Revista Pueblos
La
escalada creciente de tensión entre Estados Unidos y Venezuela con la
declaración de “emergencia nacional” por parte del ejecutivo de Barack
Obama ha vuelto a poner a prueba el papel de la Unión de Naciones
Sudamericanas (Unasur) como organismo garante de la soberanía
democrática de sus estados miembros. La pérdida de influencia de la
potencia estadounidense en la región y las nuevas políticas de alianzas
dibujan un tablero geopolítico que tendrá en el punto de mira a los
recursos naturales de América Latina.
La última acusación de
intento de golpe de estado por parte del presidente Nicolás Maduro
hacia Estados Unidos desencadenó la situación más tensa registrada
entre ambos países desde el nombramiento del mandatario venezolano en
abril de 2013. En los primeros días del pasado marzo, el presidente de
Estados Unidos emitió una desconcertante declaración en la que
identificaba a la República Bolivariana como “una infrecuente y
extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior
de Estados Unidos”, motivo por el que se declaraba “la emergencia
nacional para tratar con esa amenaza.”
En términos prácticos,
la declaración de “emergencia” permite al ejecutivo estadounidense
dictar sanciones contra un país y, recordando las ocasiones anteriores
en las que ha sido utilizada, se trata del precedente de agresiones u
operaciones militares como las ocurridas en el caso de la invasión a
Iraq o, más recientemente, en las intervenciones en Siria y Ucrania [1]
. En efecto, el mismo día que se conocía dicha declaración, el
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertaba en un
acto público que dichas resoluciones de emergencia “las utiliza el
imperialismo norteamericano cada vez que va a atacar a un pueblo”,
previendo “sobre nuestra tierra, sobre nuestro país, ataques
militares”.
Según el ejecutivo de Obama, la sanción a siete
funcionarios venezolanos implicados en la intervención contra las
protestas ocurridas entre febrero y abril del pasado año se sustenta en
la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de
Venezuela 2014. La norma, un escalón más en el enfrentamiento entre
ambos países, fue aprobada en diciembre del pasado año coincidiendo con
el anuncio de la apertura de relaciones con Cuba y con el
reconocimiento del fracaso de la política de bloqueo llevada a cabo
contra la isla durante cinco décadas. Estados Unidos reforzaba su
postura beligerante contra la República Bolivariana, a la vez que
tendía la mano a Cuba, su mayor aliada.
Las sanciones
emitidas por Estados Unidos y la expulsión de gran parte del
funcionariado de su embajada en Caracas como respuesta por parte de
Venezuela se produjeron después de que el presidente Maduro diera a
conocer, semanas antes, los planes de intento de golpe de estado en su
país preparados por dirigentes de la oposición, como el ya encarcelado
alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, junto a miembros del servicio de
inteligencia estadounidense, y con la intervención de algunos miembros
de las Fuerzas Armadas. Según las pruebas presentadas por Maduro, la Operación Jericó
preveía el ataque a distintos puntos estratégicos de la ciudad de
Caracas, como el Palacio de Miraflores y la sede del Ministerio de
Defensa, y a importantes medios de comunicación, como la sede del canal
regional Telesur.
Al igual que en otras ocasiones, el
ejecutivo de Obama rechazó las acusaciones injerencistas de Venezuela a
través de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, quien negó
la involucración en la “conspiración golpista”. Sin embargo, la última
amenaza del que fuera elegido como premio Nobel de la paz y el temor de
una intervención desde el exterior son interpretadas desde Caracas como
la única alternativa que le queda a la oposición venezolana de llegar
al poder por la vía democrática, en vista de los fracasos electorales
que se han sucedido en los últimos dieciséis años.
Pérdida de influencia de EEUU en la región
La negación de las acusaciones de participación en el intento de golpe
de estado por parte de Estados Unidos no pareció convencer a los demás
países de la región latinoamericana que, de forma irrestricta,
mostraron su apoyo a la soberanía democrática del Estado venezolano y
condenaron cualquier intento de injerencia, incluida la Organización de
Estados Americanos (OEA), que históricamente se ha desempeñado bajo la
órbita estadounidense.
El cierre de filas por parte de las
organizaciones integracionistas de América Latina en torno al liderazgo
del presidente Nicolás Maduro es muestra evidente del papel que
desempeñan en la geopolítica actual bloques como la Unión Suramericana
de Naciones (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC). De manera elocuente, el mandatario venezolano
calificó a ambas organizaciones como “anillos protectores” por su
rápido apoyo al gobierno bolivariano frente a las amenazas de la
potencia del norte.
