Hace 13 años, un día como este domingo, se abrieron las puertas de
uno de los principales símbolos de la tortura y la violación de los
Derechos Humanos, la cárcel estadounidense de Guantánamo, unas puertas cuyo cierre definitivo tan prometido por Barack Obama está aún lejos de consumarse.
Mientras al presidente estadounidense se le agota el tiempo para
cumplir con su ferviente promesa de clausurar las instalaciones a falta
de apenas dos años para concluir su estancia en la Casa Blanca, lo
cierto es que la transferencia de los prisioneros en los últimos meses
se ha acelerado, pero no lo suficiente.
Tres yemeníes y dos tunecinos, capturados en Pakistán y presos desde
hace más de una década sin cargos, han sido el pasado 31 de diciembre
los últimos reos en ser transferidos a otro país, concretamente a
Kazajistán, una nación que hasta ahora no había acogido a ninguno de
ellos.
El centro, abierto por la Administración de George W. Bush tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001, llegó a albergar a cerca de 800
prisioneros, la mayoría de ellos sin cargos en su contra.
Con motivo del décimo tercer aniversario de su apertura, el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recuerda que de los
127 hombres que siguen “arbitrariamente detenidos”, 59 de ellos fueron
declarados libres de cargos por agencias de inteligencia y de seguridad
estadounidenses, pero continúan a la espera de su liberación.
Los 68 restantes están clasificados como “detenidos indefinidos”,
una categoría utilizada para aquellos individuos que las instancias
estatales consideran no elegibles para juicio ni traslado a terceros
países y que pasarán por una evaluación caso a caso.
Solo 10 personas de esos ocho centenares que acabaron entre rejas
están siendo procesadas. “Las recientes transferencias de 13 presos a
Uruguay, Afganistán y Kazakstán son un paso adelante para lograr el
cierre de Guantánamo”, dijo Viviana Krsticevic, directora Ejecutiva de
CEJIL.
“Sin embargo, las revelaciones realizadas por el informe del Senado
de Estados Unidos sobre la utilización de la tortura por agentes de los
servicios de inteligencia de ese país acentúa la urgencia con la que su
gobierno tiene que actuar”, agregó en relación a las investigaciones al
respecto ordenadas por la Cámara Alta y publicadas el mes pasado.
Además, al tiempo que el segundero del reloj seguía sonando en
contra de la Administración Obama mientras aprieta en su sprint, hace
apenas unas semanas el enviado especial del Departamento de Estado para
cerrar el penal, Cliff Sloan, abandonó su cargo para trabajar en el
sector privado. Pese a que él mismo y el Gobierno estadounidense han
asegurado que simplemente había cumplido los 18 meses a los que se
comprometió para su labor cuando fue nombrado, otras fuentes apuntan a
que Sloan ha tirado la toalla ante el poco interés del Departamento de
Defensa en cerrar la cárcel.
Así, entre condenas e investigaciones de la comunidad internacional
y de asociaciones de derechos humanos, el penal ha llegado este domingo
a cumplir 13 años de existencia, que probablemente sigan sumando si el
presidente no pisa aún más el acelerador y tumba todos los obstáculos.
LibreRed/EFE
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