Noticias Aliadas
Adital
El gobierno de El Salvador ha comenzado a buscar los
recursos financieros para costear un ambicioso plan de US$2 millardos con el
que pretende atajar los altos niveles de delincuencia que vive el país, sobre
todo la generada por las pandillas, principal dolor de cabeza de las
autoridades.
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| Efrentamientos de pandillas son los principales causantes de la violencia en El Salvador |
Pero obtener los fondos para poner en marcha el plan es
un reto grande para este país de 6.2 millones de habitantes, que ya en el
pasado ha elaborado proyectos similares para enfrentar el crimen, como en el
2007, y que no se ejecutaron precisamente por falta de recursos.
"Ya hemos tenido esfuerzos parecidos, pero el problema es
que no se consiguió el dinero”, dijo recientemente en un foro televisivo, José
María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA) y miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia (CNSCC).
El 15 de enero, el CNSCC entregó al presidente Salvador
Sánchez Cerén un informe con las 124 medidas prioritarias que el gobierno
debería poner en marcha para reducir el crimen en el país. El CNSCC fue lanzado
en setiembre del 2014 por el gobierno de Sánchez Cerén, del izquierdista Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), para abordar el problema de
la inseguridad, considerado por la ciudadanía como el principal problema del
país, de acuerdo con varios sondeos de opinión.
Sánchez Cerén es un excomandante guerrillero quien asumió
la presidencia el 1 de junio del 2014, sumando a su partido un segundo periodo
de cinco años en el poder.
El CNSCC está integrado por funcionarios de gobierno,
representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación
internacional. La coordinación técnica está a cargo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El fracaso de
la política de "mano dura”
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| Presidente Salvador Sánchez Cerén lanza medidas prioritarias para reducir criminalidad |
Por más de dos décadas, desde que el país finalizó una
cruenta guerra civil (1980-1992) que dejó más de 70,000 muertos, los
salvadoreños han sufrido el embate de una criminalidad desbordante, al igual
que sus vecinos Guatemala y Honduras.
Esa criminalidad no fue detenida por las políticas de
"mano dura”, impulsadas en el país por los gobiernos de derecha de la
posguerra.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo.
Cerró el 2014 con 3,912 asesinatos, un incremento de 57% en relación al año
anterior, y con lo cual alcanza 63 homicidios por cada 100,000 habitantes. A
nivel mundial, la tasa promedio de homicidios es de 6.2 por cada 100,000
habitantes, según el Informe Global de Homicidios 2013, de las Naciones Unidas,
publicado en abril del 2014. En América Latina el promedio es de 29 por cada
100,000.
El monto estimado para implementar el plan de seguridad
es de $2 millardos durante cinco años, a un promedio de $400 millones anuales.
La cifra total corresponde al 1.7% del producto interno bruto del país, y está
previsto que el 74% de los recursos se destinen a la prevención del delito.
En principio, el financiamiento del plan provendrá del
Presupuesto General de la Nación, préstamos internacionales en proceso de
aprobación por el Congreso, aportes privados y la cooperación internacional.
Roberto Valent, representante residente del PNUD en el
país, dijo a la prensa local que el aporte de la cooperación internacional
podría rondar los $70 millones anuales, mientras que el gobierno confirmó que
está en negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
afianzar un préstamo de $200 millones para arrancar.
Entre las principales medidas están la intervención del
Estado en 50 municipios considerados más violentos, llevando proyectos
educativos, de salud y empleo. Allí se pretenden invertir en los próximos cinco
años $500 millones para crear 250,000 puestos de trabajo a jóvenes. Otros $250
millones se destinarán a la creación de espacios deportivos, culturales y
recreativos, necesarios para sacar a los jóvenes de los círculos de violencia.
También hay propuestas concretas para aprobar nuevas
leyes para frenar el delito, como la de prohibir que las compañías telefónicas
mantengan activos teléfonos que hayan sido robados, pues la mayoría de
extorsiones — uno de los delitos más comunes en el país — se realizan desde
teléfonos robados.
Nueva tregua
entre pandillas
"Yo sigo esperando una estrategia que dé mejores
resultados que los que obtuvimos nosotros con el proceso de tregua entre
pandillas. Si no es eso, entonces habría rugido la montaña y parido un
ratoncito [pese a las grandes expectativas creadas se obtendría un magro
resultado]”, dijo aNoticias AliadasRaúl Mijango, que en marzo del
2012 medió para que las dos principales pandillas del país, MS-13 y Barrio 18,
alcanzaran una tregua.
Ese pacto, que duró un poco más de un año, bajó
dramáticamente los homicidios en el país, de un promedio de 70 por cada 100,000
habitantes a 40 por cada 100,000.
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| Tregua entre pandillas reduce homicidos, pero pacto duró poco más de un año. |
Pero el acuerdo entre esas estructuras delictivas de no
agredirse mutuamente fue duramente criticado por buena parte de la sociedad,
que ve diariamente cómo los pandilleros asesinan y extorsionan al ciudadano de
a pie.
Se calcula que unos 60,000 jóvenes integran las pandillas
salvadoreñas, también conocidas como maras, cuyo origen se puede rastrear en
los inmigrantes centroamericanos que se asentaron en EEUU huyendo de los
conflictos armados que golpearon la región en la década de los 80 y que,
deportados a sus países de origen, trajeron consigo la cultura pandilleril que
desarrollaron en ese país.
El pasado 17 de enero, dirigentes de las principales
pandillas del país hicieron circular un comunicado en el que nuevamente se
comprometían a no agredirse en el marco de otra tregua, y aunque los homicidios
bajaron sustancialmente en los días posteriores, nuevamente se incrementaron en
las semanas siguientes.
"Estamos impulsando a nivel nacional un gesto unilateral
de buena voluntad, que busca contribuir en la reducción de la violencia”,
señaló el comunicado suscrito, además de MS-13 y Barrio 18, por las maras
Mao-Mao, La Máquina y La Mirada Locos.
Por su parte, el gobierno y el CNSCC han cerrado filas en
no negociar con las pandillas, bajo el argumento de que son estructuras
criminales que deben ser perseguidas por el Estado.
"Es positivo que no se cometan crímenes [en el marco de
una tregua], pero la persecución debe seguir funcionando”, señaló a Noticias
Aliadas el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales.
"No podernos estarnos confiando en los acuerdos que puedan tener esos grupos
delictivos entre sí”.
Sin embargo, a finales de enero se percibió un poco más
de apertura al respecto, ya que varios de los miembros del CNSCC señalaron que
no se podía negociar con pandillas, pero sí dialogar. Por lo pronto,
representantes de la Iglesia Luterana se reunieron con dirigentes de pandillas
presos, dando los primeros pasos a algún tipo de acercamiento, según confirmó
la prensa local.—Noticias Aliadas.
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