Aunque la fiscalía
asegura que en el ataque contra el candidato presidencial izquierdista
Gustavo Petro, el 2 de marzo en Cúcuta, no se utilizaron armas de fuego,
las luces de alerta siguen encendidas en un país que durante 70 años el
asesinato político ha sido una de las tradiciones de un poder fáctico
amparado por la impunidad.
Hasta hace algunas semanas Petro era
considerado por analistas como un instrumento artificialmente inflado
con encuestas dieñadas a gusto de grandes jugadores electorales para
meter miedo a los ricos y las clases medias presas de un pánico
patológico, para agudizar el fascismo social, como lo caracteriza
Boaventura de Sousa Santos, entre los segmentos más pobres y miserables.
La narrativa utilizada para el efecto es la de castrochavismo y
petrochavismo, la venezuelización de Colombia por Petro en caso de
llegar a ser elegido como Presidente. Sin embargo, las cosas parecen
tener otro cariz. A estas alturas de la campaña, con Petro posicionado
en la punta de las encuestas y de varios sondeos, su figura y liderazgo
tomó otro rumbo, se agigantó y, por ende, su persona comenzó a correr
más peligro.
El analista Horacio Duque afirma que Petro adquirió
una consistente dimensión política, se volvió una razón social muy
potente, alcanzó la forma de un avatar popular en el que se cuelan todas
las rabias, todas la indignación acumulada, todas las demandas más
sensibles de los pobres, de los trabajadores, de los indígenas, de los
afros, mujeres, maestros, jóvenes, ambientalistas, LGBTI etc.
Lo
cierto es que el asesinato político en Colombia, tiene trágicos
antecedentes y para no remontarnos a la época de la independencia es a
partir del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948,
que una y otra vez, por setenta años, el método que ha usado la
“democrática” oligarquía burguesa colombiana para frenar a los
candidatos adversarios –los populares- ha sido su eliminación física.
Muchas veces con guión redactado en Washington, claro.
Gaitán fue
asesinado por su compromiso con la reforma agraria, y porque se declaró a
favor de la nacionalización de sectores decisivos de la economía, como
los bancos. Pero el asesinato de líderes populares no paró ahí: el 11 de
octubre de 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión
Patriótica (UP), quien como candidato presidencial en 1986 había
obtenido una cifra récord de votos.
Casi dos años después, el 18
de agosto de 1989 “Popeye”, un sicario del narcotraficante Pablo
Escobar, asesinó al candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán,
que era el favorito según las encuestas y el 22 de marzo de 1990 a
Bernardo Jaramillo, que se sumó a la masacre de 11 congresistas y miles
de militantes de la UP y el Partido Comunista Colombiano.
En ese
momento, el ex movimiento guerrillero M19 (del cual Petro era
militante), competía por primera vez en elecciones por la presidencia, y
su candidato Carlos Pizarro Leongómez fue ametrallado dentro de un
avión el 26 de abril de 1990. Veinte años después, en 2010, se determinó
que funcionarios de la policía política DAS, entre ellos su exdirector,
fueron partícipes del crimen.
Popeye”, quien acompaña al Centro
Democrático, recientemente celebró el asesinato de Carlos Pizarro,
asegurando que “si Carlos Castaño no lo mataba, hoy Colombia sería otra
Venezuela”…
Manuel Cepeda Vargas, ex secretario de la Juventud
Comunista y director del semanario Voz, fue asesinado el 9 de agosto de
1994 por suboficiales retirados del Ejército. Contra la vida de Aída
Avella también se atentó obligándola a salir del país.
Los
ultraderechistas Cambio Radical, Centro Democrático, y el propio
presidente Juan Manuel Santos, junto con los medios hegemónicos de
comunicación como Caracol y RCN, han tratado de imponer en el imaginario
colectivo de que Venezuela es una dictadura castrochavista, y que todos
las personas, grupos y partidos de izquierda, incluyendo a Gustavo
Petro, son castrochavistas, y por ende, como decía Popeye, hay que
detener la amenaza de que Colombia se convierta en una nueva Venezuela.
Mientras
sigue la campaña presidencial, líderes sociales y defensores de
Derechos Humanos siguen siendo asesinados sistemáticamente en Colombia,
con la impunidad brindada por el poder fáctico. En lo que va del 2018 se
registraron 40 asesinatos, más de uno cada dos días– entre los que se
destacan líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes e integrantes
del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Algunos
de los líderes asesinados desarrollaban actividades relacionadas con la
restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, oposición a
proyectos minero energéticos, defensa de los derechos humanos, defensa
del territorio y del medio ambiente
La Fiscalía General reportó
2.292 personas inhumadas como no identificadas solamente en cinco
cementerios de los llanos orientales. En promedio se restituyeron 15
cuerpos por año, lo cual indica que hacen falta 144 años para entregar
dignamente el total de los cuerpos inhumados tan sólo en estos cinco
cementerios. Encontrar e identificar a todos los desaparecidos de
Colombia podría durar un milenio.
Los esfuerzos de los medios
hegemónicos por enlodar y degradar la figura del exalcalde bogotano
parece haber sido contraproducente para el establishment. Petro hoy
representa la memoria histórica acumulada, en el camino de la paz y la
justicia social. Por ahora va esquivando las balas…
Camilo
Rengifo Marín, Economista y docente universitario colombiano, analista
asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,www. estrategia.la)
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