Marcela Belchior
Adital
Un conjunto de organizaciones
sociales está haciendo una campaña por la liberación de Sergio Rojas, líder
indígena bribri, de la comunidad de Salitre (Municipio de Buenos Aires,
Puntarenas, al sur de Costa Rica). Él fue detenido recientemente por confrontar
intereses económicos que han amenazado las tierras del pueblo bribri, uno de
los grupos étnicos más numerosos de Costa Rica. Las entidades denuncian una
política etnocida, racista y represiva de parte del Estado costarricense y
convocan a la comunidad nacional e internacional a manifestar solidaridad.
Sergio Rojas es presidente de la asociación de la comunidad.
Foto: Reproducción. |
Rojas fue detenido en una
megaoperación conjunta entre el Poder Judicial y la policía, el último 6 de
noviembre, ejecutada con un aparato de casi 40 vehículos, más de 150 agentes
públicos, jueces, fiscales, oficiales de justicia y policías. Los movimientos
sociales consideran tal estructura desproporcionada, aún más cuando el blanco
eran hombres y mujeres indígenas de la comunidad bribri de Salitre, todos
líderes populares, considerados pacíficos.
Además, las organizaciones afirman
que la operación invadió las propiedades de cerca de 10 casas, llevándose
consigo documentos y artículos personales. Sergio Rojas y otros miembros de la
comunidad son acusados de delito de administración fraudulenta. Él es
presidente del gobierno local de Salitre y subcoordinador del Frente Nacional
de Pueblos Indígenas (Frenapi), que agrupa a miembros de la mayoría de los
territorios indígenas del país.
La comunidad ha vivido, en los
últimos años, un proceso de Afirmación Territorial Autónoma, liderado por el
gobierno local de Salitre, enfrentando fuerte oposición de los no indígenas,
que usurparon tierras dentro del territorio, pero que vienen perdiendo causas
judiciales y tienen que salir de los territorios. "Los no indígenas, al ver
perdidas sus causas, se han violentado, cometiendo actos delictivos contra la
Comunidad Bribri de Salitre, agrediendo a las familias dueñas del territorio,
quemando sus casas y amenazando con armas a los vecinos/as, sin que a la fecha
se haya hecho justicia sobres estos actos violentos e ilegales”, se señala en
la nota firmada por nueve entidades.
Los conflictos han estado marcados por el uso de la fuerza
policial por parte del Estado. Foto: Reproducción. |
Del grupo de detenidos, sólo Rojas
permanece encarcelado en la Prisión Regional de San Isidro de Pérez Zeledón. El
Estado entiende que hay un "grado de probabilidad” de que el líder indígena intente
huir u obstaculizar la investigación, y pidió medidas cautelares y el cobro de
fianza por un valor que él, obviamente, no puede pagar: 60 mil dólares. Además,
Rojas fue destituido del cargo de presidente de la asociación de salitre y no
puede tener contacto con denunciantes o testigos involucrados en la acusación.
"El grado de probabilidad de que los
dirigentes del gobierno local, no faciliten la investigación, es inexistente,
pues todos son sencillos y pacíficos campesinos que viven ahí. Hay poderosos
intereses económico-políticos y personales de ‘grupos’ que buscan el control de
la Tierra/Territorio, para megaproyectos –negocios y ganancias; entre otras
razones, que son notables a la luz del conflicto en ese territorio indígena; lo
que pone en evidencia, la débil argumentación de la Fiscal [Adriana] Céspedes [del
Ministerio Público]”, argumentan las organizaciones.
La comunidad de Salitre resiste a la destrucción de
megaproyectos económicos. Foto: Reproducción. |
Protesta en respuesta a los medios
de comunicación
Durante la madrugada del último 9 de
noviembre, activistas realizaron una protesta pintando consignas en la fachada
del Diario Extra, en el centro de San José, capital costarricense, que habría
publicado declaraciones racistas contra los indígenas y sus movimientos por la
recuperación de los territorios. Las informaciones se referían principalmente a
Sergio Rojas. "Mediante estas acciones intentamos reflejar nuestro descontento
y repudio absoluto”, publicó un informe anónimo difundido por los movimientos
sociales.
"En primer lugar, ante la estrategia
racista del mal-gobierno de Luis Guillermo Solís [presidente de Costa Rica],
cómplice del despojo y violación de los derechos humanos de los pueblos
indígenas”, prosigue la nota. "En segundo lugar, hacia la criminalización de la
lucha de los pueblos indígenas por medio de la difamación y distorsión de la
información de los hechos reales que acontecen dentro de los territorios;
creando confusión ante la opinión pública nacional e internacional”, agrega.
"Desmentimos ante la opinión pública
las falsas acusaciones que se le han adjudicado al compañero Sergio Rojas
(...), creemos en la inocencia de este compañero indígena; por lo cual
comprendemos que está siendo parte de una estrategia política para fragmentar a
la organización indígena”. Esta acción no es aislada, es un mecanismo que no se
va a detener mientras este medio y otros; sigan brindando información falsa a
la población costarricense”, concluyen las entidades
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Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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