Ángel Guerra Cabrera
La Jornada
En el momento que
escribo sólo faltan horas para que el golpe de Estado
parlamentario-judicial-mediático en Brasil se haya consumado al estilo
hondureño o paraguayo. No importa que la mayoría de intelectuales,
artistas y movimientos sociales se hayan manifestado en contra durante
semanas, que ninguna personalidad prestigiosa en Brasil, o en el mundo,
lo haya apoyado.
La mayoría del Senado de Brasil aprobaría esta madrugada, pese a carecer de fundamento jurídico, el juicio político, o impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Ella, conviene insistir, no ha cometido
delito de responsabilidad, requisito fijado por la Constitución para abrir el juicio político. El procedimiento es tan obvia y escandalosamente grotesco que hasta la fétida OEA y su pendular Comisión Interamericana de Derechos Humanos han puesto reparos. No, claro, con el desvelo y afán de su secretario general por servir al imperialismo contra Venezuela.
Suponiendo que la presidenta hubiera incurrido en la falta que se le
imputa, no pasaría de ser una pequeña infracción administrativa que no
amerita una medida de la magnitud de la tomada, según opinan abogados
eminentes de Brasil. Protagonistas de esta conjura atroz y decadente:
una Cámara de Diputados y un Senado, cuya mayoría está formada por
vividores e ignorantes, representantes no de los intereses de sus
electores sino de los grandes negocios. Sean los del agribussines, los
que abogan por la industria de armamentos y las empresas de seguridad
privada, o la pintoresca y oscurantista cofradía de pastores y
activistas pentecostales.
Casi todos ligados a grandes trasnacionales como Monsanto y Syngenta o
a gigantescos emporios financieros como el de George Soros, Goldman
Sachs y otros de la misma calaña, gestores –con la complicidad o el
auspicio de Washington– de golpes de Estado, guerras civiles y
demolición de países.
Hay que añadir una hornada de jueces venales y un Tribunal Supremo
Federal que sirven, salvo excepciones, a quien mejor les pague. Otra
fuerza decisiva, ésta sí verdadero estado mayor del golpe, es la
integrada a escala nacional por la red multimedios Globo, la revista Veja y los diarios O Estado de Sao Paulo y Folha de
Sao Paulo. A escala internacional, gran parte de la mafia mediática ha
participado en el linchamiento a Dilma, Lula y los gobiernos del PT,
pero se llevan las palmas los británicos Financial Times y The Economist, y el estadunidense The Wall Street Journal. Sus nombres lo dicen todo.
Conviene hacer un poco de historia. El gobierno neoliberal de
Fernando Henrique Cardoso dejó al de Lula una honda crisis económica,
inflación desbocada, astronómica deuda pública, desgarramiento del
tejido social, desarticulación del Estado y profundización de las
desigualdades e injusticias abismales que padece el país hace siglos;
una de ellas, la injusta distribución de la tierra. Otra, una ley
electoral que impide la participación popular. Para el sindicalista y
para Dilma ha sido muy difícil gobernar.
Para hacer avanzar su agenda social han mantenido una alianza y
conciliado con sectores y partidos burgueses y convenencieros y en esas
condiciones enfrentado una embestida feroz de la derecha y la gran
prensa oligárquica que intentó desaforar a Lula en 2005. Así y todo, la
gestión del PT ha sido revalidada por los electores en tres comicios
presidenciales consecutivos, incluida la muy hostigada relección de
Dilma en 2014, con un margen más ajustado que los anteriores pero
ascendente a la muy respetable cifra de 54 millones de votos, más de 3
millones sobre su rival Aécio Neves.
Ante el hecho consumado del golpe queda mucho por hacer. Habrá lucha
como han dicho Lula y Joao Pedro Stédile y todos los referentes del
Movimiento de los Sin Tierra, del Bloque Brasil Popular, Brasil sin
Miedo, la central obrera CUT, la UNE y el interesante Levantamiento de
la Juventud. Los golpistas carecen de consenso salvo en la lite y el
sector fascista de la clase media.
Hay que aprovechar muy bien los 180 días que tiene el Senado para
concluir el juicio sobre Dilma. Persuadir con movilizaciones masivas al
número de senadores necesario para imponer su absolución en la votación
final. Abrir un debate nacional sobre la monstruosidad en curso y el
proyecto de país deseado, capaz de conducir a la derrota del golpe, pero
también a una Asamblea Constituyente, con reforma agraria, reforma
política y ley de medios que permitan un gran ensanchamiento de la
democracia.
Twitter:@aguerraguerra
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