En efecto, en medio del cruce de
declaraciones entre Caracas y Washington, una comisión de Unasur con su
secretario general al frente, el expresidente de Colombia, Ernesto
Samper, viajó a Venezuela para demostrar la condena a cualquier intento
injerencista, como ya lo hiciera durante la crisis de las guarimbas
del pasado año. La declaración oficial de Samper en rechazo de
“cualquier intento de desestabilización democrática de orden externo o
interno en el hermano país” es un recordatorio de uno de los principios
plasmados en el tratado fundacional del bloque, “el mantenimiento de la
región como una zona de paz”. No cabe duda tampoco de que el silencio
de los históricos aliados de Washington, como México, Colombia, Perú o
Chile, respecto al tono beligerante de Estados Unidos, demuestra la
pérdida de influencia de la potencia en la región, al menos en lo que a
términos económicos se refiere, que, a juzgar por los últimos
acontecimientos, está siendo desplazada por China.
No es la
primera vez que el bloque sudamericano se ve obligado a salir en
defensa de la soberanía venezolana. Su rápida actuación en el
reconocimiento de la victoria del candidato presidencial Nicolás Maduro
en las elecciones de abril de 2013, semanas después del fallecimiento
de Hugo Chávez, desmontaron los intentos de la oposición de invalidar
el proceso electoral. También en ese momento, el gobierno de Estados
Unidos se quedó solo en el apoyo a las acusaciones de fraude de la
derecha venezolana, acompañado del seguidismo de España.
En
sus pocos años de existencia, la Unión de Naciones Suramericanas ha
tenido que paralizar intentos desestabilizadores en la región, como los
golpes de estado en Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay (sin lograrlo
en estos dos últimos), y también ha participado en la resolución de
distintas crisis, como la producida entre Ecuador y Colombia por la
incursión del ejército colombiano en el espacio aéreo ecuatoriano, o la
causada por la retención del avión presidencial en el que viaja Evo
Morales.
Integración vs. libre comercio
En un
contexto de alianzas estratégicas, la unión de los doces países que
conforman Unasur en una integración que transciende el interés
comercial y económico para poner en el centro el buen vivir y
el respeto a la vida, y la solidaridad y la cooperación frente al
intervencionismo, supone un modelo de concertación único imbuido por el
giro ideológico en gran parte de los países que firmaron su
constitución: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.
Aunque
los antecedentes de Unasur se encuentran en alianzas comerciales, como
la CAN o el Mercosur, la llegada a gobiernos de la región de líderes
como Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Fernando Lugo y Rafael
Correa, permitió que el bloque dejara en un segundo plano el interés de
la unión económica para reivindicar el pensamiento integracionista de
Simón Bolívar y hacer de la región “un espacio de integración y unión
en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos” que
tuviera como prioridad “lograr la inclusión social y la participación
ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el
marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los
estados”, según quedó plasmado en el Tratado Constitutivo de la Unión
de Naciones Sudamericana firmado en Brasilia en mayo de 2008.
La
victoria por la vía democrática de gobiernos que tomaban distancia de
las políticas del Consenso de Washington y la paralización del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) permitió trazar un nuevo rumbo a
la región que tiene como prioridad la defensa de la soberanía y de la
independencia, así como acabar con las relaciones históricas de
subordinación que condenaron a millones de personas a la pobreza y a la
exclusión social.
La inauguración el pasado diciembre de la sede de la Unasur en la zona ecuatoriana conocida como La mitad del mundo supuso un nuevo impulso a la integración del bloque. La apertura del moderno edificio Néstor Kirchner,
en homenaje al primer secretario general de la organización, reunió a
los jefes y jefas de estado latinoamericanos, que en ese momento
acordaron nuevos pasos hacia la unificación, como la creación de un
pasaporte común para la ciudadanía sudamericana.
Dentro del área
de integración latinoamericana coinciden distintos espacios de
asociación con diferentes intereses, como la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad del
Caribe (CARICOM) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que integra a
doce países de América Latina y el Caribe y que tiene como uno de sus
principales ejes la lucha contra la pobreza y la exclusión social. La
existencia de diferentes acuerdos comerciales, tanto regionales como
extra regionales, evidencia la heterogeneidad de intereses de los
miembros del bloque, lo que sin duda condiciona su relación y
expectativas respecto al futuro de Unasur.
En este sentido, las
naciones que conforman el denominado Arco del Pacífico Latinoamericano
(Chile, Perú y Colombia, miembros también de Unasur), firmaron en 2011
junto a México y Panamá, estos como estados observadores, el tratado
para la creación de la Alianza del Pacífico. A pesar de la alusión
geográfica, se trata de una unión ideológica que conecta el norte con
el sur y que persigue la creación de un “área de integración profunda”
en el que se mantengan las prácticas del libre comercio, además de un
intento de la potencia estadounidense de reforzar su presencia en la
zona.
La importancia estratégica de los recursos energéticos
La relativa pérdida de influencia de Estados Unidos en la región
latinoamericana coincide con la transición hacia un nuevo escenario
mundial en el que diferentes economías y bloques regionales entran a
disputar la hegemonía de la potencia norteamericana. Es indiscutible
que las alianzas regionales, económicas e ideológicas están definiendo
en este momento histórico el orden mundial de las próximas décadas, en
el que, sin lugar a dudas, será determinante el acceso a los recursos
energéticos, minerales e hídricos.
