Cristina Fontenele
Adital
El informe anual, Violaciones a la Libertad
de Prensa y el Derecho a la Comunicación, publicado por la Federación Colombiana de
Periodistas (Fecolper), revela números preocupantes para los profesionales de la
comunicación en Colombia. En 2014, fueron 184 las víctimas de violencia, un
aumento de 20 casos en relación con 2013. El país se ha configurado como un
espacio crítico para la actividad de prensa, bajo presión y persecución de
grupos del narcotráfico y por la omisión del Estado.
En el 42,5% de
los casos la amenaza es la principal forma de agresión. |
De las 146 agresiones registradas, en el 42,5% de los casos la amenaza
es la principal forma de violencia, seguida de agresiones físicas o verbales
(22,6%). La capital Bogotá es la región más insegura para el ejercicio de la
profesión con el 24% de los casos, adelante de Antioquia (13%) y Valle del
Cauca (8%).
El estudio revela que el 75% de las víctimas son hombres. Y el 21,2% de
los responsables de la violencia son las Fuerzas Públicas. Servidores públicos
aparecen con el 11% como autores de agresión. Los medios de comunicación
privados son los más alcanzados (80,2%).
Fuerzas
Públicas y Servidores públicos sumados representan el 32,2% de los agresores. |
A comienzos de diciembre de 2014, el grupo paramilitar Bloque Capital –
Águilas Negras, a través de panfletos, amenazó a periodistas del Canal Capital,
cadena Telesur y a la agencia Reporteros Sin Fronteras. Periodistas del equipo
Noticias Uno también sufrieron amenazas y un alerta de bomba contra el edificio
de la Revista Semana llegó a registrarse el año pasado. 38 periodistas, defensores
de derechos humanos y funcionarios administrativos del departamento de
Atlántico y Magdalena tuvieron sus nombres amenazados en un panfleto anónimo.
La Defensoría Pública solicitó medidas de protección para esas personas.
Periodistas han sido blancos de amenazas constantes de grupos del narcotráfico |
Para la Fecolper, parece una estrategia articulada de estigmatización y
persecución que ha amenazado gravemente a comunicadores colombianos y la
libertad de expresión en el país. Denuncias revelan que grupos del narcotráfico
operan en connivencia con políticos locales, impidiendo coberturas
periodísticas sobre corrupción gubernamental. Periodistas reclaman que la capacidad
de protección del Estado disminuyó debido a los pocos recursos económicos
actuales para proteger al alto número de personas amenazadas. El programa de protección del país para periodistas
ofrece chalecos a prueba de balas, apoyos de transporte y elementos de estudio
para reubicacióntemporaria, pero esas medidas no eliminan el
riesgo.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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