron su
apoyo al CARSI para solucionar la violencia y la corrupción, pero se mostraron preocupados por la corrupción (sic) y los abusos de las fuerzas militares, la impunidad y la falta de voluntad política.
Según el reconocido Wilson Center,
el CARSI no se ha formado como un programa con una estrategia cohesiva,
sino que termina funcionando como una serie de proyectos sin
articulación. Esto no justifica los más de US$1.2 miles de millones
desembolsados a la región desde el 2008.
Pero pese a las
críticas, el CARSI, según un nuevo Senado republicano, no tendrá
restricciones ni condicionamientos, como sí lo tendrán los préstamos
que otorguen las principales instituciones bancarias presentes en la
región (BCIE, BM, FMI), según se dijo en la última semana.
El CARSI muestra un leve desvío de la política regional de EEUU: por
primera vez se invierte en programas de prevención, siendo el caso de
Villa Nueva el principal beneficiado. Pero esto no se aleja aun de una
política histórica de militarización, en aumento desde que muchos de
los países en Sur América se alejaron de la hegemonía político-militar estadounidense.
Guatemala no es el caso y siempre se ha mantenido cerca, pese a los
roces. Por eso ha aceptado la presencia del Comando Sur con su
Operación Martillo, y no se pronunció en contra del avance de la IV
Flota y de las nuevas bases militares en Honduras y Colombia. Eso es
parte del plan.
El alegato de Pérez Molina por despenalizar
el consumo, producción y comercio de drogas era solo eso, un alegato
vacío, como se evidenció en su único resultado concreto. Mientras lo hacía, OPM ha buscado desde un inicio (Julio Ligorría Carbadillo
está para eso y más) que el embargo fuera levantado. Algo que comparte
todo el gremio militar, sin importar sus tendencias o afiliaciones. El
problema para OPM es que hizo poco de lo que el Senado exigía: las
violaciones a derechos humanos aumentaron, los avances en justicia se
han visto cerrados y su papel en estos procesos ha sido muchas veces
señalado.
En este escenario, un levantamiento del embargo de
armas que permita unificar esfuerzos regionales de persecución bajo la
égida norteamericana, sin que eso implique una mayor conflictividad
social (la cual teme EEUU), no es posible. Otras cosas tienen que
cambiar, como el juicio por genocidio.
Posibles escenarios
El juicio por genocidio sigue siendo toral en la coyuntura actual. Su
resultado puede implicar varios escenarios de trascendencia para el
país dentro de la dinámica regional que nos envuelve. Los escenarios
son varios, comenzando por los más desalentadores.
La
enfermedad de Ríos Montt hace pensar que está cercano a su muerte. En
caso que su defensa logre persuadir al Tribunal para que no asista al
debate y este quede en suspenso, podría llegar a su lecho de muerte
procesado, bajo arresto domiciliar y pese al fallo de la CC, condenado.
Mediáticamente se está fraguando un discurso que victimiza a
Ríos Montt por su salud y le resta importancia a las miles de víctimas
que sufrieron durante su gobierno. Esto forma parte de la estrategia
que prepara la línea dura para desviar el tema de fondo y desvirtuar al
Tribunal en caso el debate continúe.
Uno de los mayores riesgos que la Cámara Penal esté a cargo de Blanca Stalling,
colmada de relaciones de parentesco militares y señalada de vínculos
con el oficialismo, es que puede llegar a hacer que los Juzgados y
Tribunales de Mayor Riesgo pierdan efectividad. Parte se ha logrado al
integrar a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que conocerá estos
casos con gente próxima al oficialismo, como Anabella Cardona.
Se rumora que una posibilidad, la más remota, es que los tribunales de
Mayor Riesgo se destruyan. Otra opción es que se cambie a los jueces y
se ponga a gente afín. Y una última es que se cree un tercer Juzgado y
Tribunal con jueces moldeables. En los tres casos se lograría el mismo
objetivo: minar la independencia judicial.
En este sentido,
el Tribunal B de Mayor Riesgo, a cargo de Jeannette Valdéz, está ante
una primera prueba, que incluye resolver en lo inmediato la recusación
planteada por la defensa de Ríos Montt por los comentarios vertidos en
su tesis de maestría en derecho penal.
Es probable
que el Tribunal mantenga su independencia y ratifique lo actuado por el
anterior y que bajo esas condiciones cualesquiera de las instancias
apelables y amparables detenga o suspenda nuevamente el proceso. No
obstante el desgaste que implica podría perjudicar a los partidos
conservadores o candidatas como Zury Ríos Sosa en pleno año electoral.
