Dilma y el gran escándalo

Eric Nepomuceno

Por esos días, Brasil vivió escenas hasta ahora impensables. Por ejemplo: el director-presidente de la Camargo Corrêa, una de las mayores constructoras de América Latina, Dalton Avancini, se presentó a la policía federal en Sao Paulo. Junto a otros altos directivos de la empresa, fue conducido en un avión de la policía a Curitiba, capital del estado de Paraná, al que todos llegaron presos. A otro alto ejecutivo del sector, Sergio Mendes Filho, vicepresidente de la Mendes Junior, le pareció que estar preso y viajar en un avión de la policía federal sería demasiada humillación. Prefirió entregarse viajando en su jet particular.

Ya el presidente de la Queirpz Galvão, otra enorme constructora, optó por aguardar uno o dos días antes de entregarse. Para poder reunirse con sus abogados sin ser molestado, se alojó en el hotel Fasano, en Ipanema. La tarifa de mil dólares por día (con derecho a desayuno) no fue un problema. Difícil de entender es que saldría de uno de los hoteles más lujosos del país directamente a una celda colectiva, con cama de cemento y una colchoneta de ocho escasos centímetros de espesor.

No hay cómo negarlo: es el mayor escándalo destapado en la historia reciente de Brasil, un país donde la corrupción integra, desde hace siglos, el cotidiano de la gente. No se sabe a ciencia cierta cuántos miles de millones de dólares fueron desviados, pero no es disparatado mencionar por lo menos cuatro mil millones de dólares.

Cuando la Corte Suprema empiece a convocar a acusados y testigos, se conocerán los nombres de los beneficiados por el esquema. Ya se sabe que al menos 70 fueron denunciados, y que entre ellos hay senadores, diputados nacionales, ministros, gobernadores, ex ministros, ex gobernadores. Las confesiones muestran que todos los contratos firmados por Petrobras en los últimos diez años tenían un margen que oscilaba entre 2 y 3 por ciento para hacer caja de los partidos. Si se recuerda que a partir de 2004 las inversiones de la empresa se multiplicaron a velocidad astronómica, superando los 80 mil millones de dólares, se entenderá que estamos hablando de cantidades siderales.

Conviene advertir que Petrobras, como toda gran estatal, siempre ha sido objeto de negocios oscuros y, a veces, escandalosamente oscuros. Casi siempre las investigaciones se hicieron de manera tardía, y los escándalos terminaron disolviéndose en el tiempo. Ahora se investiga y los resultados son elocuentes.

El tema vuelve reforzado semanas después de que Dilma Rousseff lograra una difícil relección. Frente al escándalo, en algunos centros urbanos, especialmente en Sao Paulo, capital financiera y principal núcleo antipetista del país, se exige a gritos que se tramite el impeachment de la presidenta, o sea, su deposición. Algunas voces van al grano, bramando por un golpe militar.

Más allá del gobierno, es el propio esquema político vigente el que está bajo la lupa. En las recientes elecciones generales las diez empresas que hicieron las mayores donaciones eligieron 70 por ciento de la Cámara de Diputados. Las constructoras (incluso las que ahora podrán realizar juntas de directores no en sus sedes, sino en la cárcel) declararon haber donado unos 18 millones de dólares solamente a candidatos a diputado nacional. La bancada parlamentaria de las constructoras, o sea, los diputados que deben favores a esas empresas, supera la mitad del total de la cámara.

Mientras persistan las donaciones privadas, las elecciones en Brasil serán siempre una especie de ventanilla en la cual las empresas invierten hoy en nombres que podrán transformar en deudores mañana: diputados y senadores, gobernadores y presidentes.

Ese es solamente uno de los problemas que salta al ruedo en ese escándalo. Pero hay otros. Por ejemplo: de momento, se investiga a Petrobras, la mayor empresa latinoamericana que realiza las mayores inversiones de la región. Pero, ¿y cuándo se investigue lo que pasa en las demás estatales, en gobiernos estatales y municipales? Al fin y al cabo, como dijo uno de los abogados de los presos, “en este país no se pone un solo adoquín en una calle sin pagarle comisión a alguien”.

Ahora hay que ver hasta cuándo las investigaciones retrocederán en el tiempo, o si se limitarán a las presidencias del Partido de los Trabajadores.

El objetivo final de la oposición es llegar a Lula da Silva en primer lugar, y a Dilma como consecuencia. Para que la estrategia resulte, están dispuestos a cualquier cosa. La gran pregunta que hacen es la siguiente: ¿cómo sería posible que todo eso ocurriese sin que Lula ni Dilma se dieran cuenta?

Se olvidan, desde luego, de dos aspectos esenciales. Primero: la corrupción no empezó ahora. Lo que sí empieza es la determinación de investigar lo que pasa.

Segundo aspecto: si se avanza en el pasado, nadie escapará de escándalos igualmente sonoros.

De todas formas, nunca antes corruptores tuvieron el mismo destino –la cárcel– que los corruptos. Y aunque todo eso no dure más que una quimera, al menos se establece un antecedente.

Es muy fácil pecar de ingenuidad, pero existe la sensación –por fugaz que sea– de que algo importante podrá cambiar en este país.