El cuartelazo fue condenado por los gobiernos latinoamericanos y los organismos internacionales, incluyendo la OEA, que expulsó a Honduras de su seno. Pero con una tibia postura de Estados Unidos, que se negó a calificarlo como golpe de Estado y en cuestión de semanas inició una maniobra para legitimarlo mediante una mediación
encargada por la secretaria de Estado Clinton nada menos que al tico Oscar Arias, de evidente trayectoria al servicio de Washington. Esta mediación recibió apoyo de la Unión Europea y fue lo que comenzó a debilitar el rechazo internacional contra el golpe y la exigencia por la restitución del gobierno constitucional de Zelaya acordados por las asambleas generales de la OEA y la ONU, la Unasur y el Movimiento de los No Alineados.
Sin embargo, la mayoría de los estados de América Latina mantuvo una firme posición de no aceptación del régimen de Tegucigalpa, e incluso después que este organizara unas cuestionadas elecciones y asumiera un nuevo presidente, siguió existiendo un buen número de gobiernos latinoamericanos apegados a esa postura, sobre todo los de la Alba y la Unasur. No obstante que a partir de ese momento se recrudecieron las presiones de Estados Unidos para el reconocimiento de los comicios, del gobierno surgido de ellos y el reingreso de Honduras a la OEA, la postura contraria de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y, por supuesto, Cuba lo ha venido impidiendo.
Pero el 9 de abril de este año se inició una mediación latinoamericana, sin intervención de Estados Unidos, llevada a cabo por los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Hugo Chávez, de Venezuela, que condujo a la firma el 22 de mayo por el gobernante hondureño Porfirio Lobo y el derrocado presidente Zelaya de un documento atestiguado por el propio Santos y el canciller venezolano Nicolás Maduro. En el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación Democrática en Honduras, el gobierno de ese país se compromete con el regreso de Zelaya y garantizar(le), así como a los demás ex miembros de su gobierno, el ejercicio de todas sus libertades de acción política y de todas las garantías contempladas en la Constitución (...) y las leyes (...) tomando para ello las medidas especiales de seguridad personal que sean necesarias
. Asimismo, el reconocimiento como fuerza política del FNRP y su derecho a solicitar su inscripción como tal y a competir en elecciones democráticas, y el derecho de realizar una Asamblea Constituyente –demanda principal de la resistencia– si así se vota en plebiscito según el artículo 5 de la Constitución. Como se recordará, la oposición de los halcones estadunidenses y la oligarquía a que simplemente se consultara al pueblo sobre esta posibilidad fue lo que desencadenó el golpe de Estado. Por último, se acuerda constituir una Comisión de Seguimiento de las estipulaciones del documento integrada por Colombia y Venezuela, a la que podrán sumarse otros gobiernos. El documento no lo dice pero sin estos compromisos Honduras no habría vuelto a la OEA.
De los acuerdos, ya se cumplió el regreso de Manuel Zelaya y de sus compañeros exiliados, pero faltan los restantes, que podrían abrir la puerta a cambios verdaderamente democráticos. A ello se opondrán con todas sus fuerzas Estados Unidos y los sectores más recalcitrantes de la oligarquía. Una señal de ello: las televisoras hegemónicas hondureñas no trasmitieron el regreso de Zelaya. En Honduras continúan la impunidad de los golpistas y la represión, los asesinatos y las desapariciones. Contra todo ello se propone seguir luchando el FNRP, ahora con la victoria política de haber conseguido el retorno de Zelaya, una de sus demandas fundamentales.
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