La amnistía tampoco parece desenvolver los nudos de la coyuntura,
aunque al momento que la Sala I de la Corte de Apelaciones del ramo
Penal favorezca a Ríos Montt, otros personajes vinculados al terror
estatal alegarían el “principio de igualdad” para correr la misma
suerte. No es casualidad que hace unos días OPM, en su discurso del 18
aniversario de la paz, se haya pronunciado a favor de una amnistía.
El costo político de declarar amnistía es elevado, sobre todo por la
presiones de EEUU y porque en septiembre de 2014 la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ya declaró en desacato al Estado guatemalteco por entorpecer el avance de 11 casos de alto impacto, la mayoría de justicia transicional.
El nudo se desatará cuando la amnistía sea resuelta a favor o en contra
de Ríos Montt. En la justicia guatemalteca es costumbre utilizar
recursos legales como armas políticas y mediáticas, como quedó claro
con los múltiples amparos propuestos por la defensa de los militares.
El objetivo es que en cortes afines se resuelva lo que dentro del
juicio no se pueda: por eso es vital saber cuándo se resuelve, ya que
usualmente se hace en momentos de peligro. La CC, por ejemplo, anuló la
sentencia con un amparo que llevaba dos meses empolvado.
Otra posibilidad es que el Congreso derogue o reforme la Ley de Reconciliación Nacional y en particular el artículo 8 que reza:
La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de 12 responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.
La aprobación del punto resolutivo el 13 de mayo de 2014 cuando 87 diputados niegan que hubo genocidio
en Guatemala representaría una medición de fuerzas para esta salida.
Cabe resaltar que la actual Junta Directiva del Congreso está
conformada en su mayoría por ex miembros del FRG que conservan su
afinidad riosmonttista.
La aplicación de la amnistía vía
juzgado de segunda instancia o vía el Congreso sería coherente con la
ofensiva conservadora impulsada veladamente por la línea dura militar
desde su desplazamiento en las negociaciones de Paz, y apoyada en los
dos últimos años por una amplia gama de fuerzas.
La
amnistía sería vista como bochornosa para EEUU y para la Unión Europea
que tanto invirtió para el proceso de negociaciones de paz. El juicio
también puede seguir su marcha. Una sentencia que absuelva a Ríos Montt
y a Rodríguez Sánchez daría legitimidad a la tesis conservadora de que
en Guatemala no existió genocidio ni terror estatal.
En ese
escenario continuarían las riñas a nivel internacional porque se
estaría demostrando que no hay certeza jurídica en el país y lo que
sucede en este caso puede suceder cuando se vulneren los derechos de
una empresa transnacional que opera en Guatemala. Varias fuerzas
políticas desaprovecharían la opción de llegar a buenos términos de
cara a las elecciones, donde todos buscarán consensos de mediano plazo.
Una sentencia condenatoria por genocidio es políticamente inviable, como lo demostró la CC en mayo del 2013.
Finalmente una sentencia condenatoria pero no por genocidio, sino por
crímenes contra los deberes de la humanidad, sería la mejor opción para
los grandes poderes. Por un lado silenciaría a buena parte de la
izquierda y los progresistas, ya que legitimaría parcialmente su
objetivo: los militares fueron juzgados y se les condenó por terror
estatal (pero no por genocidio). Se reconocería parcialmente la verdad
de las organizaciones de víctimas y sobrevivientes que representan a
las miles de voces que guardan silencio por el miedo infringido durante
décadas. Una sentencia condenatoria podría generar mayor confianza en
los segmentos de la población más marginados por la justicia
guatemalteca.
La legitimidad también sería bien vista por
Estados Unidos, que no presiona por una sentencia por genocidio, sino
por una sentencia al Alto Mando; por una sentencia que sea lo
suficiente como para cabildear con el Senado el siguiente año un
levantamiento del embargo. Estados Unidos lo que pide es un requisito,
y una sentencia así lo lograría.
La sentencia condenatoria
lograría un consenso amplio entre los grandes poderes nacionales e
imperiales, y daría legitimidad a un sistema de justicia a punto de
colapsar.
Y según hemos tratado de proponer en este
documento, eso podría traer pésimas consecuencias en un momento de
conflictividad social y un generalizado descontento por el rumbo
caótico del país. Por eso la paradoja del juicio por genocidio continúa
siendo vigente.
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