EL ANALFABETA POLÌTICO
El peor analfabeta es el analfabeta polìtico èl no oye, no habla ni participa en los acontecimientos polìticos.
No sabe que el costo de la vida, el costo de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas, dependen de las decisiones polìticas.
El analfabeta polìtico es tan animal que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la polìtica.
No sabe el imbècil que de su ignorancia polìtica, proviene la prostituta, el menor abandonado, el asaltador y el peor de todos los bandidos que es el polìtico aprovechado, embaucador y corrompido lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.  Bertolt Brecht..

miércoles, 1 de junio de 2011

Un estudio denuncia la opacidad de las cuentas de la Iglesia católica española

El cardenal Antonio María Rouco Varela
Miles de millones en donaciones, subvenciones, impuestos, cesión de terrenos y otros privilegios, sin explicaciones y en mitad de una absoluta opacidad.
Así son las cuentas de la Iglesia católica en España, según recoge el Anuario de la Laicidad en España 2011, de la Fundación Ferrer i Guàrdia, que este martes se presenta en el Ateneo de Madrid.
“Es preciso denunciar la falta de transparencia de las instituciones públicas sobre las cifras”, apunta el estudio, que denuncia cómo no existe ningún documento que acredite, a nivel global, la suma total que se embolsa la Iglesia de las arcas públicas, y ni siquiera en ámbitos como la educación; el gasto en hospitales; el sueldo de curas castrenses o las ayudas a su patrimonio histórico-artístico. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuánto dinero recibe la Iglesia del Estado, bajo qué conceptos, y mucho menos en qué lo gasta.
Pese a ello, y tras más de 18 meses de trabajo, el estudio sostiene que, al menos, el conjunto de la financiación directa del Estado a la Iglesia católica asciende a más de 7.000 millones de euros, “a lo que habría que sumar las exenciones de impuestos de los que gozan ella y sus donantes”.
Así como la financiación de otros “grandes eventos”, como la Jornada Mundial de la Juventud de agosto con una aportación pública de más de 50 millones de euros, o las recientes visitas del papa a Barcelona y Santiago.
Estas cifras no están muy alejadas de las planteadas por Europa Laica, que cifraba en más de 10.000 millones de euros la financiación estatal a la Iglesia, y en las antípodas de lo expresado por la Conferencia Episcopal, cuyos responsables aseguran que la Iglesia “ahorra miles de millones al Estado” con su labor social y asistencial.

Separación Iglesia-Estado

Por otro lado, según los responsables del estudio, en el que han colaborado expertos de primera talla, algunos católicos practicantes, como el sociólogo Javier Elzo o el teólogo Evaristo Villar, “la separación efectiva entre el Estado y la Iglesia católica” sigue siendo, 30 años después de la llegada de la democracia, “una de las asignaturas pendientes de la Transición española”.
“Cuando hablamos de laicidad señala el informe hay que tener muy presente que, entre otras cosas, estamos cuestionando privilegios y prebendas que la Iglesia católica ha conseguido mantener desde el régimen franquista”.
“Se trata prosigue de intereses políticos y económicos tan poderosos que dificultan enormemente poder hablar de ello desde una posición reflexiva y a menudo unas posiciones radicalizan las demás y el entendimiento se hace prácticamente imposible”.
Y eso que tres de cada cuatro españoles, según el estudio, creen que la Iglesia católica tiene demasiada influencia en las decisiones políticas, sociales y de igualdad que se toman en España, y achacan este omnímodo poder a una “legislación obsoleta” que tiene en la Constitución y en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 (pero negociados antes del texto constitucional) los anclajes de los ingentes privilegios con los que cuenta la institución eclesiástica.
Y eso por no hablar de su influencia: “Hoy la Iglesia mantiene intacta gran parte de su influencia política, económica y mediática en la sociedad española y la utiliza a través de su Conferencia Episcopal tanto como puede para intentar determinar la moral pública y la legislación del país”, constata el Anuario.
Jesús Bastante / Público