Eric Nepomuceno
El
miércoles 1º de julio Dilma Rousseff cumplió seis meses de su segundo
mandato presidencial. Y lo hizo con una marca espantosa: los más
recientes sondeos de opinión pública indican que solamente 9 por ciento
de los brasileños aprueban su gobierno. Es el peor índice alcanzado por
un presidente desde la retomada de la democracia, hace 30 años. En
marzo, la aprobación de su gobierno era de 12 por ciento. En julio, la
aprobación de Dilma es inferior a la que recibió en sondeos recientes
su propio partido, el PT (12 por ciento). La reprobación es de 68 por
ciento y 61 por ciento de los entrevistados cree que la situación
empeorará.
Los primeros efectos se hicieron visibles en la oposición más
radicalizada, cuyos voceros se apresuraron a pedir la dimisión de Dilma
Rousseff. Uno de los más legítimos representantes de la derecha
furibunda, el senador Ronaldo Caiado, un terrateniente con sólida
trayectoria ultraconservadora, declaró que
la renuncia sería una actitud de estadista. Otra luminaria de esa derecha, el también senador Cassio Cunha Lima, pidió:
Para que Brasil tenga su sufrimiento abreviado, renuncie, Dilma.
El candidato neoliberal derrotado en las elecciones del pasado
octubre, Aécio Neves, del mismo PSDB del ex presidente Fernando
Henrique Cardoso, prefirió el camino del sarcasmo, al afirmar que muy
pronto la aprobación de la presidenta será inferior a la inflación (que
es de 8.7 por ciento).
La verdad es que las peores derrotas del gobierno en el Congreso son
provocadas por los supuestos aliados, en especial el PMDB, mayor socio
del PT, y que controla tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Con
aliados así, la oposición no hace falta.
Hasta los más equilibrados y objetivos analistas políticos se
muestran pesimistas, al prever que el índice de aprobación de Dilma
Rousseff podrá desplomarse aún más.
No son pocos quienes dicen que ella malgastó de manera absurdamente
veloz su capital político, y que le será cada vez más difícil gobernar
de aquí en adelante. Los espacios de maniobra para intentar recuperar
la confianza tanto del electorado como del mercado se achicaron de
manera significativa, mientras aumentó, y mucho, el riesgo de ser
definitivamente abandonada por aliados e incluso por corrientes
internas de su mismo partido, el PT.
Los tres aspectos más criticados por los entrevistados son la
inflación (precios que fueron controlados en su mandato anterior ahora
explotaron, como energía eléctrica, transporte público, agua,
combustibles), las altísimas tasas de interés, que hicieron que muchas
familias se encuentren en situación de morosidad junto a los bancos, y
la pésima calidad de servicios públicos de salud.
Además,
el fantasma del desempleo se transformó en una amenaza creciente, a
raíz de la grave recesión económica vivida por el país. A estas alturas
el nivel de paro ronda 10 por ciento.
Esa situación –desempleo, inflación e intereses astronómicos– no da
ninguna muestra de cambio tan pronto, lo que no hará otra cosa que
reforzar la insatisfacción generalizada.
En el Congreso, el principal partido de oposición, el PSDB, está
absolutamente decidido a votar contra cualquier interés del gobierno,
con el objetivo específico de desgastar más aún a Dilma y al PT. Con
eso, muchas veces son aprobadas medidas claramente perjudiciales al
actual escenario económico, y peor, contrarias a toda la trayectoria
del mismo PSDB.
Los aliados se muestran cada vez más infieles, y la principal
novedad en esa rebelión son las presiones del PMDB para que Michel
Temer, que acumula los puestos de vicepresidente y articulador político
del gobierno, abandone esa tarea. Sería el primer paso para que el
principal partido de la alianza abandone un barco que corre el serio
riesgo de naufragar.
Pero los problemas de Dilma no terminan ahí. Hay más, mucho más: las
denuncias de corrupción siguen goteando diariamente y, manipuladas por
los grandes medios de comunicación, ayudan la opinión pública a
entender que hubo desvíos recursos ilegales para la campaña electoral
de Dilma Rousseff.
De tan escandalosamente manipulada, la situación llegó a niveles
absurdos. La cosa es así: tanto el PT como partidos de oposición
recibieron, en las pasadas elecciones, donaciones de las mismas
empresas. Pero, acorde a la absurdamente parcial prensa brasileña, para
los partidos de oposición fueron donaciones legales, respetando todos
los dispositivos de la legislación electoral. Para el PT, pese a que
todos los requisitos fueron cumplidos de la mismísima manera, es dinero
robado e ilegal. De comprobarse el dato, estaría abierto el camino
legal para la deposición de Dilma por el Congreso.
Esa reiteración obsesiva, sumada al mecanismo de filtraje altamente
selectivo de informaciones a la prensa, de parte tanto de la Policía
Federal como de la Justicia, no hacen más que enturbiar el escenario
político. Y, una vez más, en claro detrimento de la imagen de la
presidenta.
Y es así que, entre una crisis económica seria y una crisis política
cada vez más tremenda, el gobierno es golpeado por todos los lados. Y
nadie se anima a prever qué pasará.
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