AVN
Adital
José "Pepe”
Mujica, expresidente de Uruguay, denunció en entrevista esta semana intentos de
desestabilización en la región latinoamericana y advirtió que los medios de comunicación
están asociados a dichas pretensiones.
El político
uruguayo, quien fue Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, se refirió a la nueva
derecha, a la que empresas de comunicación "hacen campañas con discursos actualizados,
que se muestran como empresarios exitosos y con un discurso antipolítico”.
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| Expresidente uruguayo José Mujica y la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. |
El actual
senador por el gobernante partido Frente Amplio destacó que los gobiernos progresistas
de la región son atacados por priorizar a los hombres sobre el mercado.
Asimismo,
indicó que en Uruguay hay una izquierda cada vez más formada, preparada e integrada
que podrá dar la batalla e incluso acabar con el capitalismo y el consumismo, reseña
información publicada en el portal web de la agencia Prensa Latina.
En los
últimos meses, gobiernos de América Latina han sido objetivo de planes violentos
orquestados por sectores de la derecha, para tratar de desestabilizar y acabar con
sus mandatos legítimos.
Tal es
el caso de Ecuador, donde en las últimas semanas el Gobierno del presidente Rafael
Correa ha enfrentado hechos de violencia promovidos por la derecha contra la Ley
de Redistribución de la Riqueza (Ley de Herencias) y de Ganancias Extraordinarias
(Plusvalía), pese al anuncio del Ejecutivo de retirar temporalmente las normas y
al llamado al debate nacional.
La derecha
ecuatoriana emprende acciones violentas que buscan derrocar al Gobierno constitucional,
utilizando como pretexto la reforma de la mencionada normativa, cuyo objetivo es
profundizar la redistribución de la riqueza y la equidad social, y que sólo pechará
a 2% de la población de la nación suramericana.
En junio
pasado, grupos de opositores intentaron reanudar las protestas contra el Gobierno
de Ecuador, tras la despedida del Papa Francisco de la nación andina, para demandar
la derogación de las leyes.
El más
reciente hecho violento se registró la semana pasada, cuando cerca de las instalaciones
de los diarios El Telégrafo y El Universo, ubicadas en Guayaquil, estallaron bombas
panfletarias firmadas por un supuesto grupo denominado "Frente de Liberación Nacional”.
Brasil
sufre también la arremetida de la derecha, que también actúa en Venezuela y Argentina.
En ésta última, la muerte de un fiscal ha sido usada por corporaciones mediáticas
para pretender deslegitimar la gestión democrática y popular de la presidenta Cristina
Fernández.
En Venezuela
la escalada de la derecha ha tenido diversas fases, como la guerra económica, caracterizada
por promover la usura, la especulación y el desabastecimiento de productos de primera
necesidad, así como campañas de rumores, fallidos golpes de Estado y planes para
generar violencia y zozobra en el país.
El pasado
12 de febrero, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció un nuevo intento
de golpe de Estado contra Venezuela, su Gobierno y el pueblo.
El plan,
que se iniciaría tras la publicación en los medios de comunicación de un manifiesto
llamando a un Gobierno transitorio, contemplaba atacar con un avión Tucano – traído
del exterior – los actos de conmemoración de la Batalla de La Victoria, así como
sedes de instituciones del Estado y zonas residenciales de Caracas.
Al mismo
tiempo, implicaría la reactivación de las guarimbas en la ciudad capital y otras
localidades del país. La acción anticonstitucional fue totalmente desarticulada.
Las pretensiones
de la derecha se han extendido a Centroamérica, específicamente a El Salvador, donde
la oposición y grupos criminales ejecutaron un boicot al sector transporte para
tratar de crear caos y promover un golpe de Estado contra el presidente legítimo
Salvador Sánchez Cerén.
La semana
pasada, bandas delictivas obligaron a transportistas a paralizar sus unidades bajo
amenazas y asesinaron a nueve conductores que no acataron sus órdenes.
Ante la
escalda de violencia, en El Salvador se incrementó la presencia policial y militar
y se habilitaron vehículos de instituciones públicas, llamados "picacheros”, para
asegurar la movilidad de las personas.
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