Lo
último que necesitan los países empobrecidos que luchan para enfrentar
los devastadores estragos del coronavirus son las demandas de poderosas
corporaciones transnacionales que intentan evitar que las medidas de
salud pública afecten sus ganancias.
El país estaba
en caída libre. Familias de clase media vendían sus objetos de valor en
la calle. Al anochecer, los más desesperados buscarían comida en los
botes de basura.
Eso fue Argentina en 2002. En esa hora
oscura, mientras funcionarios argentinos luchaban por disminuir el dolor
de una profunda crisis económica en la población, lo último que
necesitaban era un aluvión de demandas corporativas. Pero eso es lo que
obtuvieron.
CMS Gas, por ejemplo, demandó a Argentina
por haber tomado una medida para congelar las tarifas de servicios
públicos para proteger a los consumidores de la galopante inflación. Un
tribunal supranacional ordenó al asediado gobierno a pagar a la
corporación estadounidense $ 133 millones de dólares. Otras
corporaciones llegaron a arreglos con el gobierno argentino por cientos
de millones de dólares más.
Con países luchando por
sobrevivir a la pandemia mundial de COVID-19, muchos podrían sufrir el
destino de Argentina. A medida que las economías empiezan a caer, los
tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas ahora tienen
que preocuparse de que sus respuestas políticas puedan convertirlos en
el blanco de multi-millonarias demandas.
Un Sistema Legal Exclusivo para las Corporaciones
De hecho, las firmas de abogados ya parecen estar salivando sobre el potencial para beneficiarse de tales demandas.
"Si bien el futuro sigue siendo incierto", afirma Aceris Law,
un bufete de abogados de arbitraje supranacional, "la respuesta a la
pandemia de COVID-19 probablemente violará varias protecciones previstas
en los tratados bilaterales de inversión y puede dar lugar a
reclamaciones en el futuro por parte de inversionista extranjeros".
Aceris, con sede en Washington, D.C. ha ganado casos de arbitraje para
numerosas corporaciones globales.
Este es un campo de
derecho que se vuelve lucrativo por la proliferación de unos 3,000
tratados de inversión internacional y acuerdos comerciales que otorgan a
las corporaciones el derecho de demandar a los gobiernos por cientos de
millones, o incluso miles de millones de dólares por las políticas y
medidas que arguyen que reducen el valor de sus inversiones extranjeras o
incluso sus ganancias esperadas (utilizando la cláusula de
‘expropiación indirecta’).
A través de este sistema de
"Solución de Controversias entre Inversionista y Estado", mejor conocido
por su acrónimo en inglés ISDS, los inversionistas extranjeros pueden
eludir los tribunales nacionales y presentar demandas directamente en
los tribunales de arbitraje supranacionales (el más recurrido es el
Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversiones del
mismísimo Banco Mundial).
Una país rico como Estados
Unidos podría enfrentar tales demandas sobre políticas relacionadas con
el coronavirus. Imagine, por ejemplo, si la administración Trump forzara
a la fábrica Sudcoreana Hyundai en Alabama, a fabricar ventiladores en
lugar de automóviles. Hyundai podría tener derecho a presentar un caso
bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea.
En
la práctica, sin embargo, pocas empresas extranjeras se atreverían a
dar un golpe legal a la administración de Trump. Estados Unidos de hecho
nunca a perdido un caso. Pero los gobiernos de los países en desarrollo
corren un riesgo mucho mayor. Tienden a ser los países anfitriones de
las empresas transnacionales, y son más vulnerables políticamente.
Ya existe, por ejemplo, el temor de que el gobierno de Perú pueda enfrentar múltiples reclamos de compañías extranjeras
que operan casetas de peaje en carreteras si cumplen con una medida de
emergencia propuesta para suspender el cobro de peajes, debido a que
familias peruanas han llenando las carreteras en su éxodo de las
ciudades por miedo al virus.
Varios otros expertos legales han advertido que a medida que los gobiernos tomen medidas de emergencia de salud pública y políticas económicas para responder a COVID-19, como los
mandatos de producción o las prohibiciones de exportación de equipos
médicos, o la reducción de aranceles a las importaciones de dispositivos
médicos, los inversionistas extranjeros podrían tomar represalias
exigiendo masivos pagos.