Precisamente, la
integración en bloque de los doce países que conforman Unasur convierte
una de las regiones con mayor pobreza en la cuarta economía del mundo,
la mayor productora y exportadora de alimentos, y una de las zonas con
mayor riqueza natural (Brasil, Colombia, Ecuador y Perú están en el
listado de los diez países con mayor biodiversidad del planeta).
Según
un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) [2] , la región posee una de las mayores reservas
minerales del planeta, exactamente un 65 por ciento de las reservas
mundiales de litio, un 42 por ciento de plata, un 38 de cobre, un 33 de
estaño, un 21 de hierro, un 18 de bauxita y un 14 por ciento de níquel.
No hay que pasar por alto la importancia de estos recursos en el futuro
de la región, ya que sus países son los principales productores del
mundo en los denominados “minerales estratégicos”, como niobio,
antimonio, bauxita, bismuto, litio, tantalio, zinc y cobre, entre
otros. La posesión de estos recursos es una fortaleza para el
desarrollo del bloque, pero también puede interpretarse como una
amenaza, si se tiene en cuenta que la potencia estadounidense es
dependiente casi en un cien por ciento de algunos de los minerales
citados [3] y define su acceso y apropiación como una cuestión de
seguridad nacional [4] .
Por su parte, la British Pretroleum
(BP) estimó en un informe presentado en 2011 que el 17 por ciento de
las reservas mundiales de petróleo probadas se localizan en la región,
gran parte de ellas en la Faja del Orinoco del oriente venezolano,
donde se estima que la explotación pueda mantenerse durante los
próximos cien años [5] . Respecto al agua, un 30 por ciento de los
recursos hídricos renovables del mundo se encuentran en la región, lo
que supone el 70 por ciento del agua del continente, un elemento
necesario para la vida pero también para la creación de energía, como
la hidroeléctrica, o para la extracción de hidrocarburos mediante la
agresiva técnica del fracking.
Las riquezas naturales
que albergan los más de 17 millones de kilómetros cuadrados que
conforman el bloque son la mayor fortaleza y ventaja competitiva con la
que cuenta la región, pero su adecuada gestión y su protección también
suponen uno de los grandes desafíos a los que debe hacer frente. Hay
que recordar que la Constitución de Ecuador reconoce los derechos de la
naturaleza, y que, junto a las de Bolivia y Venezuela, son varias las
constituciones que recogen la cosmovisión andina del buen vivir, que es inseparable del cuidado y respeto a la pacha mama,
la madre tierra. Estos países deben resolver el dilema entre la
protección y el cuidado de la naturaleza frente la explotación de sus
recursos como medio para alcanzar el desarrollo en una de las regiones
que presenta las mayores brechas sociales del planeta.
Si bien
la protección de la naturaleza de acuerdo a la cosmovisión indígena es
uno de los retos para algunos de los países del bloque, también lo es
la defensa frente a las amenazas exteriores y la disputa por los
recursos estratégicos que posee la región y que son esenciales para el
mantenimiento del nivel de consumo de algunas potencias extranjeras.
La
amenaza no puede ser ignorada si se observa la estratégica presencia
militar de Estados Unidos en América Latina. Investigadores de la
geopolítica en la región, como los argentinos Telma Luzzani y Atilio
Boron, han documentado hasta 77 bases estadounidenses en Centroamérica
y América del Sur que tendría diversas funciones (algunas de ellas no
tienen asignado personal militar), pero siempre con una misma
finalidad: proteger los intereses de la potencia.
La capacidad
militar estadounidense supera con creces a la de cualquier otro país
del continente americano. La estrategia de la Unasur para construir, al
menos, un contrapeso regional al poder militar del vecino del norte es
recurrir de nuevo a la política de integración con la creación del
Consejo de Defensa Sudamericana (CDS), conformado por los ministros de
Defensa de los doce países que componen Unasur. El consejo se
constituyó pocos meses después de la aprobación del Tratado
Constitutivo del bloque, lo que demuestra las prioridades del grupo.
La
reciente declaración de “emergencia nacional” de Estados Unidos fue
interpretada como la amenaza de una intervención sobre Venezuela. En el
caso de que finalmente se produzca una agresión, se deberá poner a
prueba la capacidad del CDS como alianza militar de defensa y, en
definitiva, de protección de los recursos estratégicos de la región.
Notas:- Boron, Atilio: “Preparando la agresión militar a Venezuela”, artículo de Atilio Borón en Alai, 09/03/2015. Ver en www.atilioboron.com.ar.
- CEPAL (2013): “Recursos naturales en UNASUR, situación y tendencia para una agenda de desarrollo regional”, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
- Boron, Atilio (2013): América Latina en la geopolítica del imperio, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, República Bolivariana de Venezuela.
- Bruckmann, Mónica (2012): Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana, Perúmundo, Lima.
- Bargaza, Mayra; y Regueiro, Lourdes (2012): Unasur, proceso y propuesta, FEDAEPS, Quito.
Artículo publicado en el nº65 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2015.
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