Los Países Pobres en la mira
El
problema de que las corporaciones usen ISDS para socavar las políticas y
regulaciones legítimas de interés público no comenzó con la pandemia.
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD
por sus siglas en inglés), a partir del 2020, los inversionistas
extranjeros han llegado a la marca de más de 1,000 demandas
inversionista - Estado. Debido a la falta de transparencia, nadie sabe
exactamente cuánto han tenido que pagar los gobiernos hasta ahora.
En
el Instituto de Estudios de Políticas (IPS) de Washington D.C., hemos
calculado que los gobiernos han sido obligados a pagar al menos $ 72.4
mil millones de dólares en pagos pendientes en tan solo casos
relacionados con disputas sobre contratos de petróleo, gas y minería.
Las industrias extractivas, como la minería, representan una gran parte
de las reclamaciones totales, a menudo provocadas por gobiernos que
intentan evitar el daño ambiental o de salud pública de estas
actividades, o garantizar que una mayor cantidad de beneficios
permanezca en el país de origen.
De los 34 casos que
examinamos de demandas pasadas de empresas extractivas, tan sólo uno se
dirigió a Canadá. Todos las demás demandas estuvieron dirigidas a los
gobiernos de países del Sur Global. Las industrias extractivas están
demandando por al menos otros $ 73 mil millones en 59 casos pendientes
conocidos, de los cuales solo cinco se dirigen a gobiernos de países
ricos. Miles de millones más están en juego en demandas de arbitraje
presentadas por corporaciones en los sectores de agronegocios, finanzas,
energía y muchos otros, que amenazan con desviar recursos de la gestión
de pandemias y otras necesidades sociales urgentes.
Incluso
antes de la actual crisis de salud pública, algunos países ya se habían
endeudado mucho para pagar laudos a corporaciones transnacionales .
En 2019, Pakistán recibió la orden de pagar
a la empresa australiana Tethyan Copper, alrededor de $ 5 mil millones
de dólares en un caso de arbitraje sobre una mina de oro y cobre. Esta
cantidad conforma buena parte del préstamo de rescate del Fondo
Monetario Internacional a Pakistán, negociado recientemente por $ 6 mil
millones, el cual está vinculado, además, a draconianas condiciones de
austeridad económica.
Del mismo modo, el año pasado, organizaciones ecuatorianas alegaron
que los préstamos del FMI, también vinculados con medidas de austeridad
que provocaron grandes protestas, se utilizarían para pagar a las
empresas transnacionales como Chevron. La compañía petrolera
estadounidense ganó $ 77 millones en una demanda inversionista-Estado en
contra de Ecuador y tiene otra pendiente.
Con el nuevo Tratado México - Estados Unidos, Canadá, (o el renegociado "TLCAN 2.0"),
se avanzó un tanto en el debilitamiento del mecanismo de solución de
controversias inversionista - Estado. Por un lado se elimina entre
Estados Unidos y Canadá, pero por el otro, los términos complejos del
acuerdo dejan a México aún susceptible a ser demandado
por corporaciones estadounidenses y canadienses (éstas últimas bajo el
Tratado Transpacífico), con lo que se reafirma el carácter
neocolonialista del sistema de protección de inversiones.
Las
víctimas de las consecuencias económicas de COVID-19 no serán los
inversionistas extranjeros, sino los sectores sociales más pobres y
vulnerables del mundo. Cuando los países de todo el mundo están luchando
por obtener recursos para enfrentar la pandemia de COVID-19, los
gobiernos deben unirse a nivel multilateral y acordar suspender de
inmediato todos los casos inversionista-Estado y los pagos pendientes
para las corporaciones.
Y, en un plazo más largo, los
excesivos poderes de los inversionistas extranjeros que otorgan los
tratados comerciales y de inversiones deben de ser totalmente
desmantelados.
- Manuel Pérez-Rocha, Institute for Policy Studies
@ManuelPerezIPS
Traducción del autor, especial para ALAI
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